Enmienda núm. 7

Es imprescindible establecer esta medida para garantizar que las víctimas que son sometidas a esta violencia por personas de con las que conviven (sus familiares o personal al cargo de instituciones en las que estén internados) puedan huir de estos entornos de violencia y despreocuparse sobre qué les va a pasar —en términos de dónde van a vivir— si denuncian los hechos y a las personas con las que conviven. Esta reforma permite dotar a las víctimas de acceso a recursos habitacionales para minimizar los condicionantes socioeconómicos que les puedan suponer una barrera a la hora de denunciar los hechos. Máxime a la vista de que diversos estudios, como el titulado «Conversion Therapy and LGBT Youth» y publicado por el Williams Institute, indica que más de la mitad de las víctimas de «terapias de conversión» las sufren durante su minoría de edad. Paralelamente, el estudio «The Global State of Conversion Therapy. A Preliminary Report and Current Evidence Brief», de la LGBT Foundation, señala que sólo tres de cada cuatro víctimas son coaccionadas por su entorno cercano para que se somentan a terapias de conversión, concretamente, en un 22 % por presión familiar, un 11 %, de su comunidad/líderes religiosos y en un 17,5 % por insistencia de profesionales de la salud, autoridades educativas o de sus propios empleadores. Este contexto victimológico determina que la víctima no tenga posibilidad ni incentivos para denunciar ante las autoridades si no se le ofrece una alternativa habitacional para huir del entorno de violencia a la que la someten sus convivientes.