Enmienda núm. 716

Propuesta registrada por

Grupo Parlamentario VOX

Artículo 21. Modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. Setenta y seis. Título IV (nuevo) en el libro IV (arts. 828 a 885)

Texto que se propone

Redacción normativa presentada para su debate

Setenta y seis. Se introduce un nuevo título IV en el libro IV con la siguiente rúbrica y contenido: 'TÍTULO IV De los procesos para el ejercicio de acciones colectivas para la protección y defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios CAPÍTULO I Disposiciones comunes Artículo 828. Ámbito de aplicación del presente título. 1. Las disposiciones de este título serán aplicables a los procesos en que se ejerciten acciones colectivas frente a conductas de empresarios o profesionales que infrinjan los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, con exclusión de las infracciones que fueran competencia de los juzgados de lo mercantil. 2. A efectos de lo dispuesto en este título, también se considera conducta contraria a los intereses colectivos de los consumidores y usuarios en materia de cláusulas abusivas la recomendación de su utilización. [...] Artículo 839. Renuncia y desistimiento. 1. En materia de renuncia y desistimiento, se aplicarán las reglas generales establecidas en el capítulo IV del título primero del libro primero de esta ley. 2. En caso de desistimiento, el tribunal resolverá sobre las costas en función de las razones aducidas por la entidad demandante. Página 827 CAPÍTULO II Disposiciones aplicables a las acciones colectivas de cesación [...] Artículo 841. Tramitación de las acciones colectivas de cesación. 1. Cuando el objeto del proceso lo constituya una o varias acciones colectivas de cesación las actuaciones seguirán el cauce del juicio verbal, con las especialidades establecidas en los apartados siguientes. 2. La entidad demandante habrá de establecer en la demanda los consumidores y usuarios que habrán de verse afectados por la acción de representación cesación. Cuando no sea posible una identificación individualizada, se especificarán del modo más preciso posible las características y los requisitos que deban concurrir en los consumidores para considerarse afectados por la sentencia estimatoria que pudiere dictarse. En los supuestos en que el Ministerio Fiscal no haya presentado demanda, el tribunal, admitida a trámite la misma, dará traslado al Ministerio Fiscal, a efectos de lo previsto en el apartado 4 del artículo 835. En la demanda deberá igualmente incluirse una exposición completa de las fuentes de financiación utilizadas para apoyar la acción colectiva. Dicha exposición contemplará, en su caso, la existencia de financiación por un tercero, que habrá de ser debidamente identificado, debiéndose además aportar copia del contrato de financiación. 3. Admitida la demanda, se procederá de conformidad con lo establecido en la Sección 2.ª del Capítulo III del Título IV, que regula la audiencia y auto de certificación de la acción colectiva. 3. 4. El plazo para contestar a la demanda será de un mes a contar desde la notificación del auto certificando la acción. 4. 5. Será necesaria en todo caso la celebración de la vista a que se refiere el artículo 443. 5.? 6. La tramitación de estos procedimientos será preferente. 6. 7. Frente a la sentencia que se dicte podrá interponerse recurso de apelación, que se tramitará de forma preferente. La sentencia que resuelva el recurso de apelación se considerará en todo caso recurrible en casación. El recurso de casación y el recurso extraordinario por infracción procesal, en su caso, se tramitará n igualmente con carácter preferente. [...] Artículo 848. Determinación del ámbito objetivo y subjetivo del proceso. 1. En el auto en el que certifique la acción el tribunal determinará la conducta o conductas infractoras, de entre las aducidas en la demanda, a las que se ha de ceñir, en su caso, la acción colectiva resarcitoria. Asimismo, el tribunal determinará con el necesario grado de precisión los consumidores y usuarios que han de verse afectados por la acción. En caso de que su identificación individualizada no resulte posible, establecerá el tribunal las características y los requisitos que deban concurrir en ellos para considerarse beneficiarios de la sentencia estimatoria que pudiere dictarse o del acuerdo resarcitorio que pudiere aprobarse. 