Enmienda núm. 40

Propuesta registrada por

Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR

Artículo 21. Modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. Setenta y seis. Título IV (nuevo) en el libro IV (arts. 828 a 885)

Texto que se propone

Redacción normativa presentada para su debate

Setenta y seis. Se introduce un nuevo título IV en el libro IV con la siguiente rúbrica y contenido: 'TÍTULO IV De los procesos para el ejercicio de acciones colectivas para la protección y defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios CAPÍTULO I Enmienda De modificación Artículo 836. Se propone la modificación de los apartados 1 y 2 del artículo 836 de la LEC, quedando redactados como sigue: Artículo 836. Carencia de los requisitos para la designación como entidad habilitada. 1. El empresario o profesional demandado en una acción colectiva tendrá derecho a plantear que la entidad demandante no cumple con las exigencias establecidas a los efectos de su designación como entidad habilitada para el ejercicio de acciones colectivas. Dicha objeción habrá de formularse dentro de los veinte días siguientes a la notificación de la demanda o tan pronto conozca el demandado los hechos en que se funde, si solo pudo conocerlos con posterioridad. Habrá de ir acompañada de un principio de prueba de los hechos en que se funde. 2. Si la acción colectiva ejercitada es transfronteriza y el tribunal considera que la objeción formulada en virtud del apartado anterior puede estar fundada, se dirigirá al Ministerio con competencias en materia de consumo, a los efectos de que, a través del correspondiente punto de contacto nacional, se verifique por la autoridad competente del Estado miembro de la Unión Europea que la hubiera designado si la entidad demandante cumple con las exigencias necesarias para su designación. El procedimiento no será suspendido durante el proceso de verificación. En caso de que la entidad afectada por la objeción sea la única demandante, el tribunal ordenará la suspensión del proceso en tanto la autoridad competente de dicho Estado miembro determine si mantiene o revoca su designación. En caso de que se mantenga la designación el tribunal reanudará el proceso, si lo hubiera suspendido. Si la designación es revocada, el tribunal acordará su sobreseimiento, a no ser que estuviera personada como demandante otra entidad habilitada, en cuyo caso acordará la exclusión del proceso de la entidad afectada por la revocación.

Justificación y Motivación

Fundamentos políticos y jurídicos alegados por el proponente

Se sugiere añadir en el caso de acciones transfronterizas, que, si el demandado plantea que la entidad habilitada no cumple con las exigencias establecidas a los efectos de su designación, el procedimiento no se suspenderá durante esa fase de verificación. La redacción actual supone la aplicación de un doble rasero, en función de si la acción colectiva es transfronteriza o nacional, en clara contradicción con la Directiva 2020/1818. No puede permitirse que se discrimine entre organismos nacionales y organismos de otros Estados miembros, ya que para los primeros el tribunal realiza el control por sí mismo, y para los segundos el tribunal tiene que pedirlo a las autoridades del otro Estado miembro. Además, este sistema puede dar lugar a abusos manifiestos. Los demandados alegarán sistemáticamente que el representante de otro Estado miembro no cumple con los requisitos. Desconocemos las pruebas prima facie que se requieren, especialmente porque, en muchos casos, el demandado no tendrá acceso a esta información sobre la asociación y sólo podrá plantear la sospecha. Así pues, en la práctica, los demandados podrían provocar la suspensión durante meses o años a la espera de que la autoridad del otro Estado Miembro confirme al juzgado si se cumplen los requisitos. Incluso para las entidades nacionales, también será necesario obtener un informe de las autoridades españolas antes de decidir. Esta exigencia puede llevar al bloqueo innecesario de las acciones reduciendo su viabilidad. Con la actual redacción del artículo, se crea un derecho de impugnación que abre la puerta al abuso procesal y al boicot del procedimiento, aumentando sin límite de tiempo su duración a costa de los consumidores, la administración de justicia y de la entidad habilitada. Todo ello, en detrimento de la protección de los consumidores y usuarios. Debemos recordar que la entidad habilitada ya ha sido previamente designada para el ejercicio de acciones colectivas, por lo que este derecho de impugnación sin causa alguna que lo justifique puede dar lugar a situaciones arbitrarias que van en contra del principio de efectividad del derecho de la Unión. Por lo anterior, proponemos que, durante el proceso de verificación en el curso de una acción transfronteriza, el procedimiento principal no sea suspendido.

Firmante registrado: Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR