Enmienda núm. 448

Artículo 21. Modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. La Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, queda modificada como sigue: Uno. Queda suprimido el numeral 7.º del apartado 1 del artículo 6 y se da nueva redacción al numeral 8.º, en los términos siguientes: '8.º Las entidades habilitadas designadas en un Estado miembro de la Unión Europea para el ejercicio de acciones colectivas transfronterizas para la tutela de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios a que se refiere el apartado 2 del artículo 835.' Dos. El apartado 7 del artículo 7 queda redactado en los términos siguientes: '7. Por las entidades sin personalidad a que se refiere el apartado 2 del artículo anterior comparecerán en juicio las personas que, de hecho, o en virtud de pactos de la entidad, actúen en su nombre frente a terceros.' Nuevo. Se añade un nuevo apartado en el artículo 6, quedándo redactado de la siguiemte manera: Artículo 6. Asistencia letrada [...] 4. En el caso que se utilice el Derecho Colaborativo como medio adecuado de solución de controversia, cada parte deberá acudir acompañada de Letrado colaborativo o Letrada colaborativa, quien, caso de no llegar a un acuerdo, renunciará a acudir al correspondiente procedimiento judicial. Tres. Queda sin contenido el artículo 11. Cuatro. Queda suprimido el inciso final del apartado 1 del artículo 13, que tendrá la siguiente redacción: '1. Mientras se encuentre pendiente un proceso, podrá ser admitido como demandante o demandado, quien acredite tener interés directo y legítimo en el resultado del pleito. No obstante, tratándose de procesos en que se ejerciten acciones colectivas para la protección y defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, será de aplicación lo dispuesto en el título IV del libro IV' Cinco. Queda sin contenido el artículo 15. Seis. Se modifican los apartados 1 y 3 del artículo 19 y se añade un apartado 5, quedando redactados como sigue: '1. Los litigantes están facultados para disponer del objeto del juicio y podrán renunciar, desistir del juicio, allanarse, someterse a mediación, a cualquier otro Página 519 medio adecuado de solución de controversias o a arbitraje, y transigir sobre lo que sea objeto del mismo, excepto cuando la ley lo prohíba o establezca limitaciones por razones de interés general o en beneficio de tercero. Estos actos de disposición de los litigantes no podrán realizarse una vez señalado día para la deliberación, votación y fallo del recurso de casación.' '3. Los actos a los que se refieren los apartados anteriores podrán realizarse, según su naturaleza, en cualquier momento de la primera instancia o de los recursos o de la ejecución de sentencia, sin perjuicio de la regla especial para el recurso de casación contenida en el segundo párrafo del apartado 1.' '5. En cualquier momento del procedimiento que resulte comprendido entre la contestación a la demanda y la celebración de la vista o juicio en los procesos declarativos o tras la orden general de ejecución y despacho de esta en los procesos de ejecución forzosa, el letrado o la letrada de la Administración de Justicia podrá plantear a las partes la posibilidad de derivar el litigio a mediación o a otro medio adecuado de solución de controversias, siempre que considere, mediante resolución motivada, que concurren circunstancias que posibilitan una solución del conflicto en dicho ámbito. La derivación requerirá la conformidad de las partes, que podrán pedir conjuntamente la suspensión del procedimiento.' Siete. Se modifica el apartado 1 y se suprime el apartado 3 del artículo 25, que queda redactado como sigue: '1. El poder general para pleitos facultará al procurador para realizar válidamente, en nombre de su poderdante, todos los actos procesales comprendidos, de ordinario, en la tramitación de aquéllos. El poderdante podrá, no obstante, excluir del poder general asuntos y actuaciones para las que la ley no exija apoderamiento especial. La exclusión habrá de ser consignada expresa e inequívocamente. Los procuradores que ostenten la representación procesal de un litigante beneficiario del derecho de asistencia jurídica gratuita podrán realizar válidamente, en nombre de su representado, todos los actos procesales comprendidos, de ordinario, en la tramitación de aquéllos. 2. Será necesario poder especial: 1.º Para la renuncia, la transacción, el desistimiento, el allanamiento, el sometimiento a arbitraje y las manifestaciones que puedan comportar sobreseimiento del proceso por satisfacción extraprocesal o carencia sobrevenida de objeto. 2.º Para ejercitar las facultades que el poderdante hubiera excluido del poder general, conforme a lo dispuesto en el apartado anterior. 3.º En todos los demás casos en que así lo exijan las leyes.' Ocho. Se modifica el apartado 5 del artículo 32, que queda redactado como sigue: '5. Cuando la intervención de abogado y procurador no sea preceptiva, de la eventual condena en costas de la parte contraria a la que se hubiese servido de dichos profesionales se excluirán los derechos y honorarios devengados por los mismos, salvo que el Tribunal aprecie temeridad o abuso del servicio público de Justicia en la conducta del condenado en costas o que el domicilio de la parte representada y defendida esté en partido judicial distinto a aquel en que se ha tramitado el juicio, operando en este último caso las limitaciones a que se refiere el apartado 3 del artículo 394 de esta ley. También se excluirán, en todo caso, los derechos devengados por el procurador como consecuencia de aquellas actuaciones de carácter meramente facultativo que hubieran podido ser practicadas por las Oficinas judiciales. Página 520 En el caso en el que, pese a no ser preceptiva la intervención de abogado o abogada ni de procurador o procuradora, el consumidor opte por valerse de estos profesionales para interponer demanda tras haber formulado una reclamación extrajudicial previa, en la tasación de costas se incluirá la cuenta del procurador y la minuta del abogado, en este último caso sin el límite establecido en el artículo 394.3 de esta ley.' Nueve. El numeral 14.º del apartado 1 del artículo 52, queda redactado en los términos siguientes: '14.º En los procesos en que se ejerciten acciones para que se declare la no incorporación al contrato o la nulidad de las cláusulas de condiciones generales de la contratación, será competente el tribunal del domicilio del demandante.' Diez. Se suprime el numeral 16.º del apartado 1 del artículo 52. Once. Se suprime el numeral 1.º del apartado 2 del artículo 76 y se reordenan los numerales siguientes. Doce. Se modifica el apartado 1 del artículo 156, que queda redactado como sigue: '1. En los casos en que el demandante manifestare que le es imposible designar un domicilio o residencia del demandado, y la averiguación del mismo fuere necesaria, se utilizarán por el letrado o la letrada de la Administración de Justicia los medios oportunos para averiguar esas circunstancias, pudiendo dirigirse, en su caso, a los Registros, organismos, Colegios profesionales, entidades y empresas a que se refiere el apartado 3 del artículo 155. Al recibir estas comunicaciones, los Registros y organismos públicos procederán conforme a las disposiciones que regulen su actividad.' Trece. Se modifica la rúbrica del artículo 208, quedando con la siguiente redacción: 'Artículo 208. Forma de las resoluciones escritas.' Catorce. Se modifica el artículo 209, que queda redactado como sigue: 'Artículo 209. Reglas especiales sobre forma y contenido de las sentencias escritas. Las sentencias dictadas por escrito habrán de cumplir lo dispuesto en el artículo anterior y se sujetarán, además, a las siguientes reglas: 1.ª En el encabezamiento deberán expresarse los nombres de las partes y, cuando sea necesario, la legitimación y representación en virtud de las cuales actúen, así como los nombres de los abogados, las abogadas, los procuradores y las procuradoras y el objeto del juicio. 2.ª En los antecedentes de hecho se consignarán, con la claridad y la concisión posibles y en párrafos separados y numerados, las pretensiones de las partes o interesados, los hechos en que las funden, que hubieren sido alegados oportunamente y tengan relación con las cuestiones que hayan de resolverse, las pruebas que se hubiesen propuesto y practicado y los hechos probados, en su caso. 3.ª En los fundamentos de derecho se expresarán, en párrafos separados y numerados, los puntos de hecho y de derecho fijados por las partes y los que ofrezcan las cuestiones controvertidas, dando las razones y fundamentos legales del fallo que haya de dictarse, con expresión concreta de las normas jurídicas aplicables al caso. 4.