Enmienda núm. 376

La modificación del artículo 264 LEC efectuada por el Real Decreto 6/23, sin haber previsto un periodo transitorio, está generando implicaciones significativas en la práctica procesal, así como un aumento en los costes para los ciudadanos que previamente habían otorgado un poder notarial antes de la creación del registro electrónico de apoderamientos judiciales, por cuanto les obliga a formalizar nuevamente un apoderamiento, incrementando los costes de tiempo y dinero. La disparidad de criterios de las oficinas judiciales está provocando numerosos archivos de acciones judiciales debido a la falta de acreditación en el mencionado registro, incluso cuando se contaba con un poder notarial válido y ampliamente utilizado hasta la fecha, lo que afecta la tutela judicial efectiva. Esta situación genera una exigencia desigual y rigurosa de informatización para los ciudadanos, especialmente considerando que las oficinas judiciales aún no han logrado cumplir plenamente con los requisitos incorporados por el citado Real Decreto debido a la falta de recursos técnicos, como por ejemplo, la implementación por carpeta ciudadana según lo establecido en el artículo 155 de la LEC. Se propone establecer la compatibilización de la acreditación documental del poder notarial, especialmente cuando este fue constituido con anterioridad a la creación del Página 448 Registro Electrónico de Apoderamientos Judiciales, como medida para evitar mayores costes para los justiciables.