2. El tribunal establecerá asimismo el modo y el plazo dentro del cual los consumidores afectados por la acción colectiva resarcitoria habrán de manifestar su voluntad expresa de desvincularse de vincularse a la acción y, en consecuencia, del resultado del proceso. 3. De forma excepcional, podrá acordar e El tribunal acordará que solo habrán de quedar afectados por la acción colectiva resarcitoria aquellos consumidores y usuarios que hayan manifestado su voluntad expresa de vincularse a aquella y, en consecuencia, al resultado del proceso. El tribunal solo podrá tomar esta decisión Página 828 cuando, atendidas las circunstancias del caso concreto, resulte necesaria para una mejor administración de justicia, siempre que la cantidad reclamada o el valor de la prestación solicitada como resarcimiento para cada beneficiario supere los 3.000 euros. 4. En el caso de que los consumidores afectados por la acción colectiva resarcitoria tuvieren su residencia habitual fuera del territorio español, establecerá el tribunal en todo caso el modo y el plazo dentro del cual habrán de manifestar su voluntad expresa de vincularse a aquella y, en consecuencia, al resultado del proceso. 5. En cualquiera de los casos referidos en los tres apartados anteriores, el plazo señalado por el tribunal para que los consumidores y usuarios afectados manifiesten su voluntad no podrá ser inferior a dos meses ni superior a seis a contar desde el momento en que el auto de certificación se publique en el Registro de Condiciones Generales de Contratación y de Acciones Colectivas, con independencia de los concretos cauces utilizados para comunicárselo a aquellos. [...] Artículo 850. Pronunciamiento sobre Prohibición de la financiación del proceso por un tercero. Ningún tercero podrá financiar el proceso, ni obtener ninguna retribución, ventaja o compensación como consecuencia de una acción colectiva interpuesta en representación de los consumidores y usuarios. 1. En el mismo auto en el que certifique la acción el tribunal habrá de pronunciarse, en su caso, sobre la financiación del proceso por un tercero. El tribunal rechazará la financiación por tercero si entiende que concurre un conflicto de intereses o cuando la financiación por parte de terceros tenga un interés económico en el ejercicio o el resultado de dicha acción que aparte la acción colectiva de la protección y defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios. 2. Se entenderá en particular que existe una situación de conflicto de intereses cuando el demandado sea un competidor del financiador o un empresario o profesional del que dependa el financiador. El tribunal considerará igualmente que existe conflicto de intereses si advierte que las decisiones de la entidad demandante, incluidas las relativas a los acuerdos de resarcimiento, están influidas por un tercero que esté financiando el proceso, de un modo que pueda resultar perjudicial para los intereses colectivos de los consumidores y usuarios afectados. 3. Si el tribunal aprecia la existencia de conflicto de intereses, requerirá a la entidad demandante para que renuncie a la financiación controvertida o la modifique en el plazo que el propio tribunal señale, que no podrá ser superior a un mes. Si en dicho plazo la entidad demandante no justifica haber procedido a la renuncia o modificación requerida, sobreseerá el tribunal el proceso o excluirá del mismo a la entidad afectada, en caso de que hubiere concurrido otra entidad habilitada al ejercicio de la acción colectiva resarcitoria a la que no afectara el conflicto de intereses. El letrado de la Administración de Justicia trasladará el auto de sobreseimiento o exclusión a la autoridad competente para la designación de la entidad afectada. 4. Del mismo modo procederá el tribunal si advierte la existencia de un conflicto de intereses con posterioridad a la certificación de la acción. En tal caso, de oficio o a instancia de parte, el tribunal resolverá lo que proceda tras la sustanciación de un incidente de previo pronunciamiento, sin que en ningún caso queden afectados los derechos de los consumidores y usuarios incluidos en la acción de representación en los términos del artículo 848. 