ª El fallo, que se acomodará a lo previsto en los artículos 216 y siguientes, contendrá, numerados, los pronunciamientos correspondientes a las pretensiones Página 521 de las partes, aunque la estimación o desestimación de todas o algunas de dichas pretensiones pudiera deducirse de los fundamentos jurídicos, así como el pronunciamiento sobre las costas. También determinará, en su caso, la cantidad objeto de la condena, sin que pueda reservarse su determinación para la ejecución de la sentencia, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 219 de esta ley.' Quince. Se modifica el artículo 210, que queda redactado como sigue: 'Artículo 210. Resoluciones orales. 1. Salvo que la ley permita diferir el pronunciamiento, las resoluciones distintas de sentencia que deban dictarse en la celebración de una vista, audiencia o comparecencia ante el Tribunal o el letrado o la letrada de la Administración de Justicia se pronunciarán oralmente en el mismo acto, documentándose éste con expresión del fallo y motivación sucinta de aquellas resoluciones. 2. Pronunciada oralmente una resolución, si todas las personas que fueren parte en el proceso estuvieren presentes en el acto, por sí o debidamente representadas, y expresaren su decisión de no recurrir, se declarará, en el mismo acto, la firmeza de la resolución. Fuera de este caso, el plazo para recurrir comenzará a contar desde la notificación de la resolución debidamente redactada. 3. Salvo en los procedimientos en los que no intervenga abogado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31.2, podrán dictarse sentencias oralmente en el ámbito del juicio verbal, haciéndose expresión de las pretensiones de las partes, las pruebas propuestas y practicadas y, en su caso, de los hechos probados a resultas de las mismas, haciendo constar las razones y fundamentos legales del fallo que haya de dictarse, con expresión concreta de las normas jurídicas aplicables al caso. El fallo se ajustará a las previsiones de la regla cuarta del artículo 209 de esta ley. La sentencia se dictará al concluir el mismo acto de la vista en presencia de las partes, sin perjuicio de su ulterior redacción por el juez, la jueza o el magistrado o la magistrada. Se expresará si la sentencia es o no firme, indicando, en este caso, los recursos que procedan, órgano ante el cual deben interponerse y plazo para ello. 4. Pronunciada oralmente una sentencia, si todas las personas que fueren parte en el proceso estuvieren presentes en el acto, por sí o debidamente representadas, y expresaren su decisión de no recurrir, se declarará, en el mismo acto, la firmeza de la resolución. Fuera de este caso, el plazo para recurrir comenzará a contar desde que se notificase a la parte la resolución así dictada mediante el traslado del soporte audiovisual que la haya registrado junto con el testimonio del texto redactado referido en el párrafo segundo del apartado anterior.' Dieciséis. Queda sin contenido el artículo 221. Diecisiete. Se da nueva redacción al primer párrafo del apartado 3 del artículo 222, en los términos siguientes: '3. La cosa juzgada afectará a las partes del proceso en que se dicte y a sus herederos y causahabientes, así como a los sujetos, no litigantes, titulares de los derechos que fundamenten la legitimación de las partes conforme a lo previsto en el artículo 10.' Dieciocho. Se modifica el apartado 3 del artículo 244, que queda redactado como sigue: '3. Transcurrido el plazo establecido en el apartado primero sin haber sido impugnada la tasación de costas practicada o sin haberse solicitado la exoneración o reducción de acuerdo con lo previsto en el artículo siguiente, el letrado o la letrada de la Administración de Justicia la aprobará mediante decreto. Contra esta Página 522 resolución cabe recurso directo de revisión, y contra el auto resolviendo el recurso de revisión no cabe recurso alguno.' Diecinueve. Se modifica el artículo 245, que queda redactado como sigue: 'Artículo 245. Impugnación de la tasación de costas y solicitud de exoneración o moderación de las mismas. 1. La tasación de costas podrá ser impugnada dentro del plazo a que se refiere el apartado 1 del artículo anterior. 2. La impugnación podrá basarse en que se han incluido en la tasación, partidas, derechos o gastos indebidos. Pero, en cuanto a los honorarios de los abogados, las abogadas, peritos o profesionales no sujetos a arancel, también podrá impugnarse la tasación alegando que el importe de dichos honorarios es excesivo. 3. La parte favorecida por la condena en costas podrá impugnar la tasación por no haberse incluido en aquélla gastos debidamente justificados y reclamados. También podrá fundar su reclamación en no haberse incluido la totalidad de la minuta de honorarios de su abogado, abogada, o de perito, profesional o personal funcionario no sujeto a arancel que hubiese actuado en el proceso a su instancia, o en no haber sido incluidos correctamente los derechos de su procurador. 4. En el escrito de impugnación habrán de mencionarse las cuentas o minutas y las partidas concretas a que se refiera la discrepancia y las razones de ésta. De no efectuarse dicha mención, el letrado o la letrada de la Administración de Justicia, mediante decreto, inadmitirá la impugnación a trámite. Frente a dicho decreto cabrá interponer recurso de revisión. 5. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores y en el mismo plazo, la parte condenada al pago de las costas podrá solicitar la exoneración de su pago o la moderación de su cuantía cuando hubiera formulado una propuesta a la parte contraria en cualquiera de los medios adecuados de solución de controversias al que hubieran acudido, la misma no hubiera sido aceptada por la parte requerida y la resolución judicial que ponga término al procedimiento sea sustancialmente coincidente con el contenido de dicha propuesta. Las mismas consecuencias tendrá el rechazo injustificado de la propuesta que hubiese formulado el tercero neutral, cuando la sentencia recaída en el proceso sea sustancialmente coincidente con la citada propuesta. A la solicitud de exoneración o modificación deberá acompañar la documentación íntegra referida a la propuesta formulada, que en este momento procesal y a estos efectos, estará dispensada de confidencialidad. De no acompañarse dicha documentación, el Letrado de la Administración de Justicia, mediante decreto, inadmitirá a trámite la solicitud. Frente a este decreto cabrá interponer recurso de revisión.' Veinte. Se añade un nuevo artículo 245 bis, con el siguiente contenido: 'Artículo 245 bis. Tramitación y decisión de la solicitud de exoneración o reducción. 1. Si tras la tasación la parte condenada al pago de las costas hubiera solicitado su exoneración o la moderación de su cuantía de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 245.5 de esta ley, el letrado o la letrada de la Administración de Justicia dará traslado a la otra parte por tres días para que se pronuncie sobre dicha solicitud. 2. En el caso de que la parte favorecida por la condena en costas aceptase la exoneración o la reducción solicitada de contrario, se procederá por el letrado o la letrada de la Administración de Justicia a dictar decreto fijando, en su caso, la cantidad debida en los términos de la solicitud. Se entenderá que presta su conformidad a la solicitud si deja pasar el plazo sin evacuar el traslado. Página 523 Contra este decreto cabrá interponer recurso de revisión. 3. En el caso de que la parte favorecida por la condena en costas no aceptase la exoneración o la reducción solicitada de contrario, se resolverá por el tribunal si son o no procedentes en la cuantía tasada, mediante auto sin condena en costas. Si se considerara procedente una reducción, el auto deberá indicar el porcentaje concreto y las partidas objeto de la misma. Contra este auto cabrá interponer recurso de reposición. 4. Una vez firme la resolución que hubiera denegado la exoneración o la reducción, así como la que hubiera reducido la cuantía de las costas, se procederá, en su caso, a tramitar la impugnación de la tasación de costas por excesivas o indebidas de acuerdo con lo previsto en el artículo siguiente.' Veintiuno. Se modifican los apartados 1 y 3 del artículo 246, que quedan redactados como sigue: 'Artículo 246. Tramitación y decisión de la impugnación. 