Mediante esta enmienda a la totalidad se solicita la devolución al Gobierno del Proyecto de Ley 121/000064 por la que se modifican el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social,
aprobado por el Real decreto legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, y la Ley 39/2006,de 14 de septiembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, para la extensión y refuerzo de los derechos de
las personas con discapacidad a la inclusión, autonomía y accesibilidad universal de acuerdo con el artículo 49 de la Constitución Española, por invasión competencial, extralimitación material respecto de los títulos estatales invocados y por falta
de adecuación al marco constitucional y estatutario.
El Proyecto de ley promueve cambios sustanciales en materia de atención a las personas con discapacidad y en situación de dependencia, pero lo hace desde una visión centralista que ignora la realidad social de Cataluña y vulnera sus
competencias exclusivas reconocidas en el Estatuto de Autonomía de Cataluña.
Es necesario, una vez más, recordar que la Generalitat tiene competencias exclusivas en servicios sociales y en políticas de atención a la dependencia (artículo 166 del Estatuto de Autonomía de Cataluña), así como en materia de promoción de
la autonomía personal.
Y cabe recordar, también, que la denominada Ley de la dependencia (Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia) fue dictaminada por el Consejo de Garantías
Estatutarias (entonces denominado Consejo Consultivo de la Generalidad), que concluyó que era inconstitucional en un 70 % de su articulado.
Concretamente, mediante el Dictamen 279/2007, de 29 de enero, el órgano estatutario concluyó que la ley de la dependencia vulnera las competencias catalanas porque, entre otras cosas, crea un sistema de atención a las personas dependientes
que interfiere en el ámbito en el que trabajan los servicios sociales del gobierno catalán, cuestiona la imposición de un determinado funcionamiento de la red pública de centros de asistencia y rechaza que fije la manera de definir el grado de
dependencia de cada persona, al margen de las competencias de la Generalitat.
Desde la frivolidad se puede sostener que esta es una batalla pasada y perdida en la perspectiva de Catalunya y que lo importante son las personas dependientes, al margen y con absoluto menosprecio del autogobierno de Catalunya, dando a
entender que la autonomía catalana no es capaz de proteger a sus conciudadanos, cuando precisamente fue pionera en el Estado en la atención a las personas dependientes, antes de que la acción recentralizadora boicoteara sus resultados. Sin embargo,
lo cierto es que el marco del Estatut es el mismo entonces que ahora, y, por tanto, persiste la contradicción flagrante entre un marco competencial refrendado por el pueblo de Cataluña, a pesar del condicionamiento posterior de la Sentencia del
Tribunal Constitucional de 2010, y una Ley, inspirada por la misma izquierda española recentralizadora, que sigue siendo contraria a la autonomía de Catalunya.
Ahora se propone profundizar en la herida y el desprecio competencial. Circunstancia que no necesita demasiada explicación para fijar la posición contraria de Junts, por lo que se formula la presente enmienda a la totalidad. Y además,
porque la propuesta del Proyecto de ley persiste en ignorar el modelo catalán de atención a la discapacidad y la dependencia, que ya está adaptado a los principios de vida independiente, soporte personalizado e inclusión comunitaria. Y, además,
contempla una gestión centralizada
del Fondo Estatal de la Promoción de la Accesibilidad Universal, sin transferirlos íntegramente a la Generalitat, tal y como correspondería.
Adicionalmente, hay que añadir las siguientes observaciones, que Junts hace suyas y quiere poder defender en el Parlament de Catalunya, donde correspondería tomar la decisión de este marco normativo:
— Respeto al modelo de discapacidad y dependencia: la asimilación automática del 33 % de discapacidad a cualquier situación de dependencia no es adecuada y puede generar inseguridad jurídica. El modelo catalán de evaluación de la
discapacidad tiene ya criterios específicos para garantizar una atención personalizada.
— Es necesario adoptar la definición de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) para garantizar que se tenga en cuenta el enfoque social de la discapacidad, dejando atrás el modelo
biomédico.
— La desinstitucionalización debe ser progresiva y bien financiada, evitando modelos asistencialistas encubiertos.
— Es fundamental prohibir la institucionalización forzosa, especialmente en el ámbito de la discapacidad psicosocial.
— Hay que potenciar la figura del asistente personal y establecer mecanismos que garanticen el derecho a la vida independiente, adaptándose a las necesidades y voluntad de cada persona.
— La prestación de asistencia personal debería ser universal para todas las personas con discapacidad, no solo para los mayores grados de dependencia.
— El reconocimiento de la teleasistencia como derecho subjetivo es positivo, pero no puede sustituir a servicios presenciales y de atención domiciliaria.
— Se debe garantizar el acceso a soportes comunitarios, adaptando la oferta de servicios para evitar la institucionalización forzada.
— La accesibilidad no puede ser solo física, sino que debe incluir accesibilidad comunicativa, cognitiva y social.
— El registro estatal de tarjetas de estacionamiento para personas con discapacidad, además de ser contrario al reparto competencial, no respeta la definición de discapacidad de la CDPD, limitándose a criterios físicos.
— Es necesario eliminar progresivamente el empleo segregado, incluyendo talleres protegidos, para garantizar el derecho al trabajo en un entorno inclusivo.
— Es necesario establecer incentivos reales para el sector privado, garantizando que las empresas cumplan con las cuotas de inserción laboral.
— El modelo de presupuestos personales debería incorporarse para garantizar que cada persona pueda escoger cómo recibir los apoyos que necesita.
Por todo lo expuesto, se solicita a la Mesa que admita esta enmienda a la totalidad de devolución y, en consecuencia, que el Proyecto de Ley 121/000064 vuelva al Gobierno para su reformulación de acuerdo con el marco competencial
constitucional y estatutario, con especial atención al Estatuto de Autonomía de Cataluña.
