Enmienda núm. 2

Propuesta registrada por

Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR

Disposiciones adicionales nuevas

Texto que se propone

Redacción normativa presentada para su debate

Disposición adicional (nueva). Medidas para la garantía de estabilidad del seguro para vehículos destinados a la prestación del servicio de interés público de transporte de viajeros en taxi. Con el fin de asegurar la continuidad de la prestación del servicio de interés público de transporte de viajeros en taxi con arreglo a niveles adecuados de calidad y de seguridad a usuarios y ciudadanos, la contratación de seguros para vehículos destinados a la prestación de dicho servicio queda sujeta a las siguientes condiciones: 1. En el caso de renovación de pólizas de seguro, cualquiera que fuese su modalidad, para vehículos que presten el servicio de interés público de transporte de viajeros en taxi, el incremento anual quedará limitado, siempre que el asegurado no haya presentado más de tres partes culpables consecuencia de su actividad circulatoria en los dos últimos ejercicios, a los siguientes topes máximos: a. El incremento derivado, en su caso, del Índice de Precios al Consumo (IPC) anual, medido a 1 de enero del año en curso en relación con la misma fecha del año anterior. b. Excepcionalmente, hasta un 1,5 % adicional cuando, de acuerdo con los datos de la aseguradora, se haya producido un incremento de la siniestralidad culpable en el ámbito concreto de los vehículos que prestan el servicio de interés público de transporte de viajeros en taxi, superior en un 5 % al registrado durante el ejercicio anterior. Las compañías aseguradoras estarán obligadas a renovar la póliza a los asegurados en la situación del párrafo anterior, dentro de los topes máximos descritos en el mismo, sin posibilidad de desistimiento y manteniendo el resto de condiciones aplicables, como por ejemplo el límite de la franquicia. 2. En el caso de suscripción de nueva póliza de seguro a todo riesgo para la prestación del servicio de interés público de transporte de viajeros en taxi por adquisición de licencia o sustitución del vehículo, y siempre que el asegurado no haya presentado más de tres partes culpables consecuencia de su actividad circulatoria en los dos últimos ejercicios, el precio anual no podrá superar el 6 % del valor venal del vehículo. 3. El asegurado que habiendo solicitado al menos dos ofertas para asegurar un vehículo destinado a prestar el servicio de interés público de transporte de viajeros en taxi no hubiese recibido respuesta expresa en un plazo de 15 días, podrá acudir al Consorcio de Compensación de Seguros sin necesidad de contar con ninguna negativa expresa a ser asegurado de parte de la aseguradora. En tales supuestos, el Consorcio de Compensación de Seguros ofrecerá una prima calculada con arreglo a criterios técnicos y actuariales, siempre bajo los parámetros máximos mencionados en los apartados 1 y 2, sin poder tener en cuenta otros elementos relacionados con la evolución de la siniestralidad que los circunscritos al ámbito concreto de los vehículos que prestan el servicio de interés público de transporte de viajeros en taxi. 4. Las aseguradoras respetarán los parámetros máximos establecidos en los apartados 1 y 2 incluso en el caso de ofrecer productos de seguro adicionales vinculados a la contratación del seguro de vehículos destinados a la prestación del servicio de interés público de transporte de viajeros en taxi, sin que puedan, en ningún caso, supeditar la contratación de éste a la contratación obligatoria de otros seguros. 5. Sin perjuicio de lo establecido en los apartados anteriores, se garantiza a los asegurados titulares de pólizas de seguros de vehículos destinados a la prestación del servicio de interés público de transporte de viajeros en taxi su derecho a recibir, con transparencia suficiente en su desglose, los elementos que, en su caso, inciden en el incremento anual de su prima. Tal información debe hacerse disponible, por parte de la aseguradora, a solicitud del asegurado, e incluirá la situación 'Bonus-Malus' de aquél. 6. Las aseguradoras deberán remitir a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, con carácter anual, información relativa a la evolución de la siniestralidad culpable en el ámbito concreto del servicio de interés público de transporte de viajeros en taxi, a los efectos de poder verificar lo establecido en el apartado 1 subapartado b) de este artículo. 7. El incumplimiento de lo establecido en los apartados 1 a 6 de este precepto tiene la consideración de infracción grave, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 192.3.a) del Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales; salvo que, con arreglo a lo establecido en el apartado 2 del mismo artículo, la misma debiera ser considerada como muy grave.