5. El tribunal también podrá solicitar al demandante la aportación del contrato de financiación, al efecto de comprobar las consecuencias que sus términos tendrían sobre los consumidores y usuarios afectados por la acción de Página 829 representación. La aportación y el examen de dicho contrato se harán en una comparecencia, a la que serán citadas todas las partes y el propio financiador, pudiendo aplicarse lo dispuesto en el artículo 283 bis b) en el caso de que el tribunal considerase que se trata de información confidencial. Si considera que los términos del acuerdo de financiación son desproporcionados en perjuicio de los consumidores y usuarios afectados por la acción colectiva, el tribunal requerirá a la entidad demandante y al financiador para que lo modifiquen en el plazo que el propio tribunal señale, que no podrá ser superior a un mes. En dicho plazo podrá igualmente la entidad demandante renunciar a la financiación en cuestión o aportar un acuerdo de financiación con un financiador diferente, en cuyo caso resolverá el tribunal lo que proceda. [...] Artículo 869. Homologación del acuerdo antes de la certificación de la acción. 1. En el auto por el que apruebe la homologación establecerá el tribunal el plazo dentro del cual los consumidores afectados por el acuerdo resarcitorio habrán de manifestar su voluntad expresa de no quedar vinculados por este y podrá establecer, si así se contiene en el acuerdo homologado, la posibilidad de que consumidores que no hubieran manifestado su voluntad de vincularse a la acción colectiva se beneficien igualmente del acuerdo homologado, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en dicho acuerdo. De forma excepcional, podrá acordar el tribunal que solo habrán de quedar vinculados por el acuerdo aquellos consumidores y usuarios que hayan manifestado su voluntad expresa en ese sentido. El tribunal solo podrá tomar esta decisión cuando, atendidas las circunstancias del caso concreto, resulte necesaria para una mejor administración de justicia, siempre que la cantidad inicialmente reclamada o el valor de la prestación inicialmente solicitada como resarcimiento para cada beneficiario supere los 3.000 euros. En el caso de que los consumidores afectados por el acuerdo tuvieren su residencia habitual fuera de territorio español, establecerá el tribunal en todo caso el modo y el plazo dentro del cual habrán de manifestar su voluntad expresa de quedar vinculados por este. En cualquiera de los casos referidos en los tres párrafos anteriores, e El plazo señalado por el tribunal para que los consumidores y usuarios afectados manifiesten su voluntad no podrá ser inferior a dos meses ni superior a seis a contar desde el momento en que se dé difusión al acuerdo de resarcimiento. 2. En el auto por el que apruebe la homologación el tribunal encomendará a la entidad demandante la puesta en funcionamiento de una plataforma electrónica para que a través de ella los consumidores afectados puedan expresar su voluntad en relación con el acuerdo. Resultará de aplicación lo dispuesto en el artículo 849. La distribución de las cantidades a las que pudiera haber lugar se realizará de conformidad con lo dispuesto en el acuerdo homologado judicialmente. 3. En el auto por el que apruebe la homologación también establecerá el tribunal el cauce o cauces adecuados para que el contenido del acuerdo y la plataforma a que se refiere el apartado anterior llegue n a ser conocido s de manera efectiva y comprensible por los consumidores y usuarios que hayan de verse afectados, en los términos establecidos en los apartados 1, 3 y 4 del artículo 851, prestando especial atención a aquellos que se encuentren en situación de vulnerabilidad. En la comunicación individual y en la publicación se especificará, de forma clara y comprensible, de conformidad con lo acordado por el tribunal, que los consumidores y usuarios que hayan de verse afectados pueden manifestar expresamente su voluntad para desvincularse del acuerdo homologado o, en su caso, para vincularse a él, indicando el plazo y la forma de acceder a la plataforma electrónica para hacerlo. Página 830 4. El acuerdo propuesto habrá de establecer qué parte o partes habrán de hacer frente a los gastos derivados del cumplimiento de lo dispuesto en los apartados 2 y 3 de este artículo. 5. Si el tribunal deniega la homologación mandará que el proceso siga adelante. Frente al auto que dicte el tribunal en este sentido cabrá interponer recurso de apelación, que tendrá efecto suspensivo y se tramitará con carácter preferente. [...] Artículo 872. Efectos de la homologación del acuerdo respecto de procesos en que se ejerzan acciones individuales y sobre los procedimientos de resolución alternativa de litigios de consumo. 1. De oficio o a instancia del demandado, el tribunal que esté conociendo de un proceso en que se esté ejercitando por uno o varios consumidores o usuarios una acción resarcitoria individual cuyo objeto esté comprendido en el auto homologando el acuerdo resarcitorio pondrá dicha resolución en conocimiento del demandante o de los demandantes y les requerirá para que, en el plazo de diez días, manifiesten, si así lo desean, su voluntad de adherirse al acuerdo, al tiempo que ordenará la suspensión del proceso. En caso de que el demandante manifieste su voluntad de adherirse al acuerdo, el tribunal sobreseerá el proceso. Si el demandante rechaza adherirse al acuerdo resarcitorio o no responde al requerimiento, alzará el tribunal la suspensión y mandará que el proceso siga su curso. El tribunal habrá de remitir esta resolución al tribunal ante el que se está sustanciando la acción colectiva resarcitoria, al efecto de que quede constancia en la relación a que se refiere el artículo 857. 2. La entidad de resolución alternativa de litigios de consumo ante la que un consumidor o usuario haya formulado una reclamación cuyo objeto esté comprendido en el auto homologando el acuerdo resarcitorio procederá según lo dispuesto en el apartado anterior. Si el consumidor o usuario reclamante manifestase su voluntad de adherirse al acuerdo, la entidad de resolución alternativa pondrá fin al procedimiento. De no ser así, la entidad ante la que se estuviera tramitando dictará resolución dejando constancia del rechazo del consumidor o usuario a adherirse al acuerdo resarcitorio o de su falta de respuesta al requerimiento y la remitirá al tribunal ante el que se esté sustanciando la acción colectiva resarcitoria. 3. La interposición por uno o varios consumidores o usuarios durante el plazo a que se refiere el apartado 1 del artículo 869 de una demanda en ejercicio de una acción resarcitoria individual cuyo objeto esté comprendido por el auto homologando el acuerdo resarcitorio equivaldrá a la expresión de la voluntad de no verse vinculado por este. El mismo efecto tendrá la incoación en dicho plazo de un procedimiento de resolución alternativa de litigios de consumo que haya de concluir por medio de resolución vinculante para el empresario o profesional. No obstante, e El tribunal ante el que se hubiera ejercitado la acción individual o la entidad de resolución alternativa de litigios de consumo podrán, de oficio o a instancia de la parte demandada, informar al demandante o al reclamante de la existencia del acuerdo y ofrecerle la posibilidad de adherirse al mismo, en los términos establecidos en los apartados anteriores. 4. Transcurrido el plazo a que se refiere el apartado 1 del artículo 869 no podrán ejercitarse acciones resarcitorias individuales cuyo objeto esté comprendido en el auto homologando el acuerdo resarcitorio. El tribunal inadmitirá a trámite las demandas que contravengan la prohibición anterior o las sobreseerá, de oficio o a instancia de parte. Tampoco podrán tramitarse, transcurrido dicho plazo, aquellas reclamaciones cuyo objeto esté comprendido en el auto homologando el acuerdo resarcitorio y que debieran tramitarse a través de un procedimiento de resolución Página 831 alternativa de litigios de consumo que haya de concluir por medio de resolución vinculante para el empresario o profesional. Lo dispuesto en el párrafo anterior no resultará de aplicación a los consumidores y usuarios que hayan manifestado su voluntad de no quedar vinculados por el acuerdo resarcitorio dentro del plazo establecido con arreglo al artículo 869. Tampoco será aplicable cuando el tribunal haya acordado la homologación del acuerdo en los términos previstos en el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 869. Tampoco se aplicará a las demandas o reclamaciones interpuestas por consumidores y usuarios residentes fuera de territorio español que no hubieran expresado su voluntad de adherirse al acuerdo. Sección 6.ª Cumplimiento y ejecución de sentencias y acuerdos resarcitorios Subsección 1.ª Cumplimiento y ejecución de condenas al pago de cantidades de dinero cuando todos los beneficiarios estén identificados [...].'

Justificación y Motivación

Fundamentos políticos y jurídicos alegados por el proponente

- Modificación del artículo 828.1: Debe excluirse del ámbito de las acciones colectivas aquellas derivadas de infracciones que ya tienen regulación propia específica, que de otra forma quedaría vacía de contenido, y que deben ser conocidas por juzgados especializados por razón de la materia. Lo contrario implicaría atribuir a un juzgado de instancia lo que hasta entonces conocía un juzgado de lo mercantil especializado. - Modificación del artículo 839.2: Remisión al régimen general de la ley en materia de costas, en supuestos en los que una asociación de consumidores inicia una acción contra una empresa española, con el coste reputacional y contable que ello podría implicar, y, posteriormente, desiste sin mayor consecuencia. - Modificación del artículo 841: Se proponen cuatro cambios: Para el caso de que se mantenga la posibilidad de que un tercero pueda financiar un proceso de acción colectiva de representación de consumidores y usuarios (cfr. Enmienda presentada al artículo veintiuno, apartado setenta y seis, relativa al artículo 850 LEC), se propone incluir la exigencia de que en las demandas en que se ejercita una acción colectiva de cesación también se informe de las fuentes de financiación, especialmente en caso de financiación por tercero. No está justificado el distinto tratamiento en este punto entre uno y otro tipo de acciones colectivas, pues también es posible que un tercero financiador esté financiando una acción colectiva de cesación donde pueda existir un conflicto de interés claro: piénsese, por ejemplo, en la financiación de una acción de cesación en la producción de un producto o la publicidad del mismo que pueda estar en última instancia financiada por un tercero competidor o interesado en ese cese. En la medida en que pueden producirse además conflictos de intereses con este tipo de acciones, resulta necesario establecer los controles oportunos para que el tribunal pueda evitarlos. La transparencia en estas cuestiones es esencial, tal como se desprende del considerando 52 de la Directiva. La inclusión de un nuevo apartado 3 supone incluir la remisión a la regulación de la audiencia y auto de certificación, y que esta resulte de aplicación también a las acciones de cesación. En este sentido, existen cuestiones procesales que, por eficiencia procesal, deben depurarse con carácter previo al fondo y que coinciden con las que pueden surgir en la acción resarcitoria (competencia, legitimación o, sobre todo, la homogeneidad del artículo 847 LEC). Adicionalmente, teniendo en cuenta la posibilidad de adopción de medidas cautelares, el tiempo que tome la realización de la certificación no supone riesgo para que los consumidores obtengan la tutela solicitada. El Proyecto de Ley Orgánica solo prevé la fase de certificación para las acciones resarcitorias (ya sea ejercitadas solas o acumuladamente a la de cesación), pero no prevé la certificación para las acciones de cesación, que pueden ejercitarse sin acumularse a acciones resarcitorias. La falta de previsión de este control en el caso de las acciones de cesación no está justificada. Por más que la condena al cese de una determinada conducta empresarial exija valorar Página 832 previamente la ilicitud de la conducta, lo que ha de realizarse necesariamente con carácter abstracto -esto es, sin atender a circunstancias concretas-, las acciones de cesación tienen consecuencias en la esfera individual de los consumidores. En este sentido, la práctica jurisprudencial ha puesto de manifiesto la falta de aptitud de un asunto para ser enjuiciado mediante una acción de cesación. Es el caso, por ejemplo, de las acciones frente a condiciones generales de la contratación, cuyo enjuiciamiento de la licitud de la conducta empresarial requiere una valoración de la transparencia y abusividad de las cláusulas. Un ejemplo de ello es la sentencia del Tribunal Supremo núm. 408/2020, de 7 de julio, que precisamente concluyó que no toda materia es apta para ser enjuiciada mediante una acción de cesación. La inclusión de la fase de certificación