Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

Contexto

La iniciativa aborda la situación legal de los propietarios que dan de baja o cortan los suministros en inmuebles ocupados sin su consentimiento. Sus autores justifican la reforma en la necesidad de fijar por ley en toda España el criterio judicial que exime de castigo penal esta conducta, para evitar que cortar servicios básicos siga considerándose coacción.

Te afecta si...

• Eres propietario o titular de un inmueble ocupado sin autorización, ya que podrías interrumpir los suministros básicos sin incurrir en responsabilidad penal por coacciones.
• Ocupas o habitas una vivienda sin título legal, dado que la interrupción del agua, electricidad u otros suministros por parte del titular no se consideraría delito.

Aspectos importantes de la propuesta

• Modifica el artículo 172.1 del Código Penal para introducir una exclusión explícita al delito de coacciones.
• Determina taxativamente que la interrupción de suministros en una finca ocupada ilegalmente no podrá considerarse en ningún caso delito de coacciones.
• Mantiene las penas generales del delito de coacciones (prisión de seis meses a tres años o multa de 12 a 24 meses), incluidas sus agravantes cuando se impida el legítimo disfrute de una vivienda o un derecho fundamental.

Detalles a tener en cuenta

• Estado parlamentario: Se trata de una proposición de ley orgánica remitida por el Senado que ha iniciado su trámite de enmiendas en el Congreso de los Diputados; no es una norma aprobada ni en vigor.
• Entrada en vigor prevista: El texto contempla que comience a aplicarse el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
• El documento no especifica protocolos de actuación para las empresas suministradoras ni previsiones específicas sobre ocupantes en situación de especial vulnerabilidad.