Justificación y Motivación

Fundamentos políticos y jurídicos alegados por el proponente

En los últimos años, la prestación del servicio de transporte de viajeros en taxi, reconocido expresamente como servicio de interés público en el artículo 151 del Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, por el que se adoptan y prorrogan determinadas medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania, de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad; de transposición de Directivas de la Unión Europea en materia de modificaciones estructurales de sociedades mercantiles y conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores; y de ejecución y cumplimiento del Derecho de la Unión Europea, viene experimentando serias dificultades relacionadas con la contratación de sus pólizas de seguros, especialmente debido a un notable aumento en los precios. La razón de ser del servicio de interés público de transporte de viajeros en taxi, protagonista fundamental en el presente y futuro de la movilidad urbana, es garantizar el derecho de los ciudadanos a acceder a un transporte seguro, accesible y de calidad, a precios regulados y estables. Sin embargo, la situación descrita está tensionando la viabilidad de la actividad para los profesionales del sector, con las consiguientes repercusiones negativas en el servicio que se presta a la ciudadanía y en el nivel de cobertura de las propias pólizas contratadas, haciendo cada vez más difícil cumplir con las distintas obligaciones regulatorias que se establecen para la flota de taxis en relación con la calidad, descarbonización y adaptación a personas discapacitadas. La situación es particularmente acuciante en el actual contexto general de alza de precios del segmento de seguros de vehículos de motor (de acuerdo con los datos más recientes del INE, del 10 % anual). Ello de por sí afecta en mayor medida al taxista profesional que al usuario privado, dado el mayor montante económico de su seguro y las obligaciones de calidad y seguridad del vehículo a que se ve sujeto como prestador de un servicio de interés público. Dicha afectación a los prestadores de este servicio de interés público, siendo ya considerable, se ve acrecentada por la contabilización del índice de siniestralidad del sector del taxi, inserta dentro del cálculo general de los conductores profesionales de transporte urbano. En dicho cómputo se incluyen sectores con una siniestralidad más alta, que han venido a alterar la evolución de este dato en los últimos años; por ejemplo la irrupción de la prestación de servicios de transporte urbano mediante vehículos VTC. Así, poniendo como ejemplo la Comunidad de Madrid, en 2022 se registraron 958 accidentes de tráfico de VTC, mientras que el taxi contabilizó 766. A septiembre de 2023, los accidentes de VTC en la ciudad de Madrid para ese ejercicio, ascendían a 851, mientras que los del taxi fueron 644. En Madrid, operan 15.777 taxis y 8.300 VTC, aunque estos últimos no solo trabajan en la ciudad, sino en toda la Comunidad de Madrid. Considerando los accidentes de 2023, la tasa de siniestralidad de las VTC es 2,5 veces superior a la del taxi (0,10 frente a 0,04). Como consecuencia de todo ello, los prestadores del servicio de interés público de taxi se vienen enfrentando, de acuerdo con datos de la Asociación Nacional del Taxi, a subidas de póliza en la mayoría de los casos del 30 %, alcanzando en muchas ocasiones el 70 %, y a pólizas por nuevos vehículos en ocasiones superiores al importe anualizado de la inversión en su activo y herramienta fundamental, el vehículo. A lo anterior se suma frecuentemente la vinculación de la renovación o contratación de la póliza por esta actividad a la contratación de productos de seguro adicionales y la falta de información sobre el impacto de la siniestralidad del asegurado en la fijación de la póliza. Debe tenerse en cuenta que se trata de prestadores de un servicio de interés público, cuyo precio está fijado administrativamente, que resultan ser trabajadores autónomos, titulares de licencia, dueños de sus vehículos, en su inmensa mayoría únicos conductores de sus vehículos, sin asalariados, que se ven conminados a aceptar una renovación a un precio desorbitadamente elevado, con la imposibilidad adicional de facto de acudir a otras aseguradoras o, incluso, al propio Consorcio de Compensación de Seguros, cuya activación requiere varias negativas formales a contratar por parte de la aseguradora. Y todo ello, sin presentar este colectivo, como resulta acreditable, un historial culpable significativo, en ocasiones incluso inexistente, en materia de partes a su aseguradora. A la vista de todo lo anterior, resulta necesaria una intervención pública que, de manera proporcionada y eficaz, asegure una estabilidad en los precios de las pólizas relacionadas con este servicio de interés público. En primer lugar, en situaciones de renovación, de manera que resulte acorde con la evolución general de los precios y con el impacto sobre el precio la evolución de la siniestralidad, considerada en términos estrictos en relación con la propia de los vehículos involucrados en el sector público del taxi, para garantizar la equidad en dicha determinación. Y, en segundo lugar, en situaciones de nueva póliza, de manera que la misma guarde una mayor proporcionalidad con el valor del vehículo asegurado, como parámetro fundamental en su fijación. Igualmente, es necesario garantizar que estos asegurados pueden acceder en condiciones de transparencia a los elementos que, en su caso, inciden en el incremento anual de su prima. Tal información debe hacerse disponible, por parte de la aseguradora, a solicitud del asegurado, e incluirá la situación 'Bonus-Malus' de aquél. De la misma manera, con el fin de asegurar el debido cumplimiento de lo propuesto, se propone la obligación de que las aseguradoras remitan a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, información relativa a la evolución de la siniestralidad culpable en el ámbito concreto del servicio público de taxi.

Firmante registrado: Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR