Enmienda núm. 89

'Disposición final primera. Modificación de la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas. Se introduce una nueva disposición adicional séptima a la Ley 52/1997 de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas, con la siguiente redacción: ''Disposición adicional séptima. Aplicación de la Ley Orgánica XX/2023, de XX de XXX, del Derecho de Defensa a la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas. 1. En la asistencia jurídica letrada que presten los Abogados del Estado, los Letrados de la Administración de la Seguridad Social y los restantes letrados públicos previstos en la presente ley : a) Actuarán con libertad de criterio técnico con sujeción en todo caso a las instrucciones emanadas por el centro directivo que ejerza la dirección de la asistencia jurídica, en el marco del principio de unidad de doctrina. b) Les serán de aplicación los artículos 15, 16 y 17 del capítulo III de la Ley Orgánica XX/2023, de XX de XXXX, del Derecho de Defensa. c) Adecuarán su conducta a las normas éticas vigentes en la Administración o entidad pública respectiva, a la normativa deontológica del ejercicio de la Abogacía a los criterios derivados de los principios deontológicos vinculados al ejercicio de la abogacía, y cumplirán con las exigencias derivadas de los principios de buena fe, lealtad, confidencialidad y colaboración con la Administración de justicia. 2. En caso de conflicto de intereses, se atenderá necesariamente la asistencia jurídica letrada que deba prestarse por norma legal o reglamentaria, salvo que el supuesto de conflicto se contemple en una norma legal que lo regule de forma expresa o que exista autorización expresa de ambas partes. 3. El personal al servicio del Estado, de los órganos constitucionales, de las Administraciones Públicas o entidades públicas que asuma en virtud de esta ley las funciones de asistencia jurídica letrada está dispensado de la obligación de colegiación y no quedarán sometidos al régimen disciplinario colegial. La garantía institucional del ejercicio de la función de asistencia jurídica letrada y el régimen disciplinario de estos empleados públicos corresponderá a los centros directivos que dirigen los servicios jurídicos en los que se integren.'