1. Si la tasación se impugnara por considerar excesivos los honorarios de los abogados o las abogadas, se oirá en el plazo de cinco días al abogado o abogada de que se trate y, si no aceptara la reducción de honorarios que se le reclame, se pasará testimonio de los autos, o de la parte de ellos que resulte necesaria, al Colegio de Abogados para que emita informe. No será necesario en el procedimiento testigo cuando ya se haya emitido informe previamente.' '3. El letrado o la letrada de la Administración de Justicia, a la vista de lo actuado y de los dictámenes emitidos, dictará decreto manteniendo la tasación realizada o, en su caso, introducirá las modificaciones que estime oportunas. Si la impugnación fuere totalmente desestimada, se impondrán las costas del incidente al impugnante si hubiera obrado con abuso del servicio público de Justicia. Si fuere total o parcialmente estimada, se impondrán, también en el caso de que hubiera obrado con abuso del servicio público de Justicia, al abogado o al perito cuyos honorarios se hubieran considerado excesivos. Contra dicho decreto cabe recurso de revisión. Contra el auto resolviendo el recurso de revisión no cabe recurso alguno.' Veintidós. Se modifican los apartados 3 y 4 del artículo 247, que quedan redactados como sigue: '3. Si los tribunales estimaren que alguna de las partes ha actuado conculcando las reglas de la buena fe procesal o con abuso del servicio público de Justicia, podrán imponerle, en pieza separada, mediante acuerdo motivado, y respetando el principio de proporcionalidad, una multa que podrá oscilar de ciento ochenta a seis mil euros, sin que en ningún caso pueda superar la tercera parte de la cuantía del litigio. Para determinar la cuantía de la multa el tribunal deberá tener en cuenta las circunstancias del hecho de que se trate, los perjuicios que, al procedimiento, a la otra parte o a la Administración de Justicia se hubieren podido causar, la capacidad económica del infractor, así como la reiteración en la conducta. En todo caso, por el letrado o la letrada de la Administración de Justicia se hará constar el hecho que motive la actuación correctora, las alegaciones del implicado y el acuerdo que se adopte por el tribunal.' '4. Si los tribunales entendieren que la actuación contraria a las reglas de la buena fe podría ser imputable a alguno de los profesionales intervinientes en el proceso, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, darán traslado de tal circunstancia a los Colegios profesionales respectivos por si pudiera proceder la imposición de algún tipo de sanción disciplinaria. En los casos en los que tal actuación se produzca en el ámbito de un proceso en el que la parte litigase con el Página 524 beneficio de justicia gratuita, tal comunicación se remitirá también a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita correspondiente.' Veintitrés. Se da nueva redacción a los numerales 4.º y 5.º del apartado 1 del artículo 249, en los términos siguientes: '4.º Las demandas en materia de competencia desleal, defensa de la competencia, en aplicación de los artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea o de los artículos 1 y 2 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia; propiedad industrial, propiedad intelectual y publicidad, siempre que no versen exclusivamente sobre reclamaciones de cantidad, en cuyo caso se tramitarán por el procedimiento que les corresponda en función de la cuantía que se reclame y los recursos contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas en materia de propiedad industrial que pongan fin a la vía administrativa, que se tramitarán por los trámites del juicio verbal conforme a lo dispuesto en el artículo 250.3. No obstante, se estará a lo dispuesto en el título IV del libro IV cuando se trate del ejercicio de acciones colectivas para la protección y defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios en materia de publicidad.' '5.º Las demandas en que se ejerciten acciones individuales relativas a condiciones generales de contratación en los casos previstos en la legislación sobre esta materia.' Veinticuatro. Se suprime el numeral 12.º del apartado 1 del artículo 250. Veinticinco. Se modifica el apartado 3 del artículo 255, que queda redactado como sigue: '3. En el juicio verbal, el demandado impugnará la cuantía o la clase de juicio por razón de la cuantía en la contestación a la demanda, y el tribunal resolverá la cuestión en el trámite del artículo 438.10.' Veintiséis. Se suprime el numeral 6.º del apartado 1 del artículo 256. Veintisiete. Se da nueva redacción al segundo párrafo del apartado 1 del artículo 257, en los términos siguientes: 'En los casos de los números 7.º, 8.º y 9.º del apartado 1 del artículo anterior, será competente el tribunal ante el que haya de presentarse la demanda determinada. Si, en estos casos, se solicitasen nuevas diligencias, a raíz del resultado de las hasta entonces practicadas, podrán instarse del mismo tribunal o bien del que, a raíz de los hechos averiguados en la anterior diligencia, resultaría competente para conocer de la misma pretensión o de nuevas pretensiones que pudieran eventualmente acumularse.' Veintiocho. Se da nueva redacción a la regla 5.ª del artículo 261, en los términos siguientes: '5.ª Tratándose de las diligencias previstas en los números 5 bis, 7.º y 8.º del apartado 1 del artículo 256, ante la negativa del requerido a la exhibición de documentos el tribunal ordenará que se acuerden las medidas de intervención necesarias, incluida la de entrada y registro, para encontrar los documentos precisos, sin perjuicio de la responsabilidad penal en que se pudiera incurrir por desobediencia a la autoridad judicial.' Página 525 Veintinueve. Se añade un número 4.º al artículo 264, que queda redactado como sigue: 'Artículo 264. Documentos procesales. Con la demanda o la contestación habrán de presentarse: 1.º La certificación del registro electrónico de apoderamientos judiciales o referencia al número asignado por dicho registro. 2.º Los documentos que acrediten la representación que el litigante se atribuya. 3.º Los documentos o dictámenes que acrediten el valor de la cosa litigiosa, a efectos de competencia y procedimiento. 4.º El documento que acredite haberse intentado la actividad negociadora previa a la vía judicial cuando la Ley exija dicho intento como requisito de procedibilidad.' Treinta. Se modifica el artículo 287, que queda redactado como sigue: 'Artículo 287. Ilicitud de la prueba. 1. Cuando alguna de las partes entendiera que en la obtención u origen de alguna prueba admitida se han vulnerado derechos fundamentales habrá de alegarlo de inmediato, con traslado, en su caso, a las demás partes. Sobre esta cuestión, que también podrá ser suscitada de oficio por el tribunal, se resolverá en el acto del juicio. A tal efecto, se oirá a las partes y, en su caso, se practicarán las pruebas pertinentes y útiles que se propongan en el acto sobre el concreto extremo de la referida ilicitud. 2. Contra la resolución a que se refiere el apartado anterior solo cabrá recurso de reposición, que se interpondrá, sustanciará y resolverá en el mismo acto del juicio o vista, quedando a salvo el derecho de las partes a reproducir la impugnación de la prueba ilícita en la apelación contra la sentencia definitiva. 3. En el caso de que la cuestión indicada en el apartado primero se suscitase en el ámbito del juicio verbal, se resolverá conforme a lo dispuesto en el artículo 438.10 de esta ley.' Treinta y uno. Se modifica el artículo 394, que queda redactado como sigue: 'Artículo 394. Condena en las costas de la primera instancia. 1. En los procesos declarativos, las costas de la primera instancia se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que el tribunal aprecie, y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho. Para apreciar, a efectos de condena en costas, que el caso era jurídicamente dudoso se tendrá en cuenta la jurisprudencia recaída en casos similares. No obstante, cuando la participación en un medio de solución de conflictos sea legalmente preceptiva, o se hubiere acordado, previa conformidad de las partes, por el juez, la jueza o el tribunal o el letrado o la letrada de la Administración de Justicia durante el curso del proceso, no habrá pronunciamiento de costas a favor de aquella parte que hubiere rehusado expresamente o por actos concluyentes, y sin justa causa, participar en un medio adecuado de solución de controversias al que hubiese sido efectivamente convocado. 2. Si fuere parcial la estimación o desestimación de las pretensiones, cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad, a no ser que hubiere méritos para imponerlas a una de ellas por haber litigado con temeridad. No obstante, si alguna de las partes no hubiere acudido, sin causa que lo justifique, a un intento de mediación u otro de los medios adecuados de solución de Página 526 controversias, cuando fuera legalmente preceptivo o así lo hubiera acordado el juez, la jueza o el tribunal o el letrado de la Administración de Justicia durante el proceso, se le podrá condenar al pago de las costas, en decisión debidamente motivada, aun cuando la estimación de la demanda sea parcial. 