Proposición de Ley de modificación de la Ley 1/2004, de Horarios Comerciales para garantizar el derecho al descanso dominical y al disfrute de la vida familiar.

¿Qué es?

La Proposición de Ley 122/000277, presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, busca modificar la Ley 1/2004, de Horarios Comerciales. Su objetivo principal es garantizar el derecho al descanso dominical y al disfrute de la vida familiar en España.

¿Por qué es importante?

Esta Proposición de Ley responde a una serie de preocupaciones sociales y laborales que han venido emergiendo en los últimos años, como la lógica del trabajo 24/7 y las jornadas abusivas. La sentencia del Tribunal Supremo (1643/2025) ha sentado un precedente importante para proteger el descanso dominical, considerándolo una modificación sustancial de condiciones de trabajo.

Además, la persistencia de los centros comerciales en España, en comparación con su declive en otros países europeos, refleja las desigualdades sociales estructurales del país. La Proposición de Ley busca reconducir estas dinámicas y avanzar hacia un modelo que priorice el descanso personal y familiar.

Puntos Clave

• Limitación de Aperturas en Domingos: Se establece un número máximo de domingos y festivos en los que los comercios podrán desarrollar su actividad, no superando los 8 días anuales. Para zonas de gran afluencia turística, este número puede incrementarse en un 50%.

• Modificación por Comunidades Autónomas: Las Comunidades Autónomas tendrán la capacidad de modificar el número de domingos y festivos en los que los comercios pueden operar para garantizar un mayor tiempo de descanso.

• Excepciones para Establecimientos Especiales: Se mantienen las excepciones para establecimientos dedicados principalmente a la venta de pastelería, pan, platos preparados, prensa, combustibles y carburantes, floristerías y plantas, tiendas de conveniencia, y otros establecimientos de reducida dimensión.

• Zonas de Gran Afluencia Turística: Se define el concepto de zonas de gran afluencia turística y se establecen criterios para su determinación. La Comunidad Autónoma competente deberá resolver la propuesta formulada por los Ayuntamientos interesados, con un plazo máximo de seis meses.

Esta Proposición de Ley busca equilibrar el desarrollo económico con la protección del derecho al descanso y a la vida familiar, adaptándose a las realidades sociales y laborales actuales.