Una correcta imposición de los beneficios caídos del cielo de la gran banca

Contexto

La iniciativa aborda el incremento de los beneficios de las grandes entidades financieras a raíz del aumento de los tipos de interés. Según sus proponentes, estas ganancias extraordinarias deben ser redistribuidas para atender necesidades sociales básicas como el acceso habitacional.

Te afecta si...

• Gestionas o representas a una entidad de crédito o establecimiento financiero cuyos ingresos por intereses y comisiones en 2019 alcanzaron al menos 800 millones de euros, ya que asumiría el nuevo pago.
• Eres cliente bancario, puesto que el texto prohíbe explícitamente a los bancos repercutir el coste de estos gravámenes sobre los usuarios.
• Te encuentras en situación de vulnerabilidad o en lista de espera para vivienda de protección oficial en zonas tensionadas, dado que la recaudación se destinaría a alquiler social.

Aspectos importantes de la propuesta

• Establece dos gravámenes temporales para los años 2027, 2028 y 2029 aplicables a las entidades financieras que alcancen el umbral de ingresos fijado.
• Fija un tipo del 10 % sobre el margen de intereses y comisiones derivado de la actividad en España durante el año anterior.
• Aplica un tipo del 75 % al margen de intereses y comisiones que exceda en más de un 5 % al obtenido en el primer semestre de 2022, con un suelo mínimo a pagar del 57 % del beneficio bruto.
• Asigna íntegramente los fondos recaudados a conceder créditos a los ayuntamientos para edificar vivienda pública en alquiler temporal y de emergencia en zonas de mercado tensionado.
• Prohíbe trasladar directa o indirectamente el gravamen a los clientes, tipificando su repercusión como infracción muy grave sancionable por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia con multas del 150 % de la cuantía repercutida.

Detalles a tener en cuenta

• Se articula jurídicamente como prestación patrimonial pública de carácter no tributario y sus importes no serían fiscalmente deducibles en el Impuesto sobre Sociedades.
• Exige un pago anticipado del 57 % del importe estimado durante los primeros 20 días naturales de febrero de cada ejercicio, liquidándose el resto en septiembre.
• El texto de la propuesta conserva referencias a evaluaciones gubernamentales previstas para 2023 y 2024 procedentes de normas previas.
• De aprobarse, entraría en vigor el primer día del ejercicio fiscal posterior a su publicación en el Boletín Oficial del Estado.