Enmienda núm. 870

Resulta preocupante que el Ministerio de Justicia no haya abierto un proceso participativo previo con los sujetos y agentes sociales afectados por una norma de tan amplia e importante repercusión, habiéndose limitado a trámites formales. Una modificación legislativa de gran alcance como la que se plantea, tiene que ser fruto de un consenso con las personas consumidoras y las asociaciones que las representan. El modelo de acciones colectivas que recoge la norma se aparta de los principios de defensa de los consumidores y usuarios recogidos en nuestro ordenamiento jurídico para abrazar un modelo anglosajón que entiende la acción colectiva como un negocio. La norma debería tener como objetivo real suplir la debilidad del consumidor en las relaciones Página 1311 de mercado, debilidad que se pone especialmente de manifiesto cuando, ante una practica ilícita por parte del empresariado, los consumidores deben acudir a la via judicial para ver resarcidos sus derechos e intereses lesionados. En estos casos, existe un desequilibrio entre las posiciones del consumidor y el empresario, en detrimento del primero, entre otras causas por la diferencia de recursos al alcance de cada uno y la diferente capacidad económica y de recursos para soportar los gastos que un proceso judicial lleva consigo. Las acciones colectivas no pueden convertirse en una via de negocio para terceros financiadores o en una herramienta de patrocinio de las organizaciones de consumidores que decidan interponerlas. La regulación de las acciones colectivas se aborda además de forma que intenta suplir las carencias de las administraciones de Justicia y Consumo, haciendo recaer todo el coste y el riesgo de la acción colectiva en las asociaciones de consumidores. No se aboga por formas de financiación publica, refuerzo de los recursos de la administración de Justicia para dar cobertura a procedimientos colectivos y articular y favorecer el apoyo a las asociaciones de consumidores como entidades habilitadas para el ejercicio de este tipo de acciones, con pleno y completo reconocimiento a la asistencia jurídica gratuita para estas y determinando la no condena en costas para las mismas.