Garantizar el poder adquisitivo de las pensiones públicas

¿Qué es?

Esta propuesta de ley busca garantizar el poder adquisitivo de las pensiones públicas, específicamente para 2026. Se basa en la Ley 21/2021 y se apoya en normativas como el Pacto de Toledo y la normativa de Seguridad Social y Clases Pasivas.

¿Por qué es importante?

La importancia radica en mantener el poder adquisitivo de las pensiones, especialmente crucial durante periodos de alta inflación. La propuesta responde a la falta de Ley de Presupuestos Generales del Estado (LPGE) que afecta al mantenimiento del poder adquisitivo de 3 millones de empleados públicos y más de 10 millones de pensiones.

Puntos Clave

• Revalorización: Las pensiones serán revalorizadas a partir del 1 de enero de 2026, con un incremento porcentual igual al IPC medio interanual de los doce meses previos a diciembre de 2025.
• Aplicación: La revalorización se aplicará de oficio desde el 1 de enero de 2026 por las entidades gestoras, con abono de atrasos cuando proceda.
• Ejecución: El Gobierno dictará disposiciones técnicas y resoluciones necesarias para la determinación, cómputo y liquidación del artículo 1, siguiendo el detalle operativo contenido en la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado.
• Competencia: La ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1, 13 y 14 de la Constitución Española, que atribuye al Estado competencia sobre bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica y en materia de Hacienda general y deuda del Estado.
• Entrada en vigor: La ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».