en las acciones de cesación resulta, por tanto, del todo necesaria, para evitar la tramitación de todo un procedimiento judicial e instancias que tienen por objeto una acción que, a la postre, no puede ser estimada. Como consecuencia de la inclusión de un nuevo apartado 3 que regule la certificación en las acciones de cesación, se incluye en el 841.4 el momento a partir del cual debe comenzar el plazo para contestar a la demanda de cesación que, al haber fase de certificación, deberá ser desde el momento en el que se notifique el auto certificando la acción. Mejora técnica. Se suprime del artículo 841.6 la referencia al recurso extraordinario por infracción procesal que ha sido eliminado en virtud del Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, aplicable a todos aquellos recursos que se interpongan contra las resoluciones dictadas a partir de su entrada en vigor (29 de julio de 2023). Es decir, a ninguna resolución dictada bajo la nueva regulación de acciones colectivas le resultará de aplicación el régimen anterior como para justificar mantener la mención al recurso extraordinario por infracción procesal. - Modificación del artículo 848: Se propone un sistema de vinculación a la acción idéntico al propuesto en la directiva para los consumidores que tuvieren su residencia habitual fuera del territorio español. El Proyecto prescinde con carácter general de la voluntad del consumidor, entregando su representación a la entidad habilitada y por defecto, salvo en determinados supuestos -previstos en el artículo 848.3 y 848.4- en los que el propio Proyecto reconoce implícitamente que hay una merma de derechos que debe ser corregida en determinadas circunstancias. En este sentido, dado que el consumidor perderá su derecho y quedará vinculado a la acción interpuesta por un tercero ajeno por imperativo de la ley a salvo que utilice una plataforma electrónica, tampoco existe incentivo para la entidad habilitada de difundir la existencia de la acción colectiva, ya que cuanto más consumidores conozcan de la acción, más posibilidades habrá de que el consumidor decida desvincularse de la acción colectiva y rescate la tutela que el Proyecto propone arrebatarle. Adicionalmente, el Proyecto vacía de contenido la decisión del consumidor de vincularse a la acción, la cual carece de objeto práctico y de cualquier utilidad jurídica. La asunción de la tutela del consumidor sin su consentimiento por parte de una entidad habilitada por ley implica una sustracción del derecho constitucional del consumidor, por lo que este mecanismo no debe emplearse de forma genérica o injustificada, sobre todo, como se ha observado, existiendo mecanismos de sencillo otorgamiento de esta representación, previstos expresamente en la propia norma. Es importante recordar que los intereses que se protegen con las acciones resarcitorias son de contenido patrimonial y, por tanto, tienen una naturaleza de tutela individual, ya que no afecta a intereses generales (como puede ocurrir en las acciones de cesación), sino a la esfera jurídica patrimonial individual del ciudadano. De no atenderse a esa realidad, la ley estaría amparando que el consumidor sea representado por alguien a quien ninguna representación le ha conferido -la entidad habilitada, y, en consecuencia en muchos casos, un fondo internacional de litigación- sin su conocimiento y sin su consentimiento. Es indeseable abordar el problema desde un entendimiento del consumidor como una persona con poca capacidad de discernimiento y sin ninguna formación, de cuya voluntad se ha de prescindir como si realmente fuera incapaz de formarse una voluntad propia y tomar decisiones en consecuencia. El parámetro, según resulta de las propias normas de la Unión y de nuestro ordenamiento y de la jurisprudencia del TJUE y del Tribunal Supremo, ha de ser normalmente el del consumidor medio, es decir el de alguien normalmente Página 833 informado y razonablemente atento y perspicaz, a quien, por tanto, ha de darse la oportunidad de expresar su voluntad y decidir. Y esto es particularmente relevante porque el ejercicio de la acción de representación resarcitoria impedirá, según