EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Castilla-La Mancha se constituyó en Comunidad Autónoma ejerciendo el derecho a la autonomía que la Constitución Española reconoce y garantiza a las nacionalidades y regiones dentro de la indisoluble unidad de la nación española,
patria común e indivisible de todos los españoles y españolas, tal y como establece el artículo 2 de la Constitución Española, aprobada por el pueblo soberano mediante referéndum celebrado el 6 de diciembre de 1978.
Así, en el año 1982, Castilla-La Mancha accedió plenamente a su autogobierno tras la aprobación por las Cortes Generales de su Estatuto mediante la Ley Orgánica 9/1982, de 10 de agosto.
El 8 de mayo del año siguiente se celebraron las primeras elecciones a las Cortes de Castilla-La Mancha, iniciándose así un proceso que iría conformando la estructura política, jurídica y administrativa de la región.
Nuestra Comunidad Autónoma no necesitaba justificar su existencia en base a hechos históricos, lingüísticos y culturales diferenciados. Castilla-La Mancha siempre ha tenido a gala que la existencia política y social de nuestra región se
justifica plenamente por ser útil a la ciudadanía a través de la prestación de unos servicios cercanos y de calidad, la consecución de mejoras en nuestro desarrollo y el impulso económico y social de nuestras actuaciones como pueblo.
La Constitución Española que nos habíamos otorgado en 1978, y el proyecto común de futuro que la ciudadanía acordó en ese momento, determinaron nuestra configuración como Comunidad Autónoma, con entidad política propia y plena autonomía;
basada en la propia Constitución Española y en la idea de España que en ella se propone; en el pacto que atesora y en los principios y valores que inspiraron el momento político que fue promulgada. Desde entonces Castilla-La
Mancha contribuye con absoluta lealtad, solidaridad y sentido de la unidad al desarrollo autonómico de la nación española.
La conformación de Castilla-La Mancha fue el resultado de un acuerdo político del que hoy la población castellanomanchega se siente orgullosa, porque contribuyó a la completa estructuración autonómica del Estado en una España democrática y
avanzada, de bienestar y progreso, libre y plural.
Castilla-La Mancha es hoy un espacio de encuentro, diálogo, convivencia y respeto, que se sustenta sobre una rica historia, fuente de cultura y tradiciones seculares en un territorio vasto y diverso, afianzado sobre valores universales como
el respeto a los derechos humanos.
A lo largo de algo más de cuarenta años, el Estatuto de Autonomía ha cumplido con creces los objetivos de quienes trabajaron en su elaboración, y aprobación, desempeñando un papel crucial en el desarrollo económico, social y político de la
región, configurando una sociedad cohesionada, integradora, esforzada, con capacidad innovadora y emprendedora.
Hoy nuestra ciudadanía tiene unas instituciones de referencia que se ocupan del impulso de nuestra Comunidad Autónoma y dan respuesta a las cuestiones y problemas que se han ido suscitando con el trascurrir de los años.
Pero, sobre todo, la autonomía nos ha permitido dotarnos de derechos y libertades, y un marco de referencia para hacer posibles los notables avances en el progreso y la calidad de vida de la población castellanomanchega. Asimismo, ha
permitido que se produzcan cambios sustanciales en la región, y la toma de conciencia del hecho regional y, por tanto, el fortalecimiento de la identidad de esta tierra es percibido como compatible y complementario con el sentimiento de pertenencia
al conjunto de la nación española.
El autogobierno, desde la aprobación del Estatuto de Autonomía en 1982, ha posibilitado que nuestra región haya avanzado, a través de diversas reformas y el reconocimiento de nuevas competencias, acercando los servicios públicos y la
Administración a la ciudadanía, y dotando a Castilla-La Mancha de una mayor capacidad de gestión en ámbitos como la educación, la sanidad y los servicios sociales, lo que ha permitido mejorar el nivel de vida y el bienestar de su ciudadanía.
