Enmienda núm. 20

El artículo 49 de la Constitución Española de 1978 proclama que las personas con discapacidad deberán ser objeto de protección especial para el ejercicio de sus derechos en condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas. La accesibilidad es una condición previa para que las personas con discapacidad, hombres y mujeres, puedan vivir de forma independiente y participar plenamente integrados en la sociedad en igualdad de condiciones. Las personas con movilidad reducida sufren serios problemas y dificultades en sus desplazamientos en vehículos para aparcar cerca de sus lugares de destino, en parte por la carencia de plazas de estacionamiento reservadas, pero sobre todo por el mal uso que se hace de ellas por otros usuarios, que las ocupan sin estar habilitados para ello incurriendo en comportamientos especialmente insolidarios y reprochables. Las Administraciones locales, a través de sus agentes de Policía Local, pueden denunciar estas infracciones que en la actualidad tienen la consideración de graves y están sancionadas con multa de 200 euros, que normalmente se reduce a 100 euros por pronto pago. La experiencia viene demostrando que esta sanción no resulta en absoluto disuasoria y son muchas las peticiones que, procedentes tanto de particulares como de asociaciones, solicitan la agravación de esta infracción concreta y, en particular, el aumento de la sanción en estos casos, lo cual se considera plenamente justificado. Es necesario para ello modificar la calificación que en la Ley de Seguridad Vial se hace de la infracción, que pasaría de ser grave a muy grave. La multa en ese caso sería de 500 euros, que podría reducirse a 250 euros por pronto pago, estimándose que sí sería disuasoria de estas conductas tan reprobables e insolidarias.