el Proyecto, el ejercicio de acciones individuales resarcitorias por aquellos consumidores que no se hayan apartado expresamente del proceso colectivo. Por ello, todo ejercicio de la acción colectiva en representación de un consumidor debe exigir una decisión del consumidor de vinculación a la acción colectiva, sobre todo, como se ha dicho, cuando existen mecanismos ágiles facilitados por las nuevas tecnologías para llevarla a cabo. Este es, además, el mecanismo seguido en otros ordenamientos de los Estados miembro y se ha revelado como una herramienta eficaz para combinar la adecuada protección de todos los intereses en juego, en particular los del consumidor, a quien se ha de dar una oportunidad real de manifestar su voluntad de adherirse a la acción de representación. Por otra parte, el verdadero beneficiado de este tipo procesal ya se ha apuntado. Se hurta al consumidor la acción y se le entrega a una entidad tercera beneficiaria, principalmente, a fondos internacionales de litigación, tal y como ocurre en Estados Unidos, que son los que controlan la acción judicial en su interés, aprovechándose de la acción del consumidor español y a los que incluso el Proyecto les reconoce en el artículo 878 una cantidad, al establecer expresamente que: 'Al proceder a la distribución de la cantidad, reservará la parte que, en su caso, corresponda al tercero que haya financiado el proceso'. El beneficio expreso y por ley de un tercero del pleito, estructurado alrededor de la sustracción de la acción del consumidor sin su consentimiento desde el poder legislativo es gravísimo, no encuentra antecedente en el derecho civil español y debe ser corregido en esta fase de tramitación parlamentaria. Este tipo procesal de litigación transforma a las asociaciones de consumidores y usuarios en meros vehículos de litigación de fondos internacionales de litigación, ya que no representan a consumidores reales, sino a los fondos internacionales de litigación, a los cuales el propio Proyecto reconoce una parte en las cantidades que deben pagarse a los consumidores. A lo que debemos sumar que ningún consumidor tendrá ningún incentivo para unirse a las asociaciones de consumidores más representativas. En respeto al principio de tutela judicial efectiva, el Proyecto establece acertadamente un mecanismo electrónico que facilita que los consumidores manifiesten su voluntad de adherirse a la acción representativa, como expresión de su ánimo de participar en el proceso y beneficiarse de su resultado (art. 856 y ss). Esta previsión responde al principio procesal básico conforme al cual, para verse afectado por el resultado de un proceso se exige, al menos, una declaración mínima de la voluntad de ejercicio de la acción, expresada en este caso mediante la vinculación al proceso colectivo. Esta expresión, teniendo en cuenta que se trata de consumidores y la naturaleza del proceso, se articula de forma ágil y sencilla. Para ello, el Proyecto prevé la posibilidad de que exista una plataforma electrónica en la que los consumidores puedan inscribirse de forma sencilla sin necesidad de contar con abogado y procurador. Dado que el Proyecto establece un procedimiento sencillo de adhesión a la acción de representación resarcitoria, no existe motivo razonable que justifique sustraer su consentimiento en beneficio de tercero -fondos internacionales de litigación- y prescindir de esta solución que permita al consumidor otorgar la representatividad a la entidad habilitada. En conclusión, no se advierte motivo justificable por el que la ley deba sustraer la tutela judicial del consumidor cuando existe la posibilidad de informarle de la iniciación del proceso, y además se le brinda la oportunidad de manifestar su voluntad de vincularse a la acción mediante el procedimiento establecido en la propia ley, de tramitación sencilla y ágil. Por ello, el Proyecto debería establecer con carácter general que la acción colectiva únicamente pueda afectar a aquellos consumidores que hayan manifestado su voluntad expresa de vincularse, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 848.3 de la propuesta, mediante un trámite