3. Cuando, en aplicación de lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo, se impusieren las costas al litigante vencido, éste sólo estará obligado a pagar, de la parte que corresponda a los abogados y demás profesionales que no estén sujetos a tarifa o arancel, una cantidad total que no exceda de la tercera parte de la cuantía del proceso, por cada uno de los litigantes que hubieren obtenido tal pronunciamiento; a estos solos efectos, las pretensiones inestimables se valorarán en 18.000 euros, salvo que, en razón de la complejidad del asunto, el tribunal disponga otra cosa. No se aplicará lo dispuesto en el párrafo anterior cuando el tribunal declare la temeridad del litigante condenado en costas. Cuando el condenado en costas sea titular del derecho de asistencia jurídica gratuita, éste únicamente estará obligado a pagar las costas causadas en defensa de la parte contraria en los casos expresamente señalados en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita. 4. Si la parte requerida para iniciar una actividad negociadora previa tendente a evitar el proceso judicial hubiese rehusado intervenir en la misma, la parte requirente quedará exenta de la condena en costas, salvo que se aprecie un abuso del servicio público de Justicia. 5. En ningún caso se impondrán las costas al Ministerio Fiscal en los procesos en que intervenga como parte.' Treinta y dos. Se modifica el artículo 395, que queda redactado como sigue: 'Artículo 395. Condena en costas en caso de allanamiento. 1. Si el demandado se allanare a la demanda antes de contestarla, no procederá la imposición de costas salvo que el tribunal, razonándolo debidamente, aprecie mala fe en su conducta, o abuso del servicio público de Justicia. Se entenderá que existe mala fe a estos efectos cuando, antes de presentada la demanda, se hubiese requerido al demandado para el cumplimiento de la obligación de forma fehaciente y justificada, o cuando hubiese rechazado el acuerdo ofrecido en un intento de conciliación, la participación en un proceso de mediación u otro de los medios adecuados de solución de controversias. 2. Si el allanamiento se produjere tras la contestación a la demanda, se aplicará el apartado 1 del artículo anterior. 3. Si la parte demandada no hubiere acudido, sin causa que lo justifique, a un intento de mediación u otro de los medios adecuados de solución de controversias, cuando fuera legalmente preceptivo o así lo hubiera acordado el juez, la jueza o el tribunal o el letrado o la letrada de la Administración de Justicia durante el proceso y luego se allanare a la demanda, se le condenará en costas, salvo que el tribunal, en decisión debidamente motivada, aprecie circunstancias excepcionales para no imponérselas.' Treinta y tres. Se añade un párrafo tercero al apartado 1 y se modifica el apartado 3 del artículo 399, que quedan redactados como sigue: '1. El juicio principiará por demanda, en la que, consignados de conformidad con lo que se establece en el artículo 155 los datos y circunstancias de identificación del actor y del demandado, el domicilio o residencia en que pueden ser emplazados, y se expondrán numerados y separados los hechos y los fundamentos de derecho, y se fijará con claridad y precisión lo que se pida. Igualmente, para aquellos supuestos en que legalmente sea necesario realizar notificaciones, requerimientos o emplazamientos personales directamente a la Página 527 persona demandante, o cuando ésta actúe sin procurador, y siempre que se trate de personas obligadas a relacionarse electrónicamente con la Administración de Justicia, o que elijan hacerlo pese a no venir obligadas a ello, se consignarán cualquiera de los medios previstos en el apartado 1 del artículo 162 o, en su caso, un número de teléfono y una dirección de correo electrónico, de disponer de ellos, haciéndose constar el compromiso del demandante de recibir a través de ellos cualquier comunicación que le dirija el órgano judicial. Dicho compromiso se extenderá al proceso de ejecución a que dé lugar la resolución que ponga fin el juicio. Las comunicaciones a través de dichos medios deberán realizarse en la forma y con las garantías previstas en el artículo 162 para su debida constancia.' '3. Los hechos se narrarán de forma ordenada y clara con objeto de facilitar su admisión o negación por el demandado al contestar. Con igual orden y claridad se expresarán los documentos, medios e instrumentos que se aporten en relación con los hechos que fundamenten las pretensiones y, finalmente, se formularán valoraciones o razonamientos sobre éstos, si parecen convenientes para el derecho del litigante. Así mismo, se hará constar en la demanda la descripción del proceso de negociación previo llevado a cabo y se manifestarán los documentos que justifiquen que se ha acudido a un medio adecuado de solución de controversias, salvo en los supuestos exceptuados en la Ley de este requisito de procedibilidad.' Treinta y cuatro. Se modifica el apartado 2 del artículo 403, que queda redactado como sigue: '2. No se admitirán las demandas cuando no se acompañen a ella los documentos que la ley expresamente exija para la admisión de aquellas, cuando no se hagan constar las circunstancias a las que se refiere el segundo párrafo del apartado 3 del artículo 399 en los casos en que se haya acudido a un medio adecuado de solución de controversias por exigirlo la ley como requisito de procedibilidad, o cuando no se hayan efectuado los requerimientos, reclamaciones o consignaciones que se exijan en casos especiales.' Treinta y cinco. Se modifica el apartado 1 del artículo 414, que queda redactado como sigue: '1. Una vez contestada la demanda y, en su caso, la reconvención, o transcurridos los plazos correspondientes, el letrado o la letrada de la Administración de Justicia, dentro del tercer día, convocará a las partes a una audiencia, que habrá de celebrarse en el plazo de veinte días desde la convocatoria. La audiencia tendrá por objeto intentar que las partes puedan alcanzar un acuerdo o transacción que ponga fin al proceso, examinar las cuestiones procesales que pudieran obstar a la prosecución de éste y a su terminación mediante sentencia sobre su objeto, fijar con precisión dicho objeto y los extremos, de hecho, o de derecho, sobre los que exista controversia entre las partes y, en su caso, proponer y admitir la prueba. En atención al objeto del proceso, el tribunal podrá invitar a las partes a que intenten un acuerdo que ponga fin al proceso, en su caso a través de un procedimiento de mediación, instándolas a que asistan a una sesión informativa.' Treinta y seis. Se modifica el artículo 415, que queda redactado como sigue: 'Artículo 415. Intento de solución extrajudicial de la controversia. Sobreseimiento por desistimiento bilateral. Homologación y eficacia del acuerdo. 1. Comparecidas las partes, el tribunal declarará abierto el acto y comprobará si subsiste el litigio entre ellas. Página 528 Si manifestasen haber llegado a un acuerdo o se mostrasen dispuestas a concluirlo de inmediato, podrán desistir del proceso o solicitar del tribunal que homologue lo acordado. Las partes de común acuerdo podrán también solicitar la suspensión del proceso de conformidad con lo previsto en el artículo 19.4, para someterse a un medio adecuado de solución de controversias. En este caso, el tribunal examinará previamente la concurrencia de los requisitos de capacidad jurídica y poder de disposición de las partes o de sus representantes debidamente acreditados, que asistan al acto. 2. El acuerdo homologado judicialmente, surtirá los efectos atribuidos por la ley a la transacción judicial y podrá llevarse a efecto por los trámites previstos para la ejecución de sentencias y convenios judicialmente aprobados. Dicho acuerdo podrá impugnarse por las causas y en la forma que se prevén para la transacción judicial. 3. Si las partes no hubiesen llegado a un acuerdo o no se mostrasen dispuestas a concluirlo de inmediato, la audiencia continuará según lo previsto en los artículos siguientes. Cuando se hubiera suspendido el proceso para acudir a un medio adecuado de solución de controversias, terminada dicha actividad, cualquiera de las partes podrá solicitar que se alce la suspensión y se señale fecha para la continuación de la audiencia.' Treinta y siete. Se modifica el apartado 2 del artículo 429, que queda redactado como sigue: '2. Una vez admitidas las pruebas pertinentes y útiles, se procederá a señalar la fecha del juicio, que deberá celebrarse en el plazo de un mes desde la conclusión de la audiencia. Siempre que el señalamiento pueda hacerse en el mismo acto, se hará por el juez o la jueza, teniendo en cuenta las necesidades de la agenda programada de señalamientos y las demás circunstancias contenidas en el artículo 182.4. En los restantes casos se fijará la fecha por el letrado o la letrada de la Administración de Justicia, conforme a lo prevenido en el artículo 182. No obstante, lo anterior, el juez o la jueza podrá plantear a las partes la posibilidad de derivación del litigio a un medio adecuado de solución de controversias, siempre que considere fundadamente que es posible un acuerdo entre las partes. Si todas las partes manifestaran su conformidad con la derivación, se acordará mediante providencia que podrá dictarse oralmente. La actividad de negociación deberá