Proyecto de Ley de modificación parcial de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en materia de responsabilidad patrimonial del Estado legislador por daños derivados de la infracción del Derecho de la Unión Europea.

¿Qué es?

El presente Proyecto de Ley establece una modificación parcial a las leyes 39/2015 y 40/2015, con el objetivo de adaptarlas al nuevo régimen jurídico del sector público en materia de responsabilidad patrimonial del Estado legislador por daños derivados de la infracción del Derecho de la Unión Europea. Este proyecto busca clarificar las vías de resarcimiento para los particulares afectados, garantizando una mayor seguridad jurídica y efectividad.

¿Por qué es importante?

La implementación de este Proyecto de Ley tiene un impacto significativo en el ámbito del Derecho de la Unión Europea. La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2022 ha impuesto una revisión a nivel nacional para establecer un régimen de responsabilidad patrimonial que sea coherente con el resto del ordenamiento jurídico español y respetuoso con el principio de efectividad. Este proyecto pretende adaptar las leyes existentes para cumplir con estas exigencias, ofreciendo una mayor seguridad jurídica a los particulares afectados por infracciones del Derecho de la Unión Europea.

Puntos Clave

• Clarificación de Vías de Resarcimiento: Se establecen nuevas vías de resarcimiento para casos en que la infracción del Derecho de la Unión Europea genere daños a los particulares, garantizando una mayor seguridad jurídica.
• Responsabilidad Patrimonial por Infracción del Derecho de la UE: Se introduce un nuevo artículo específico (artículo 32 bis) para casos en que no exista una actuación administrativa impugnable contra la cual el perjudicado pueda reclamar.
• Prescripción de la Acción de Responsabilidad Patrimonial: Se establece un plazo de prescripción de un año para reclamar la responsabilidad patrimonial por infracción del Derecho de la Unión Europea, independientemente de la publicación de las sentencias judiciales.
• Garantía de la Reparación: Los interesados que hayan reclamado en plazo y obtenido una desestimación firme tendrán derecho a una indemnización por los daños efectivamente reclamados y no prescritos al tiempo de impugnar la actuación.