Enmienda núm. 6

Propuesta registrada por

Grupo Parlamentario Junts per Catalunya

DISPOSICIONES ADICIONALES NUEVAS

Texto que se propone

Redacción normativa presentada para su debate

Disposición adicional nueva. Modificación del Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. Se modifica el artículo 4 del Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, que queda redactado de la siguiente forma: «Artículo 4. Garantías de independencia. 1. Sin perjuicio de las incompatibilidades establecidas para el ejercicio de actividades públicas, el ejercicio clínico de la medicina, de la odontología, de la veterinaria, así como de otras profesiones sanitarias con facultad para prescribir o indicar la dispensación de los medicamentos, será incompatible con cualquier clase de intereses económicos directos derivados de la fabricación, elaboración, distribución, intermediación y comercialización de los medicamentos y productos sanitarios, con excepción de la veterinaria en la que se autoriza la compatibilidad de ejercicio clínico con la venta por menor para animales no productores de alimentos que disponen de historial clínico en el mismo centro veterinario o bien presente un cuadro clínico que requiere un tratamiento urgente. Se exceptúa de lo anterior lo establecido en la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, respecto a la participación del personal de los centros de investigación dependientes de las Administraciones Públicas en las entidades creadas o participadas por aquellos, con el objeto previsto en la misma» 2. Asimismo, el ejercicio profesional del farmacéutico en oficina de farmacia, en establecimiento comercial detallista, en entidades o agrupaciones ganaderas o en un servicio de farmacia hospitalaria y demás estructuras asistenciales será incompatible con cualquier clase de intereses económicos directos de los laboratorios farmacéuticos, entidades de intermediación y/o entidades de distribución. 3. El ejercicio clínico de la medicina, odontología,y otras profesiones sanitarias con facultad para prescribir o indicar la dispensación de los medicamentos, serán incompatibles con el desempeño de actividad profesional o con la titularidad de oficina de farmacia, con excepción del ejercicio clínico de la veterinaria que será compatible con la actividad profesional o titularidad de farmacia veterinaria. (…)»