sencillo y ágil, contando para ello de herramientas informáticas apropiadas previstas en el propio Proyecto. - Modificación del artículo 850: El Proyecto regula ampliamente -de forma llamativa- la forma en que un tercero ajeno al proceso puede financiar una acción en nombre de consumidores -sin el consentimiento de los consumidores-, incluso Página 834 reconociéndole un beneficio por ley (según dispone el artículo 878 LEC). El control de las relaciones privadas entre abogados, el fondo internacional de litigación y la asociación de consumidores -que, en un futuro, pasarán a estar influidas, en mayor o menor medida, por éstos-, es imposible de conocer para terceros ajenos, por mucho que un texto legal pretenda su difusión judicial. El Proyecto es perfectamente conocedor de estas dificultades, y las disimula como si el texto de la norma fuera a solucionar el problema que genera, entre otros, el control que sobre el proceso van a ejercer terceros con intereses propios, normalmente fondos internacionales de litigación, e incluso a veces empresas competidoras en un mercado cada vez más global. El modelo propuesto por el Proyecto, que (i) promueve expresamente el interés de terceros ajenos a los consumidores para obtener un beneficio a costa del litigio; (ii) pretende la judicialización de las relaciones; y (iii) sustrae el consentimiento de la parte representada, es absolutamente ajeno a nuestra tradición jurídica y conculca principios básicos sobre los que descansa nuestro sistema procesal civil. Por tanto, la norma debe establecer la prohibición de que terceros -fondos internacionales de litigación- puedan intervenir en procesos de tutela judicial colectiva y obtener beneficios a costa de los derechos de los consumidores españoles, a costa de sustraerles su acción judicial, todo lo cual es expresamente amparado por el Proyecto en su actual redacción. Finalmente se debe señalar que toda la propuesta se inspira en una supuesta inferioridad procesal del consumidor -parte a la que otorga notables privilegios procesales- frente a la empresa demandada, esquema que deja de tener sentido cuando la parte procesal consumidora deja de ser tal consumidor y pasa a ser un fondo internacional de litigación, muchas veces de capital extranjero. - Modificación del artículo 869: El Proyecto prevé que el acuerdo homologado pueda afectar incluso a consumidores que no se han vinculado a la acción y nada han manifestado al respecto, apropiándose de la tutela judicial efectiva del consumidor y vinculándole a los acuerdos que una asociación de consumidores -financiada por un tercero- pudiera acordar. Este precepto es exactamente el mismo que se sigue en el proceso civil de Estados Unidos, que prescinde de la voluntad del consumidor y le obliga a aceptar los términos de un acuerdo a no ser que acontezca el improbable supuesto de que acceda al acuerdo, decida activamente comunicar su voluntad de excluirse a través de la plataforma electrónica. Teniendo en cuenta que el Proyecto considera que tal sistema es perfectamente válido para hurtar la acción, debe serlo para considerarlo apropiado para que el consumidor se manifieste a favor y que, por tanto, desea beneficiarse del acuerdo a cambio de su derecho. De esta forma, se equipara la protección al consumidor español a la de los consumidores del resto de la UE, reconocido en la Directiva. Por otra parte, se propone que el acuerdo homologado pueda ser extensible a terceros consumidores que así lo deseen. Por último, el Proyecto propone un régimen específico de distribución de los importes del acuerdo que ya está previsto en el caso de ejecución de sentencia, por lo que carece de sentido establecer un nuevo y distinto régimen. - Modificación del artículo 872: Se regula la posibilidad de que los consumidores puedan optar por adherirse al acuerdo resarcitorio alcanzado y, adicionalmente, se respeta el derecho del consumidor a iniciar una acción individual en el supuesto de que entienda que el acuerdo no satisface suficientemente sus intereses, al igual que ocurre en el caso de los consumidores residentes en la UE.

Firmante registrado: Grupo Parlamentario VOX