Hoy Castilla-La Mancha gestiona las competencias claves del Estado del Bienestar y pretende hacerlo cada vez con más eficacia y eficiencia, más cercanía y mayor trasparencia, incorporando a la gestión cuantas demandas y cambios nos requiere
la sociedad en cada momento.
Consecuencia de todo ello, nuestra región ha experimentado una gran transformación tanto en los servicios prestados, en la forma y en los medios para hacerlos posibles, permitiendo que la ciudadanía castellanomanchega haya accedido a
derechos y libertades en igualdad de condiciones con el resto del país. Objetivo este absolutamente irrenunciable por ser la principal argamasa de unión de los derechos de todos los españoles, tal y como recoge el artículo 14 de la Constitución
Española de 1978.
No obstante, el paso del tiempo, las transformaciones producidas en todos los ámbitos y la consecuente evolución de la sociedad han generado cambios muy significativos que hacen necesaria y obligada, una revisión de su contenido y
disposiciones, adecuándolas a una sociedad cada vez más igualitaria, más moderna, más dinámica, más abierta, más cambiante.
Por ello, tras más de cuarenta años de vigencia del actual Estatuto, se considera oportuno dotarnos de un nuevo Estatuto de Autonomía que responda a las demandas y realidades sociales actuales y futuras, que la región ha venido
experimentando, y lógicamente, experimentará durante las próximas décadas.
Este nuevo texto se fundamenta en el compromiso de continuar ahondando en la plena autonomía y el autogobierno de Castilla-La Mancha, mediante el blindaje de los derechos sociales de la ciudadanía, la garantía de la igualdad de las
personas y los territorios, la solidaridad, la cohesión territorial y la atención a las necesidades específicas de los distintos sectores poblacionales, especialmente de aquellos más vulnerables, adaptándolos a los desafíos y
aspiraciones contemporáneos. Asimismo, se busca reforzar la cooperación interinstitucional, fomentar la sostenibilidad medioambiental y el equilibrio territorial, en tanto que elementos esenciales para el progreso equitativo y sostenible de nuestra
región.
En este sentido, el nuevo Estatuto también es fruto y reflejo de la evolución de la sociedad en su conjunto, recogiendo la relevancia del diálogo social entendido como un componente esencial de nuestro modelo democrático, así como para el
crecimiento y desarrollo socioeconómico de la región, que permite la participación activa de la sociedad civil en su conjunto y de los agentes sociales, compuestos por las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, en la
formulación de políticas sociales y laborales de nuestra región.
Además, responde a la voluntad común de adaptar nuestra norma fundamental de autogobierno a la realidad actual, fortaleciendo los cimientos de nuestra autonomía, asegurando la construcción de un futuro cada vez más justo, igualitario y
próspero, acorde con el sentir y las aspiraciones de los ciudadanos y ciudadanas que conforman Castilla-La Mancha.
Para ello, el nuevo Estatuto surge del acuerdo y el consenso mayoritario de los diputados y diputadas de las Cortes de Castilla-La Mancha, recogiendo una completa y moderna regulación de nuestras instituciones, de los derechos y deberes de
ciudadanía, en cuanto que integrantes de esta Comunidad Autónoma.
El Estatuto contiene 94 artículos, seis nuevas disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y una disposición final. El título Preliminar y Primero refuerza los derechos y libertades de la
ciudadanía castellanomanchega, e incluye una referencia a la ciudadanía de la Unión Europea, así como a las personas extranjeras no comunitarias residentes en Castilla-La Mancha.
Se blinda la protección de los derechos de la infancia y la adolescencia, las personas mayores, personas con discapacidad y personas en situación de vulnerabilidad y/o exclusión económica y social. Se garantiza, afianza y fortalece la
igualdad efectiva entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida social, económica y política de la Comunicad Autónoma.
Garantiza el pleno desarrollo y la equidad de las zonas rurales, la cohesión territorial y la efectiva adopción de medidas para continuar la lucha contra la despoblación que sufren algunas zonas y municipios de Castilla-La Mancha.