desarrollarse durante el tiempo que media entre la finalización de la audiencia previa y la fecha señalada para el juicio. No obstante, si quince días antes de llegar dicho término todas las partes manifestaran la conveniencia de prorrogar dicho plazo por una sola vez y por un tiempo determinado que deberán especificar, el letrado o la letrada de Administración de Justicia fijará nueva fecha para la celebración del juicio. En el caso de haberse alcanzado un acuerdo entre las partes, éstas deberán comunicarlo al tribunal para que decrete el archivo del procedimiento, sin perjuicio de solicitar previamente su homologación judicial. Si el procedimiento seguido para alcanzar el acuerdo fuere una conciliación ante Notario o Registrador, se acreditará mediante la escritura o certificación registral, sin que sea precisa la homologación judicial.' Treinta y ocho. Se modifica el apartado 8 y se añaden los apartados 9 y 10 al artículo 438, que quedan redactados como sigue: '8. Contestada la demanda y, en su caso, la reconvención o el crédito compensable, o transcurridos los plazos correspondientes, el letrado o la letrada de la Administración de Justicia dictará diligencia de ordenación acordando dar traslado del escrito de contestación a la parte demandante y concediendo a ambas partes el Página 529 plazo común de cinco días a fin de que propongan la prueba que quieran practicar, debiendo, igualmente, indicar las personas que, por no poderlas presentar ellas mismas, han de ser citadas por el letrado o la letrada de la Administración de Justicia a la vista para que declaren en calidad de parte, testigos o peritos, a cuyo fin facilitarán todos los datos y circunstancias precisos para llevar a cabo la citación. En el mismo plazo de cinco días podrán las partes pedir respuestas escritas a cargo de personas jurídicas o entidades públicas, por los trámites establecidos en el artículo 381. Dentro del mismo plazo de cinco días podrá la parte actora realizar las alegaciones que tenga por conveniente con respecto a las excepciones procesales planteadas por el demandado en su escrito de contestación que puedan impedir la válida prosecución y término del proceso mediante sentencia sobre el fondo. 9. En los tres días siguientes al traslado del escrito de proposición de prueba, las partes podrán, en su caso, presentar las impugnaciones a las que se refieren los artículos 280, 283, 287 y 427. 10. Transcurrido el plazo señalado en el número anterior, el tribunal resolverá por auto sobre la impugnación de la cuantía del pleito de haberse producido, sobre las excepciones procesales planteadas, sobre la admisión de la prueba propuesta y sobre la pertinencia de la celebración de vista, acordando, en caso de no considerarla necesaria, que queden los autos conclusos para dictar sentencia. Contra este auto cabrá interponer recurso de reposición, que tendrá efecto suspensivo. Cuando la única prueba que resulte admitida sea la de documentos, y éstos ya se hubieran aportado al proceso sin resultar impugnados, o cuando se hayan presentado informes periciales y el tribunal no haya considerado pertinente o útil la presencia de los peritos en el juicio, se procederá a dictar sentencia, sin previa celebración de la vista.' Treinta y nueve. Se añade un nuevo apartado 5 al artículo 439, de forma que el actual apartado 5 pasa a ser el 8, con la siguiente redacción: '5. No se admitirán las demandas que tengan por objeto las acciones de reclamación de devolución de las cantidades indebidamente satisfechas por el consumidor en aplicación de determinadas cláusulas suelo o de cualesquiera otras cláusulas que se consideren abusivas contenidas en contratos de préstamo o crédito garantizados con hipoteca inmobiliaria cuando no se acompañe a la demanda documento que justifique haber practicado el consumidor una reclamación previa extrajudicial a la persona física o jurídica que realice la actividad de concesión de préstamos o créditos de manera profesional, con el fin de que reconozca expresamente el carácter abusivo de dichas cláusulas, con la consiguiente devolución de las cantidades indebidamente satisfechas por el consumidor.' '8. Tampoco se admitirán las demandas de juicio verbal cuando no se cumplan los requisitos de admisibilidad, que, para casos especiales, puedan establecer las leyes.' Cuarenta. Se modifica el artículo 443, que queda redactado como sigue: 'Artículo 443. Desarrollo de la vista. 1. Comparecidas las partes, presencialmente o por videoconferencia en los casos que así se haya acordado, el tribunal declarará abierto el acto y comprobará si subsiste el litigio entre ellas. Si manifestasen haber llegado a un acuerdo o se mostrasen dispuestas a concluirlo de inmediato, podrán desistir del proceso o solicitar del tribunal que homologue lo acordado. El acuerdo homologado judicialmente surtirá los efectos atribuidos por la ley a la transacción judicial y podrá llevarse a efecto por los trámites Página 530 previstos para la ejecución de sentencias y convenios judicialmente aprobados. Dicho acuerdo podrá impugnarse por las causas y en la forma que se prevén para la transacción judicial. Las partes de común acuerdo podrán también solicitar la suspensión del proceso de conformidad con lo previsto en el apartado 4 del artículo 19, para someterse a mediación u otro medio adecuado de solución de controversias. En este caso, el tribunal examinará previamente la concurrencia de los requisitos de capacidad jurídica y poder de disposición de las partes o de sus representantes debidamente acreditados, que asistan al acto. Cuando se hubiera suspendido el proceso para acudir a mediación u otro medio adecuado de solución de controversias, terminada la actividad de negociación sin acuerdo, cualquiera de las partes podrá solicitar que se alce la suspensión y se señale fecha para la continuación de la vista. Por el contrario, en el caso de haberse alcanzado acuerdo entre las partes, éstas deberán comunicarlo al tribunal para que decrete el archivo del procedimiento, sin perjuicio de solicitar previamente su homologación judicial. 2. En atención al objeto del proceso el tribunal, antes de la práctica de la prueba, podrá plantear a las partes la posibilidad de derivación del litigio a un medio adecuado de solución de controversias, siempre que considere fundadamente que es posible un acuerdo entre las partes y el letrado o la letrada de la Administración de Justicia no hubiera intentado la derivación previa. Si todas las partes manifestaran su conformidad con la derivación, se acordará previa suspensión del procedimiento mediante providencia que podrá dictarse oralmente. La actividad de negociación deberá desarrollarse en el plazo máximo que fije el tribunal atendiendo a la complejidad del procedimiento y demás circunstancias concurrentes. No obstante, si quince días antes de cumplirse el plazo fijado judicialmente todas las partes manifestaran la conveniencia de prorrogar dicho plazo por una sola vez y por un tiempo determinado que deberán especificar de común acuerdo, el tribunal podrá acceder a ello si observa avances en la negociación que permiten prever una solución extrajudicial de la controversia en el nuevo plazo solicitado. Las partes deberán comunicar al tribunal si han alcanzado o no un acuerdo dentro del plazo fijado. Si han llegado a un acuerdo total el tribunal decretará el archivo del procedimiento, sin perjuicio de que las partes deban solicitar previamente su homologación judicial. En caso de desacuerdo o en caso de acuerdo parcial, y sin perjuicio de la homologación judicial del mismo, se acordará el levantamiento de la suspensión y la continuación de la vista para la práctica de las pruebas en el día que se señale al efecto. La asignación de fecha para la continuación de la vista se hará con carácter preferente. 3. Si las partes no hubiesen llegado a un acuerdo o no se mostrasen dispuestas a concluirlo de inmediato, el tribunal dará la palabra a las partes para realizar aclaraciones y fijar los hechos sobre los que exista contradicción. 4. Si no hubiere conformidad sobre todos ellos, se practicarán seguidamente las pruebas que resultaron en su momento admitidas. La proposición de prueba de las partes podrá completarse con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 429.' Cuarenta y uno. Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 447, que quedan redactados como sigue: '1. Practicadas las pruebas, el tribunal podrá conceder a las partes un turno de palabra para formular oralmente conclusiones. A continuación, se dará por terminada la vista y el tribunal, salvo en los casos en que pronuncie sentencia oralmente según lo establecido en el artículo 210.3, dictará sentencia dentro de los diez días siguientes. Se exceptúan los juicios verbales en que se pida el desahucio de finca urbana, en que la sentencia se dictará en los cinco días siguientes, Página 531 convocándose en el acto de la vista a las partes a la sede del tribunal para recibir la notificación sino estuvieran representadas por procurador o no debiera realizarse por medios telemáticos, que tendrá lugar el día más próximo posible dentro de los cinco siguientes al de la sentencia. Sin perjuicio de lo anterior, en las sentencias de condena por allanamiento a que se refieren el apartado 3 del artículo 437 y el apartado 5 del artículo 438, en previsión de que no se verifique por el arrendatario el desalojo voluntario en el plazo señalado, se fijará con carácter subsidiario día y hora en que tendrá lugar, en su caso, el lanzamiento directo del demandado, que se llevará a término sin necesidad de ulteriores trámites en un plazo no superior a 15 días desde la finalización de dicho periodo voluntario. Del mismo modo, en las sentencias de condena por incomparecencia del demandado, se procederá al lanzamiento en la fecha fijada sin más trámite. 2. No producirán efectos de cosa juzgada las sentencias que pongan fin a los juicios verbales sobre tutela sumaria de la posesión ni las que decidan sobre la pretensión de desahucio o recuperación de finca, rústica o urbana, dada en arrendamiento, por impago de la renta o alquiler o por expiración legal o contractual del plazo, y sobre otras pretensiones de tutela que esta ley califique como sumarias. En relación a las demandas en las que se acumulen a la pretensión de desahucio o recuperación de finca dada en arrendamiento, por impago de renta o alquiler o por expiración legal o contractual del plazo, las acciones de reclamación de rentas o cantidades análogas vencidas y no pagadas, así como las acciones ejercitadas contra el fiador o avalista solidario, los pronunciamientos de la sentencia en relación a esas acciones acumuladas a la de desahucio producirán efectos de cosa juzgada.' Cuarenta y dos. Se añade un segundo párrafo al apartado 1 del artículo 456, con la siguiente redacción: 'Durante la tramitación del recurso de apelación el tribunal podrá derivar a las partes a cualquiera de los medios de solución de controversias previstos en la ley siempre que considere fundadamente que es aún posible un acuerdo entre las partes. Si todas las partes manifestaran su conformidad, por escrito o en comparecencia convocada a tal fin, se acordará la suspensión por un plazo determinado mediante providencia, que podrá dictarse oralmente si el trámite lo permite. En caso de lograrse un acuerdo total o parcial, se dictará el correspondiente auto de homologación de la transacción alcanzada o, en su caso, se recogerán en la sentencia los acuerdos alcanzados, previa la ratificación personal de los interesados y la homologación cuando la naturaleza del asunto lo requiera. En los casos previstos por la ley deberá conferirse traslado al Ministerio Fiscal y al defensor judicial del menor cuando su intervención sea preceptiva legalmente, para que puedan formular las alegaciones que estimen oportunas en plazo común de cinco días.' Cuarenta y tres. Se añade un nuevo apartado 7 al artículo 477, en los términos siguientes: '7. Serán recurribles en casación las sentencias dictadas en segunda instancia por las Audiencias Provinciales en procesos en que se hubieran ejercitado las acciones colectivas reguladas en el título IV del libro IV.' Cuarenta y cuatro. Se modifica el artículo 517, que queda redactado como sigue: 'Artículo 517. Acción ejecutiva. Títulos ejecutivos. 1. La acción ejecutiva deberá fundarse en un título que tenga aparejada ejecución. Página 532 2. Sólo tendrán aparejada ejecución los siguientes títulos: 1.º La sentencia de condena firme. 2.º Los laudos o resoluciones arbitrales y los acuerdos de mediación, debiendo estos últimos haber sido elevados a escritura pública de acuerdo con la Ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles, así como los acuerdos alcanzados por las partes en cualquier otro de los medios adecuados de solución de controversias que igualmente hubieren sido elevados a escritura pública. 3.º Las resoluciones judiciales que aprueben u homologuen transacciones judiciales y acuerdos logrados en el proceso, acompañadas, si fuere necesario para constancia de su concreto contenido, de los correspondientes testimonios de las actuaciones. 4.º La copia de la escritura pública matriz que el interesado solicite que se expida con tal carácter. 5.º El testimonio expedido por el Notario del original de la póliza debidamente conservada en su Libro-Registro o la copia autorizada de la misma, acompañada de la certificación a que se refiere el artículo 572.2 de esta ley. 6.º Los títulos al portador o nominativos, legítimamente emitidos, que representen obligaciones vencidas y los cupones, también vencidos, de dichos títulos, siempre que los cupones confronten con los títulos y éstos, en todo caso, con los libros talonarios. La protesta de falsedad del título formulada en el acto de la confrontación no impedirá, si ésta resulta conforme, que se despache la ejecución, sin perjuicio de la posterior oposición a la ejecución que pueda formular el deudor alegando falsedad en el título. 7.º Los certificados no caducados expedidos por las entidades encargadas de los registros contables respecto de los valores representados mediante anotaciones en cuenta a los que se refiere la Ley del Mercado de Valores, siempre que se acompañe copia de la escritura pública de representación de los valores o, en su caso, de la emisión, cuando tal escritura sea necesaria, conforme a la legislación vigente. Instada y despachada la ejecución, no caducarán los certificados a que se refiere el párrafo anterior. 8.º El auto que establezca la cantidad máxima reclamable en concepto de indemnización, dictado en los supuestos previstos por la ley en procesos penales incoados por hechos cubiertos por el Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil derivada del uso y circulación de vehículos de motor. 9.º Las demás resoluciones procesales y documentos que, por disposición de esta u otra ley, lleven aparejada ejecución.' Cuarenta y cinco. Se modifica el artículo 519, que queda redactado como sigue: 'Artículo 519. Acción ejecutiva de consumidores y usuarios fundada en sentencia de condena sin determinación individual de los beneficiados. Extensión de efectos de sentencias dictadas en procedimientos en los que se hayan ejercitado acciones individuales relativas a condiciones generales de la contratación. 1. En el caso de las demandas referidas en el artículo 250.1.14.º, sin perjuicio de que se pueda optar por acudir a un procedimiento declarativo, los efectos de una sentencia que reconozca una situación jurídica individualizada y que, de haberse dictado en primera instancia, hubiera adquirido firmeza tras haber sido recurrida ante la Audiencia Provincial, podrán extenderse a otras cuando concurran las siguientes circunstancias: a) Que los interesados se encuentren en idéntica situación jurídica que los favorecidos por el fallo. Página 533 b) Que se trate del mismo demandado, o quien le sucediera en su posición. c) Que no sea preciso realizar un control de transparencia de la cláusula ni valorar la existencia de vicios en el consentimiento del contratante. d) Que las condiciones generales de contratación tengan identidad sustancial con las conocidas en la sentencia cuyos efectos se pretenden extender. e) Que el órgano jurisdiccional sentenciador o competente para la ejecución de la sentencia cuyos efectos se pretende extender fuera también competente, por razón del territorio, para conocer de la pretensión. En estos casos, la solicitud se planteará por medio de escrito en el que se indicará el número de procedimiento en el que se hubiera dictado la sentencia cuyos efectos se pretende extender, la concreta pretensión que podrá ser de anulación, de cantidad o ambas, la identidad de la situación jurídica y un número de cuenta bancaria en la que, eventualmente, puedan realizarse ingresos, acompañando en su caso la documentación en que funde su petición. Esta solicitud deberá formularse en el plazo máximo de un año desde la firmeza de la sentencia cuyos efectos se pretende extender. 2. De la solicitud y sus documentos se dará traslado por diez días a la parte condenada en el procedimiento previo en el que se hubiera dictado la sentencia cuya extensión de efectos se pretende, que podrá allanarse u oponerse. A dicho escrito deberá acompañar la documentación en que funde su oposición o identificarla si ya obrara en autos. Si no se respondiere en plazo, se entenderá que muestra conformidad con la solicitud. 3. Sin más trámite, en los cinco días siguientes se dictará auto accediendo en todo o en parte a la solicitud de extensión de efectos, fijándose, en su caso, la cantidad debida, o rechazándola, sin que se pueda reconocer una situación jurídica distinta a la definida en la sentencia firme de que se trate. Si el auto accede total o parcialmente y hubiera habido oposición, se estará a la regulación sobre imposición de costas procesales prevista en el artículo 394. Si se rechaza la solicitud de extensión de efectos no se hará pronunciamiento condenatorio sobre las costas, sin perjuicio de poder acudir al juicio declarativo que proceda. 