Enmienda núm. 297

Treinta. El título y el artículo 33 quedan redactados como sigue: «Artículo 33. La participación de las personas beneficiarias en el coste de las prestaciones. 1. Las personas beneficiarias de las prestaciones de dependencia participarán en la financiación de las mismas, según el tipo y coste del servicio y mediante un sistema progresivo de acuerdo con su capacidad económica personal. 2. La capacidad económica de la persona beneficiaria se tendrá también en cuenta para la determinación de la cuantía de las prestaciones económicas. 3. El Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia acordará, para su posterior aprobación por el Gobierno mediante real decreto, los criterios para la determinación de la participación de las personas beneficiarias en el coste de los servicios. Entre ellos, los siguientes: a) Un mínimo de capacidad económica exento, a los efectos de esta ley, de participar en el coste de los servicios por destinarse a satisfacer las necesidades básicas personales y familiares. b) En los casos del servicio de atención residencial y del servicio de cuidados y apoyos en viviendas, modalidad a) , se garantizará una cantidad mínima para gastos personales destinada a favorecer el bienestar físico y emocional, la autonomía de las personas y su inclusión y participación en la comunidad. c) Las cantidades previstas en los apartados 1 y 2 se actualizarán anualmente para ajustarse al coste de la vida. d) Que la cuantía de la participación de la persona beneficiaria no suponga una carga tal que tenga efectos disuasorios o provoque que las personas renuncien a la intensidad de los cuidados y apoyos que necesitan. 4. Para fijar la participación de la persona beneficiaria, se tendrá en cuenta la distinción entre servicios asistenciales y de manutención y hoteleros. 5. Ninguna persona quedará fuera de la cobertura del Sistema por no disponer de recursos económicos. 6. En cumplimiento de la obligación de transparencia las Administraciones competentes sin perjuicio del ejercicio de las competencias exclusivas que tienen atribuidas las comunidades autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, emanadas de la Constitución y de sus respectivos Estatutos de Autonomía, y con respeto a las normas de derecho foral deberán hacer público, con carácter anual, información detallada sobre la participación de las personas beneficiarias en el coste de cada uno de los servicios con el máximo nivel de desagregación posible, desde el respeto al secreto estadístico.»