Enmienda núm. 542

Evitar los retrasos y dilaciones excesivas que se producen en el proceso contencioso-administrativo ante órganos unipersonales cuando no interviene el Procurador representando a la parte. Igualmente, parece más congruente el sistema de postulación de la LEC que el de la LJCA, por lo que debería establecerse la postulación obligatoria con las excepciones que procedan, sin distingos entre órganos unipersonales y colegiados. No hemos de olvidar que se trata de una jurisdicción más especializada y que esta nueva regulación facilitaría y agilizaría los trámites en el ámbito de la representación pasiva. La eficacia de los servicios de notificaciones organizados por los Colegios de Procuradores viene dada por la circunstancia, prevista en el artículo 272 de la L.O.P.J. y 28.3 de la L.E.C., de que la recepción del acto de comunicación por parte del servicio produce 'plenos efectos' lo que supone que la totalidad de los actos de comunicación son recepcionados cada día y entregados al Procurador destinatario no quedando ninguno pendiente al final de cada jornada. De esta forma el servicio así creado viene a colmar las aspiraciones y previsiones fijadas en la Exposición de Motivos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, paliando una de las principales causas de dilación en nuestro proceso judicial y contribuyendo de forma notable a la mejora de la gestión y calidad del servicio, dotándole de una mayor seguridad jurídica, permitiendo la notificación simultánea a cada una de las partes en el proceso cuando estas se hallen representadas por Procurador, facilitando la labor del tribunal y de las partes en el cómputo y control de plazos procesales y, creando, en definitiva, un servicio que garantiza el impulso y desarrollo del proceso, sin dilaciones indebidas. La Ley 29/1998 contiene en el capítulo I de su Título V la regulación del llamado 'procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de las personas' que viene a desarrollar la previsión del artículo 53.2 de la Constitución española. La característica esencial de este procedimiento es su carácter preferente, sumario y urgente, conforme impone el precepto constitucional. Estas características se manifiestan en el acortamiento de los plazos para realizar las actuaciones procesales o en la concentración de las fases de proposición y práctica de prueba, que deben desarrollarse en el plazo común de veinte días. La preferencia y sumariedad de estos procesos viene exigida por la propia Constitución en atención a la singular relevancia de los derechos y libertades protegidos. La presencia obligatoria de procurador en este tipo de procesos es una garantía de la celeridad en la realización de los actos de comunicación y permite contemplar la posibilidad de agilizar la realización de la prueba, que ha de desarrollarse en el perentorio plazo de veinte días comunes a proposición y práctica. La intervención del procurador implicaría la máxima diligencia en el cumplimentado de oficios y requerimientos, en la obtención de documentos de entidades públicas y privadas y en la citación de testigos con carácter urgente, evitando la demora que en tantas ocasiones se produce en dichos actos de comunicación y el correlativo incumplimiento de los plazos procesales que frustran la finalidad de urgencia y celeridad pretendida por la Ley para este tipo de procesos. Página 664