Enmienda núm. 32

La exposición de motivos del proyecto de ley hace referencia a la Sentencia del TC 87/2019 sobre la Llei 16/2017 de l'1 d'agost de Canvi Climatic, donde explica que: 'En la redacción del anteproyecto de ley se ha tenido en cuenta la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en relación con las competencias del Estado y de las comunidades autónomas en materia de cambio climático, y en particular la Sentencia 87/2019, de 20 de junio de 2019.' Sin embargo, esta afirmación es bastante inconcreta y confusa con lo que da pie a malas interpretaciones. En la memoria que acompaña al proyecto de ley se aclara más el sentido de la sentencia: 'Es inconstitucional que la Ley catalana prevea que el Fondo Climático pueda financiarse con los ingresos de subasta. El uso de los ingresos de subasta es competencia estatal. Se reconoce la capacidad de decisión del Estado sobre el empleo de sus propios recursos.' En base a esta sentencia, el Estado tiene la capacidad para decidir sobre el uso de los ingresos procedentes del régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea. Ello no impide, en absoluto, que una parte de estos ingresos se destinen a las comunidades Autónomas si el Gobierno central así lo decide. Que las Comunidades Autónomas deban de disponer de parte de estos ingresos se justifica si se analiza la distribución competencial en materia del régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea de gases de efecto invernadero. Las Comunidades Autónomas tienen las competencias sobre la autorización, el seguimiento y la notificación de emisiones de las instalaciones. En cambio el Ministerio solo tiene competencias sobre el otorgamiento de la asignación gratuita de derechos de emisión de GEH y su ajuste anual. Este reparto de competencias implica la importancia de los gastos que deberán llevan a cabo las Comunidades Autónomas en la lucha para la reducción de emisiones, el cual debe equilibrarse con la correspondiente participación de las Comunidades Autónomas en los ingresos derivados del régimen de comercio de derechos de emisión. Más concretamente, la necesidad de llevar a cabo este reparto de los ingresos de las subastas se refuerza si se tienen en cuenta las competencias de las Comunidades Autónomas en los sectores de emisiones difusas: transporte, agricultura y ganadería, residuos y vivienda. El sector del transporte representa el 29 % de las emisiones totales de gases de efecto invernadero, el de la agricultura y ganadería un 12 % y el de residuos y el de la vivienda un 5 % cada uno. El reparto en función del PIB se justifica en coherencia al hecho de establecer unos valores de referencia de reducción de emisiones de GEI por Comunidades Autónomas, tomando como referencia también el PIB/cápita (más PIB más ambición en la reducción y más recursos).