4. El auto que resuelva extender efectos en todo o en parte, o que deniegue la extensión, será susceptible de recurso de apelación, el cual será de tramitación preferente. 5. Si en el término previsto en el artículo 548 no se cumpliera voluntariamente realizando el ingreso en la cuenta designada por el solicitante, la parte interesada podrá instar la ejecución del auto que acuerde la extensión de efectos, para lo que servirá de título ejecutivo el testimonio del auto que acuerde la extensión de efectos.' Cuarenta y seis. Se da nueva redacción al apartado 4 del artículo 521, en los términos siguientes: '4. Las sentencias firmes dictadas en acciones colectivas o individuales por las que se declare la nulidad, cesación o retractación en la utilización de condiciones generales abusivas, se remitirán de oficio por el órgano judicial al Registro de Condiciones Generales de la Contratación y de Acciones Colectivas, para su inscripción.' Cuarenta y siete. Se añade un nuevo numeral 4.ª al apartado 1 del artículo 525: '4.ª Las sentencias dictadas en los procesos en que se ejerciten las acciones colectivas resarcitorias reguladas en el título IV del libro IV.' Página 534 Cuarenta y ocho. Se modifica el apartado 2 del artículo 539, que queda redactado como sigue: '2. En las actuaciones del proceso de ejecución para las que esta ley prevea expresamente pronunciamiento sobre costas, las partes deberán satisfacer los gastos y costas que les correspondan conforme a lo previsto en el artículo 241 de esta ley, sin perjuicio de los reembolsos que procedan tras la decisión del tribunal o, en su caso, del letrado o la letrada de la Administración de Justicia sobre las costas. Las costas del proceso de ejecución no comprendidas en el párrafo anterior serán a cargo del ejecutado sin necesidad de expresa imposición, pero, hasta su liquidación, el ejecutante deberá satisfacer los gastos y costas que se vayan produciendo, salvo los que correspondan a actuaciones que se realicen a instancia del ejecutado o de otros sujetos, que deberán ser pagados por quien haya solicitado la actuación de que se trate.' Cuarenta y nueve. Se modifica el apartado 1 del artículo 565, que queda redactado como sigue: '1. Sólo se suspenderá la ejecución en los casos en que la Ley lo ordene de modo expreso, o así lo acuerden todas las partes personadas en la ejecución. En cualquier momento del proceso de ejecución, las partes podrán someterse a mediación en los términos previstos en la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, o a cualquier otro de los medios adecuados de solución de controversias, en cuyo caso se suspenderá el curso de la ejecución. En caso de que la mediación o el medio adecuado de solución de controversias de que se trate finalizara sin acuerdo de las partes, la suspensión se alzará a petición de cualquiera de ellas. Si las partes llegaran a un acuerdo extrajudicial por dichos medios y este se cumpliera o determinara la innecesaria continuación del proceso de ejecución, la parte ejecutante lo pondrá en conocimiento del órgano judicial, que procederá a su archivo. Si el acuerdo fuera incumplido, cualquiera de las partes podrá solicitar la reanudación del proceso de ejecución quedando delimitado el objeto del mismo a lo que hubiera sido acordado e incumplido.' Cincuenta. Se modifica el artículo 644, que queda redactado como sigue: 'Artículo 644. Convocatoria de la subasta. Una vez fijado el justiprecio de los bienes muebles embargados, el letrado o letrada de la Administración de Justicia, mediante decreto, acordará la convocatoria de la subasta. En este decreto se informará al ejecutado de que el plazo para pagar el resto del precio ofrecido y el traslado previsto por los artículos 650 y 670 para que el ejecutado pueda presentar a otra persona que mejore el precio resultante de la subasta, comenzará a contar desde la fecha de su cierre, sin necesidad de notificación personal. También se hará constar que el portal de subastas del 'Boletín Oficial del Estado' permite a los usuarios registrados suscribirse a alertas por correo electrónico para conocer el momento de inicio de la subasta. La notificación de este decreto al ejecutado no personado deberá practicarse en la forma prevista en el artículo 155 de esta ley. La subasta se llevará a cabo, en todo caso, de forma electrónica en el Portal de Subastas, bajo la responsabilidad del letrado o letrada de la Administración de Justicia.' Página 535 Cincuenta y uno. Se modifica el apartado 1 del artículo 645, que queda redactado como sigue: 'Artículo 645. Anuncio y publicidad de la subasta. 1. Una vez firme la resolución prevista en el artículo anterior, la convocatoria de la subasta se anunciará en el 'Boletín Oficial del Estado'. El letrado o letrada de la Administración de Justicia ante el que se siga el procedimiento de ejecución ordenará la publicación del anuncio de la convocatoria de la subasta remitiéndose el mismo, con el contenido a que se refiere el artículo siguiente y de forma telemática, al 'Boletín Oficial del Estado'. Además, a instancia del ejecutante o del ejecutado y si el letrado o letrada de la Administración de Justicia responsable de la ejecución lo juzga conveniente, se dará a la subasta la publicidad que resulte razonable, utilizando los medios públicos y privados que sean más adecuados a la naturaleza y valor de los bienes que se pretende realizar.' Cincuenta y dos. Se modifica el apartado 2 del artículo 646, que queda redactado como sigue: '2. En el Portal de Subastas se incorporará, de manera separada para cada una de ellas, el edicto, que incluirá las condiciones generales y particulares de la subasta y de los bienes a subastar, así como todos los documentos que contengan datos y circunstancias que sean relevantes para la misma, y necesariamente el informe de avalúo o valoración del bien o bienes objeto de la subasta que sirve de tipo para la misma. Estos datos deberán remitirse al Portal de Subastas de forma que puedan ser tratados electrónicamente por este para facilitar y ordenar la información. En el edicto y en el Portal de Subastas se hará constar que se entenderá que todo licitador acepta como bastante la titulación existente o asume su inexistencia, así como las consecuencias de que sus pujas no superen los porcentajes del tipo de la subasta establecidos en los artículos 650 y 670. También se informará que el plazo para pagar el resto del precio ofrecido y el traslado previsto por ese artículo para que el ejecutado pueda presentar a otra persona que mejore el precio resultante de la subasta, comenzará a contar desde la fecha de su cierre, sin necesidad de notificación personal.' Cincuenta y tres. Se modifica el artículo 647, que queda redactado como sigue: 'Artículo 647. Requisitos para pujar. Ejecutante licitador. 1. Para tomar parte en la subasta los licitadores deberán cumplir los siguientes requisitos: 1.º Identificarse de forma suficiente, indicando si actúan en nombre propio o de terceros, total o parcialmente. Si actúan en representación de varios, informarán sobre el porcentaje de adjudicación que corresponda a cada uno. Una vez concluida la subasta, quien resultara ser el mejor postor deberá acreditar su representación ante la oficina judicial que haya intervenido como autoridad gestora de la subasta, salvo que ya constara previamente. Si no lo hiciera en el plazo de tres días y no se ratificara en ella el propio representado, el letrado o letrada de la Administración de Justicia acordará la pérdida de su depósito que se aplicará a los fines de la ejecución, y solicitará al Portal de Subastas que comunique la identidad del siguiente postor con reserva de postura. También ordenará la devolución de los depósitos de los demás postores, quedando sin efecto sus reservas de postura. Página 536 La falta de acreditación de la representación no interrumpirá los plazos establecidos para el pago del resto del precio o de traslado al deudor para mejora de postura. 2.º Declarar que conocen las condiciones generales y particulares de la subasta. 3.º Estar en posesión de la correspondiente acreditación, para lo que será necesario haber consignado el 20 por ciento, del valor de los bienes o un mínimo de mil euros si el importe que resultara de la aplicación de ese porcentaje fuera inferior. El letrado o letrada de la Administración de Justicia está facultado para elevar o reducir el porcentaje del depósito, considerando las circunstancias de la subasta. La consignación se realizará por medios electrónicos a través del Portal de Subastas, que utilizará los servicios telemáticos que la Agencia Estatal de la Administración Tributaria pondrá a su disposición, quien a su vez recibirá los ingresos a través de sus entidades colaboradoras. 