Regula los canales y plazos para que las policías y aduanas compartan datos en la UE.
Afecta a cuerpos policiales, aduaneros y a investigados en delitos transfronterizos.
Contexto
El Gobierno presenta este proyecto de ley para transponer la Directiva europea 2023/977 sobre cooperación policial y aduanera. Según la exposición de motivos, la delincuencia transnacional organizada y el terrorismo exigen agilizar el acceso y el flujo de información entre Estados miembros en un espacio sin controles fronterizos interiores.
Te afecta si...
- Formas parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de una policía autonómica con competencias penales o de Vigilancia Aduanera, ya que define el procedimiento y las plataformas para solicitar o entregar información policial y criminal a otros países de la Unión Europea.
- Te encuentras bajo investigación por una infracción penal con ramificaciones internacionales, puesto que las autoridades de otros países de la Unión Europea podrán consultar y recibir información disponible en bases de datos españolas bajo plazos tasados.
Aspectos importantes de la propuesta
- Punto de contacto único: la Secretaría de Estado de Seguridad centralizará la tramitación de peticiones y respuestas, coordinando a las unidades nacionales de Europol, Interpol, Sirene, policías y aduanas de forma ininterrumpida.
- Plazos estrictos de respuesta: se fijan topes obligatorios de ocho horas para solicitudes urgentes con información de acceso directo, tres días naturales para urgencias con datos indirectos y siete días naturales para las demás solicitudes.
- Canal de transmisión preferente: las comunicaciones y búsquedas se canalizarán prioritariamente a través de la aplicación segura SIENA de Europol y un sistema electrónico integrado de gestión de casos.
- Envío obligatorio de oficio: se establece la obligación de facilitar datos por iniciativa propia a otros Estados miembros cuando se trate de infracciones penales graves.
- Límite de uso en juicio: la información obtenida mediante este cauce no podrá utilizarse directamente como prueba en procesos judiciales sin la autorización expresa del país que la suministró.
Detalles a tener en cuenta
- Motivos de denegación: las peticiones se rechazarán si comprometen la seguridad nacional, investigaciones en marcha o la seguridad personal, así como en delitos penados en España con un año o menos de prisión, o si se deniega la autorización judicial correspondiente.
- Exigencia judicial: si la entrega de un dato requiere autorización de un juez con arreglo al derecho español, será preceptivo solicitarla con celeridad antes de facilitar la respuesta, suspendiendo el cómputo de los plazos ordinarios.
- Protección de datos: los intercambios estarán restringidos a categorías de datos indispensables fijadas por la normativa comunitaria y sometidos a la Ley Orgánica 7/2021.
- Impacto presupuestario y vigencia: el texto aclara que no supondrá un incremento de gasto público, deroga la Ley 31/2010 y prevé su entrada en vigor a los veinte días de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Este resumen es provisional y fue hecho con IA