Se asegura asimismo el derecho a un desarrollo integral de todos los territorios de nuestra región, a la plena protección de nuestras arraigadas tradiciones, el patrimonio histórico y cultural, los nuestros propios recursos y el medio
ambiente, incluyendo medidas activas de lucha contra el cambio climático y las externalidades negativas.
El título II profundiza en la adopción de medidas que mejoran la capacidad de autogobierno de Castilla-La Mancha, la representatividad de las Cortes regionales, así como la agilidad en la toma de decisiones, adoptando figuras tales el
Decreto-Ley, que permitirá que el Consejo de Gobierno pueda dictar este tipo de disposiciones en caso de urgente y extraordinaria necesidad, en consonancia con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Española.
Blinda las instituciones básicas del sistema democrático y de libertades de la región, como son el Consejo Consultivo, la Cámara de Cuentas, el Consejo de Diálogo Social, el Defensor del Pueblo o el Consejo Regional de Transparencia y Buen
Gobierno.
Por su parte, el título III regula la Administración de Justicia en Castilla-La Mancha, de acuerdo con lo establecido en la Constitución Española y en el resto del ordenamiento jurídico, manteniendo y propugnando, en consecuencia, el más
absoluto respeto por el principio de separación de poderes.
El título IV introduce numerosas novedades como, por ejemplo, la posibilidad legal de reconocer áreas metropolitanas y entidades locales autónomas, y ahonda en las fórmulas de colaboración y cooperación con las entidades locales.
En el título V destacan el reforzamiento de las relaciones institucionales y de cooperación con el Estado y las Comunidades Autónomas, así como la articulación de sendos procedimientos de relaciones con las Instituciones europeas para
participar en el proceso de consolidación del proyecto europeo, así como para poder nombrar a representantes territoriales en las instituciones y ejercer el principio de subsidiariedad en nuestras Cortes regionales.
En relación a las competencias constitucionales, reguladas en el título VI, se desarrolla con profundidad la extensión de las mismas, tanto de aquellas que son exclusivas como de las competencias de desarrollo legislativo y de ejecución y de
las que son únicamente ejecutivas.
Se incluyen así competencias que en su día no formaron parte del bloque competencial de la Comunidad Autónoma, pero que, con el paso de los años, han sido traspasadas o delegadas a la región, y otras que han pasado a ser asumidas, dentro de
aquellas propias de las Comunidades Autónomas, de acuerdo con el reparto constitucional de competencias.
Se profundiza en el alcance del desarrollo y ejercicio de las competencias que resultan más esenciales para la ciudadanía, como la sanidad, la educación y los servicios sociales.
Y se regula un completo decálogo de competencias y deberes de la Comunidad Autónoma en relación a la protección de sus recursos naturales, especialmente el derecho al agua y el cuidado de los caudales ecológicos o la protección o el fomento
de actuaciones de evaluación y gestión pública de las externalidades ambientales.
También se establecen actuaciones y medidas efectivas para la lucha contra la despoblación y la cohesión territorial y se regulan nuevas competencias que tendrán un papel esencial en la vida de la ciudadanía en los próximos años como la
inteligencia artificial o las medidas de acción contra el cambio climático.
El título VII, viene a blindar los derechos de la ciudadanía de nuestra tierra a la hora de garantizar una adecuada financiación y acceso a los recursos en igualdad de condiciones con el resto de los territorios y Regiones de España. Para
ello, el principio de multilateralidad debe regir la forma de procurarnos un sistema de financiación autónomo y suficiente, siempre con la idea de conseguir una España más igual, en la que sus territorios alcancen las más altas cotas de cooperación,
solidaridad, transparencia y lealtad institucional.
De igual manera se tiene en cuenta la garantía de la efectiva valoración de factores como la superficie territorial, la dispersión demográfica, la baja densidad y el envejecimiento propios de nuestra Comunidad Autónoma, a la hora de realizar
el reparto de fondos, de tal manera que se garantice plenamente el coste efectivo de los servicios públicos en la región.