Justificación y Motivación

Fundamentos políticos y jurídicos alegados por el proponente

Argumento n.º 1: El Reglamento Europeo 2019/6 permite la venta por menor al veterinario en el ejercicio de su profesión y aboga por armonización dentro del mercado único. El Reglamento Europeo considera legítimo que los veterinarios vendan al por menor medicamentos veterinarios. De hecho, es la práctica habitual en 24 de los 27 países miembros, siendo la excepción el estado español, Italia y Suecia. El marco legislativo europeo aboga por un tratamiento diferenciado entre el medicamento del uso humano y el medicamento veterinario, permitiendo la restricción solo y debidamente justificada en base a la necesidad por el interés general y proporcional al riesgo a evitar por cuestiones de salud pública «y que no se puedan sustituir por otras medidas menos restrictivas que permitan obtener el mismo resultado» (Directiva europea 2006/123). La «incompatibilidad por intereses económicos» no es un criterio recogido en el derecho europeo para restringir el mercado único y, además, en el caso del medicamento veterinario no contempla excepción alguna, sino que solo se pueden imponer restricciones para proteger la salud pública, argumento que no es se sostiene para restringir la venta del medicamento a los veterinarios ya que el TJUE considera al veterinario el más idóneo, por delante el farmacéutico. La normativa estatal, a través de la RDL 1/2015 trata por igual la venta del medicamento de uso humano y del medicamento veterinario (a pesar de que los servicios veterinarios no sean considerados sanitarios) y no justifica suficientemente, por cuestiones de salud pública, la restricción al veterinario. Es más, existe jurisprudencia europea que defiende todo lo contrario. El Reglamento Europeo 2019/6 no establece ningún tipo de restricción, en el derecho a la venta de medicamentos, para los veterinarios, sino todo lo contrario, porque en el considerando (47) se habla del «legítimo derecho del veterinario para la venta por menor del medicamento veterinario». Por ello, la legislación estatal, en base a esa obligatoriedad de adaptación al Reglamento europeo, no debería anularlo. Además, en los principios básicos del mismo reglamento europeo se afirma, en el preámbulo (5), que «El presente Reglamento tiene por objeto reducir la carga administrativa, consolidar el mercado interior y mejorar la disponibilidad de medicamentos veterinarios, garantizando, al mismo tiempo, el más alto nivel de protección de la salud pública, la sanidad animal y el medio ambiente.»; y, en el preámbulo (73), recoge además que: «Conviene armonizar las condiciones que rigen el suministro de medicamentos veterinarios en la Unión (…).» En base a este análisis entendemos que prohibir al profesional veterinario en ejercicio clínico el suministro del medicamento veterinario, siendo el profesional que mejor conoce este medicamento, es una medida que va en contra de la armonización europea del mercado, restringe la disponibilidad del medicamento al consumidor y pone en riesgo la salud y el bienestar animal. Además, la Sentencia Supranacional N.º C-297/16 de 1 de marzo de 2018 del Tribunal de Justicia Europeo (Sala Tercera) asienta jurisprudencia y afirma que: «63. En consecuencia, la exclusividad en el comercio y en la utilización de determinadas sustancias veterinarias atribuida a los veterinarios, por el hecho de disponer de los conocimientos y de las cualificaciones profesionales para administrar ellos mismos tales sustancias debidamente y en las cantidades adecuadas, o para informar correctamente de ello a otras personas interesadas, constituye una medida idónea para garantizar la realización del objetivo de protección de la salud pública» y «69. Sin embargo, aunque esos otros profesionales [los farmacéuticos] pueden disponer efectivamente de profundos conocimientos sobre las propiedades de los distintos componentes de los medicamentos veterinarios, nada indica que cuenten con formación específica adaptada a la salud animal.» Por lo tanto, prohibir la dispensación y venta del medicamento al profesional veterinario en el ejercicio clínico es contrario al derecho europeo porque difícilmente se puede justificar en base a la necesidad por el interés general y proporcional al riesgo a evitar. La mayor garantía para el consumidor, para la salud animal y para la salud pública es que al usuario lo atienda el profesional con mayor cualificación profesional para ello. Además, al derivar al usuario al canal farmacia hay cuatro o cinco intermediarios, complicando al consumidor el acceso al medicamento y encareciendo el precio final: distribuidor mayorista zoosanitario, distribuidor mayorista farmacéutico, prescripción veterinaria, oficina de farmacia y, muchas veces, vuelta al centro veterinario para ser informado sobre su aplicación y uso. Dado que el la titulación oficial que habilita para el ejercicio de la profesión de farmacéutico no contempla adquirir competencias en salud animal sino que se enfoca exclusivamente a la salud humana, este profesional, cuando dispense un medicamento de uso veterinario no puede proporcionar al consumidor la información profesional sobre su uso adecuado y racional, formas de administración, información relativa a su indicación, posología, interacciones, contraindicaciones, efectos adversos, conservación o cualquier otra información necesaria para garantizar su uso en condiciones de seguridad y eficacia para todas las especies y razas de animales. Constatamos a diario que el consumidor siempre acude primero al veterinario para conseguir medicamentos y le extraña que un centro veterinario no se le pueda suministrar entrando en una carrera complicada: la emisión de la prescripción por parte del facultativo veterinario, la imposibilidad de encontrarlo en el stock habitual en las oficinas de farmacia, cambio de las prescripción por el farmacéutico (sin conocimiento en salud animal), en la mayoría de las ocasiones de los casos a medicamento de uso humano (que conoce infinitamente mejor, siéndole mucho más cómodo recurrir a ello), con muchos errores o inadaptación correcta de la dosis, forma de administración o excipientes tóxicos para la especie y, al final, con un impacto negativo en la salud animal, con retraso en el comienzo del tratamiento con retorno al prescriptor para adaptar la prescripción al stock existente en dicha oficina de farmacia y no correspondiente al stock existente en el mercado (con medicamentos que en la mayoría de las ocasiones no corresponde con lo que el veterinario debe administrar). Todo lo descrito comporta un peor servicio al consumidor, un impacto negativo en la salud animal y en la salud pública, generando residuos innecesarios en el medio ambiente y stocks desmesurados en los botiquines caseros.

Firmante registrado: Grupo Parlamentario Junts per Catalunya