Mitjançant aquesta esmena a la totalitat es sol·licita la devolució al Govern del Projecte de Llei 121/000064 per la qual es modifiquen el Text Refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social,
aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, i la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència, per a l'extensió i el reforç dels drets de les persones amb
discapacitat a la inclusió, l'autonomia i l'accessibilitat universal d'acord amb l'article 49 de la Constitució Espanyola,
per invasió competencial, extralimitació material respecte dels títols estatals invocats i per manca d'adequació al marc constitucional i estatutari.
El Projecte de llei promou canvis substancials en matèria d'atenció a les persones amb discapacitat i en situació de dependència, però ho fa des d'una visió centralista que ignora la realitat social de Catalunya, i en vulnera les
competències exclusives reconegudes a l'Estatut d'Autonomia de Catalunya.
És necessari, una vegada més, recordar que la Generalitat té competències exclusives en serveis socials i en polítiques d'atenció a la dependència (article 166 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya), així com en matèria de promoció de
l'autonomia personal.
I cal recordar, també, que la denominada Llei de la dependència (Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència) fou dictaminada pel Consell de Garanties Estatutàries
(aleshores denominat Consell Consultiu de la Generalitat), que va concloure era inconstitucional en un 70 % del seu articulat.
Concretament, mitjançant el Dictamen 279/2007, de 29 de gener, l'òrgan estatutari va concloure que la llei de la dependència vulnera les competències catalanes perquè, entre altres coses, crea un sistema d'atenció a les persones dependents
que interfereix en l'àmbit en què treballen els serveis socials del govern català, qüestiona la imposició d'un determinat funcionament de la xarxa pública de centres d'assistència, i rebutja que fixi la manera de definir el grau de dependència de
cada persona, al marge de les competències de la Generalitat.
Des de la frivolitat es pot sostenir que aquesta és una batalla passada i perduda en la perspectiva de Catalunya i que l'important són les persones dependents, al marge i amb absolut menyspreu de l'autogovern de Catalunya, donant a entendre
que l'autonomia catalana no és capaç de protegir els seus conciutadans, quan precisament va ser pionera a l'Estat en l'atenció a les persones dependents, abans que l'acció recentralitzadora en boicotegés els seus resultats. Tanmateix, el fet cert
és que el marc de l'Estatut és el mateix aleshores que ara, i, per tant, persisteix la contradicció flagrant entre un marc competencial referendat pel poble de Catalunya, malgrat el condicionament posterior de la Sentència del Tribunal
Constitucional de 2010, i una Llei, inspirada per la mateixa esquerra espanyola recentralitzadora, que segueix essent contrària a l'autonomia de Catalunya.
Ara es proposa aprofundir en la ferida i el menyspreu competencial. Circumstància que no necessita massa explicació per fixar la posició contrària de Junts, raó per la qual es formula la present esmena a la totalitat. I a més, perquè la
proposta del Projecte de llei persisteix en ignorar el model català d'atenció a la discapacitat i a la dependència, que ja està adaptat als principis de vida independent, suport personalitzat i inclusió comunitària. I, a sobre, contempla una gestió
centralitzada del Fons Estatal de la Promoció de l'Accessibilitat Universal, sense transferir-los íntegrament a la Generalitat, tal com correspondria.
Addicionalment, cal afegir les observacions següents, que Junts fa seves i vol poder defensar al Parlament de Catalunya, on correspondria prendre la decisió d'aquest marc normatiu:
— Respecte el model de discapacitat i dependència: l'assimilació automàtica del 33 % de discapacitat a qualsevol situació de dependència no és adequada i pot generar inseguretat jurídica. El model català d'avaluació de la discapacitat ja
té criteris específics per garantir una atenció personalitzada.
— És necessari adoptar la definició de la Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat (CDPD) per garantir que es tingui en compte l'enfocament social de la discapacitat, deixant enrere el model biomèdic.
— La desinstitucionalització ha de ser progressiva i ben finançada, evitant models assistencialistes encoberts.
— És fonamental prohibir la institucionalització forçosa, especialment en l'àmbit de la discapacitat psicosocial.
— Cal potenciar la figura de l'assistent personal i establir mecanismes que garanteixin el dret a la vida independent, adaptant-se a les necessitats i voluntat de cada persona.
— La prestació d'assistència personal hauria de ser universal per a totes les persones amb discapacitat, no només per als graus més alts de dependència.
— El reconeixement de la teleassistència com a dret subjectiu és positiu, però no pot substituir serveis presencials i d'atenció domiciliària.
— S'ha de garantir l'accés a suports comunitaris, adaptant l'oferta de serveis per evitar la institucionalització forçada.
— L'accessibilitat no pot ser només física, sinó que ha d'incloure accessibilitat comunicativa, cognitiva i social.
— El registre estatal de targetes d'estacionament per a persones amb discapacitat, a més de ser contrari al repartiment competencial, no respecte la definició de discapacitat de la CDPD, limitant-se a criteris físics.
— És necessari eliminar progressivament l'ocupació segregada, incloent tallers protegits, per garantir el dret al treball en un entorn inclusiu.
— Cal establir incentius reals per al sector privat, garantint que les empreses compleixin amb les quotes d'inserció laboral.
— El model de pressupostos personals hauria d'incorporar-se per garantir que cada persona pugui escollir com rebre els suports que necessita.
Per tot l'exposat, se sol·licita a la Mesa que admeti aquesta esmena a la totalitat de devolució i, en conseqüència, que el Projecte de Llei 121/000064 retorni al Govern per a la seva reformulació d'acord amb el marc competencial
constitucional i estatutari, especialment en atenció a l'Estatut d'Autonomia de Catalunya.