El título VIII regula el procedimiento para la reforma del Estatuto. En este sentido, la propuesta de la misma habrá de presentarse por una tercera parte de los miembros de las Cortes, además de por el Consejo de Gobierno de Castilla-La
Mancha, añadiéndose la garantía de que la aprobación requiera del voto favorable de tres quintos de los miembros de las Cortes, estableciéndose asimismo un detallado procedimiento de tramitación, así como, en su caso, de retirada de la propuesta.
Por todo ello, se considera que el presente texto, fruto de la experiencia de más de cuarenta años de Comunidad Autónoma, del acuerdo y consenso de la mayoría de los representantes de la ciudadanía castellano-manchega, es la plasmación de la
actual realidad de nuestra región, que garantiza un marco de derechos y libertades que permite a la población la plena igualdad y equidad entre sí y con el resto de España y la continuación en la senda del progreso y el
crecimiento que iniciamos hace más de cuatro décadas, así como la firme creencia de que el Estado de las Autonomías, nacido de la Constitución Española de 1978 supone el marco adecuado de convivencia entre los españoles y
españolas.
La presente reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha no obedece a las necesidades reales de los castellanomanchegos, sino que se trata de un debate exclusivo del Partido Popular (PP) y del Partido Socialista Obrero Español
(PSOE), ya que se han puesto de acuerdo y han pactado la reforma de esta norma a espaldas de los españoles y del resto de los grupos parlamentarios.
Sin embargo, que los partidos del bipartidismo actúen de esta manera no es una novedad, pues hemos visto el mismo modus operandi en el reparto de los jueces en el Tribunal Constitucional o en el Consejo General del Poder Judicial, así como
con el reparto de inmigrantes ilegales por toda la península y la votación en el Congreso de los Diputados en que decidieron regularizar a medio millón de inmigrantes ilegales, alentando el efecto llamada.
Ambos partidos, PP y PSOE, no se ponen de acuerdo para defender a nuestros agricultores y ganaderos, ni para frenar la invasión migratoria, ni para aliviar fiscalmente a las familias españolas y, en cambio, sí llegan a acuerdos para blindar
el estado de bienestar de los políticos y la industria política que solo beneficia a las élites autonómicas.
A los castellanomanchegos les preocupa las infinitas listas de espera en atención primaria, atención hospitalaria y atención a la dependencia que sufren cada día; los problemas de competencia desleal que sufren nuestros agricultores; los
graves casos de inseguridad que afectan a barrios y pueblos de toda la región y el fenómeno de la okupación o la inmigración ilegal; el cierre de comercios y negocios y su sustitución por grandes compañías y multinacionales; o la falta de
infraestructuras básicas y el completo abandono de las zonas rurales por los distintos gobiernos regionales.
Tampoco es una prioridad para los castellanomanchegos aumentar el gasto político mediante la creación de más instituciones como el Defensor del Pueblo de Castilla-La Mancha, y que se une al Consejo Consultivo, la Cámara de Cuentas, el
Consejo de Diálogo Social o el Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno, así como la pretendida Agencia Tributaria de Castilla-La Mancha; máxime cuando el gobierno regional se asegura la facultad de nombrar a sus miembros, vulnerando la
supuesta independencia de estas instituciones.
Del mismo modo, tampoco mejora la vida de los castellanomanchegos la propuesta del PP y del PSOE de aumentar la horquilla del número de diputados de 35 a 59 escaños. Mientras los españoles sufren el aumento rampante de los precios, que ha
afectado a productos y suministros básicos, no puede destinarse el dinero de los españoles a aumentar el ya elevado gasto político superfluo que propaga el Estado de las autonomías, sobre todo teniendo en cuenta que la deuda per cápita de
Castilla-La Mancha es de las más altas de España.
Al contrario, el dinero público debe destinarse a mejorar las condiciones materiales de vida de los españoles. Por ello, en vez de aumentar el número de diputados regionales o crear nuevas duplicidades autonómicas se debe destinar el dinero
de los españoles a incrementar el gasto público en Sanidad, Educación, Dependencia o Infraestructuras, ya que son las verdaderas necesidades de los castellanomanchegos.
