Defensa y protección de los símbolos oficiales

Contexto

La iniciativa aborda la ausencia de una regulación administrativa específica que defienda y proteja los símbolos oficiales frente a incumplimientos o usos partidistas en las instituciones del Estado, según argumentan sus autores.

Te afecta si...

• Eres miembro del Gobierno, alto cargo o responsable de entidades públicas estatales, autonómicas o locales, ya que asumirías la obligación legal de velar por los símbolos oficiales y preservar la neutralidad institucional en tus dependencias.
• Eres empleado público en cualquier administración, puesto que las conductas u omisiones contrarias al respeto y neutralidad de los símbolos quedarían sujetas al régimen disciplinario de la función pública.
• Como ciudadano, la propuesta no te impone deberes directos sobre tus bienes o espacios privados, pero te faculta formalmente para presentar denuncias que inicien procedimientos sancionadores ante posibles infracciones en sedes oficiales.

Aspectos importantes de la propuesta

• Ámbito de protección institucional: tutela las banderas, escudos e himnos del Estado, comunidades autónomas y entidades locales, así como el estandarte y escudo de la Casa Real y la imagen del Rey, dentro de los edificios y locales de titularidad pública.
• Deber de neutralidad y prohibición de símbolos partidistas: califica como infracción muy grave que autoridades y altos cargos exhiban simbología partidista en inmuebles públicos o muestren símbolos oficiales fuera de su ámbito territorial, salvo actos de cortesía oficial.
• Sanciones para altos cargos: las faltas graves implican su publicación oficial y la pérdida de la indemnización por cese; las muy graves acarrean además la destitución del infractor y la inhabilitación para ocupar cargos públicos durante cuatro años.
• Régimen disciplinario para funcionarios: remite los incumplimientos del personal público al Estatuto Básico del Empleado Público, clasificándolos como faltas leves, graves o muy graves.
• Tramitación de denuncias e instrucción: prevé que los expedientes puedan incoarse de oficio o por denuncia ciudadana, correspondiendo su instrucción en la Administración General del Estado a la Oficina de Conflictos de Intereses.

Detalles a tener en cuenta

• Límite físico: las obligaciones y sanciones se circunscriben exclusivamente al espacio físico de los locales y edificios de titularidad pública.
• Excepción a cargos electos: la sanción de cese automático por infracciones muy graves excluye expresamente a quienes ocupen cargos públicos de naturaleza electa.
• Plazos de prescripción: se fijan en cuatro años para las infracciones y sanciones muy graves, dos años para las graves y un año para las leves.
• Financiación y vigencia: el texto faculta al Gobierno para dictar el posterior desarrollo reglamentario, prevé su entrada en vigor al día siguiente de su publicación en el boletín oficial y no especifica dotación presupuestaria.