Enmienda núm. 2

La presente enmienda mantiene íntegramente el principio de igualdad de oportunidades y la prohibición de vincular las prácticas académicas externas curriculares a contraprestaciones económicas, preservando su carácter estrictamente formativo y evitando cualquier dinámica de mercantilización. No obstante, resulta necesario introducir determinados elementos de clarificación y desarrollo que permitan garantizar una aplicación proporcionada y coherente del precepto. En primer lugar, se incorpora una habilitación expresa al desarrollo reglamentario del principio establecido, asegurando el respeto al ámbito competencial de las comunidades autónomas y a su capacidad de desarrollo normativo. Ello resulta plenamente coherente con el modelo territorial del Estado de las Autonomías y con el hecho de que la gestión ordinaria de los convenios universidad-empresa se articula, en la práctica, dentro del marco competencial autonómico. En segundo término, la enmienda clarifica que la prohibición no alcanza a aportaciones o colaboraciones de carácter general destinadas a investigación, mecenazgo, cátedras institucionales u otras actuaciones académicas que no guarden relación directa ni indirecta con la asignación o el número de plazas de prácticas. Esta precisión evita interpretaciones expansivas que pudieran afectar a la financiación ordinaria de actividades universitarias legítimas y desvinculadas de la oferta de prácticas, reforzando la seguridad jurídica del sistema. Finalmente, se prevé expresamente la posibilidad de que las comunidades autónomas articulen mecanismos de coordinación o apoyo institucional dirigidos a las entidades colaboradoras cuando concurran circunstancias organizativas o sectoriales que así lo aconsejen. Con ello se pretende prevenir efectos no deseados sobre la disponibilidad efectiva de plazas en sectores que requieren una elevada carga organizativa o tutorización intensiva, garantizando al mismo tiempo que dichas medidas no desvirtúen la naturaleza académica de las prácticas. En conjunto, la enmienda refuerza la seguridad jurídica, respeta el principio de igualdad, preserva el reparto competencial constitucional y contribuye a asegurar la sostenibilidad y estabilidad del sistema de prácticas académicas externas.