2. El ejecutante podrá tomar parte en la subasta, aunque no existan otros licitadores, sin necesidad de consignar cantidad alguna. Necesariamente habrá de hacerlo, en las condiciones previstas en los artículos 650 y 670, cuando pretenda adjudicarse los bienes. Finalizada la subasta, no podrá mejorar el precio final ofrecido por el mejor postor. Si no hubiera habido pujas, tampoco podrá solicitar la adjudicación de los bienes. 3. El ejecutante y los acreedores posteriores participan en la subasta con derecho a ceder el remate a un tercero, sin necesidad de manifestación expresa. Si no se hubiera efectuado con anterioridad, la cesión se verificará en el plazo de cinco días que deberá conferir el letrado o letrada de la Administración de Justicia cuando queden los autos pendientes de dictar el decreto de adjudicación y tras haberse pagado, en su caso, el precio de remate. A tal efecto, se presentará escrito firmado por cedente y cesionario al que se adjuntarán los documentos que permitan acreditar la identidad, facultades y representación de los firmantes, si no constaran ya en el expediente. Si la cesión ha sido mediante precio, se acreditará documentalmente el pago de la cantidad total por la que el cesionario hubiera obtenido la cesión. Si hubiera sobreprecio también se aplicará a los fines de la ejecución, y así se hará constar en el decreto de adjudicación como un concepto distinto del precio de adjudicación. Si, a consecuencia de ese sobreprecio, existiera sobrante respecto al crédito total reclamado, se requerirá al ejecutante para que proceda a su ingreso en la cuenta del juzgado en el plazo de diez días. Si no efectuara el pago en el plazo de diez días, se declarará la quiebra de la subasta y se descontará del crédito del ejecutante el importe equivalente al depósito exigido a los demás postores para participar en esa subasta, corriendo a su cargo los gastos de celebración de la nueva subasta.' Cincuenta y cuatro. Se modifica el artículo 648, que queda redactado como sigue: 'Artículo 648. Subasta electrónica. La subasta electrónica se realizará con sujeción a las siguientes reglas: 1.ª La subasta tendrá lugar en el Portal dependiente de la Agencia Estatal 'Boletín Oficial del Estado' para la celebración electrónica de subastas a cuyo sistema de gestión tendrán acceso todas las Oficinas judiciales. Todos los intercambios de información que deban realizarse entre las Oficinas judiciales y el Portal de Subastas se realizarán de manera telemática. Cada subasta estará dotada con un número de identificación único. Página 537 2.ª La subasta se abrirá transcurridas, al menos, veinticuatro horas desde la publicación del anuncio en el 'Boletín Oficial del Estado', cuando haya sido remitida al Portal de Subastas la información necesaria para el comienzo de la misma. El pago de la tasa exigida por el 'Boletín Oficial del Estado' para la publicación del anuncio será realizado por el solicitante de la subasta dando cuenta al órgano judicial previamente a su inicio. Igualmente, si el solicitante no lo hiciere en el plazo de diez días desde la remisión, el pago podrá ser realizado por cualquiera de las demás partes de la ejecución, dando cuenta al órgano judicial previamente a su inicio. 3.ª Una vez abierta la subasta solamente se podrán realizar pujas electrónicas con sujeción a las normas de esta ley en cuanto a tipos de subasta, consignaciones y demás reglas que le fueren aplicables. En todo caso, el letrado o letrada de la Administración de Justicia establecerá tramos de incremento de puja. 4.ª Para poder participar en la subasta electrónica, los interesados deberán estar dados de alta como usuarios del sistema, accediendo al mismo mediante mecanismos seguros de identificación y firma electrónicos de acuerdo con lo previsto en artículo 6 de la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, de forma que en todo caso exista una plena identificación de los licitadores. El alta se realizará a través del Portal de Subastas mediante mecanismos seguros de identificación y firma electrónicos e incluirá necesariamente todos los datos identificativos del interesado. A los ejecutantes se les identificará de forma que les permita comparecer como postores en las subastas dimanantes del procedimiento de ejecución por ellos iniciado sin necesidad de realizar consignación. 5.ª El ejecutante, el ejecutado o el tercer poseedor, si lo hubiere, podrán, bajo su responsabilidad y, en todo caso, a través de la oficina judicial ante la que se siga el procedimiento, enviar al Portal de Subastas toda la información de la que dispongan sobre el bien objeto de licitación, procedente de informes de tasación u otra documentación oficial, obtenida directamente por los órganos judiciales o mediante Notario y que a juicio de aquéllos pueda considerarse de interés para los posibles licitadores. También podrá hacerlo el letrado o letrada de la Administración de Justicia por su propia iniciativa, si lo considera conveniente. 6.ª Las pujas se enviarán telemáticamente a través de sistemas seguros de comunicaciones al Portal de Subastas, que devolverá un acuse técnico, con inclusión de un sello de tiempo, del momento exacto de la recepción de la postura y de su cuantía. El postor deberá también indicar si consiente o no la reserva a que se refiere el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 652 y si puja en nombre propio o en nombre de un tercero. Serán admisibles posturas por importe superior, igual o inferior a la más alta ya realizada, entendiéndose en los dos últimos supuestos que consienten desde ese momento la reserva de consignación y serán tenidas en cuenta para el supuesto de que el licitador que haya realizado la puja igual o más alta no consigne finalmente el resto del precio de adquisición. En el caso de que existan posturas por el mismo importe, se preferirá la anterior en el tiempo. El portal de subastas sólo publicará la puja más alta entre las realizadas hasta ese momento.' Cincuenta y cinco. Se modifica el artículo 649, que queda redactado como sigue: 'Artículo 649. Desarrollo y terminación de la subasta. Aprobación del remate. 1. La subasta admitirá posturas durante un plazo de veinte días naturales desde su apertura. La subasta no se cerrará hasta transcurrida una hora desde la realización de la última postura, siempre que ésta fuera superior a la mejor realizada hasta ese momento, aunque ello conlleve la ampliación del plazo inicial de veinte días a que se refiere este artículo por un máximo de 24 horas. Página 538 En el caso de que el letrado o letrada de la Administración de Justicia tenga conocimiento de la declaración de concurso del deudor, suspenderá mediante decreto la ejecución y procederá a dejar sin efecto la subasta, aunque ésta ya se hubiera iniciado. Tal circunstancia se comunicará inmediatamente al Portal de Subastas. 2. La suspensión de la subasta por un periodo superior a quince días llevará consigo la devolución de las consignaciones, retrotrayendo la situación al momento inmediatamente anterior a la publicación del anuncio. La reanudación de la subasta se realizará mediante una nueva publicación del anuncio como si de una nueva subasta se tratase. 3. En la fecha del cierre de la subasta y a continuación del mismo, el Portal de Subastas remitirá al letrado o letrada de la Administración de Justicia información certificada de la postura telemática que hubiera resultado vencedora, con el nombre, apellidos y dirección electrónica del licitador. En el caso de que el mejor licitador no completara el precio ofrecido, a solicitud del letrado o letrada de la Administración de Justicia, el Portal de Subastas le remitirá información certificada sobre el importe de la siguiente puja por orden decreciente y la identidad del postor que la realizó, siempre que este hubiera optado por la reserva de postura a que se refiere el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 652. Además, el Portal de Subastas facilitará toda la información que pueda serle solicitada para comprobar que la subasta se ha celebrado con la máxima publicidad, seguridad, confidencialidad y disponibilidad, sin resultar afectados los derechos de los postores y cumpliendo el resto de prescripciones legales. En caso contrario, el tribunal podrá dejar sin efecto la subasta celebrada. 4. Terminada la subasta y recibida la información, el letrado o letrada de la Administración de Justicia dejará constancia de su resultado en el expediente, expresando el nombre del mejor postor y de la postura que formuló. Si la mejor postura cumpliera los requisitos necesarios para la adjudicación del bien o lote, dictará inmediatamente decreto de aprobación de remate.' Cincuenta y seis. Se modifica el artículo 650, que queda redactado como sigue: 'Artículo 650. Aprobación del remate. Pago. Adjudicación de bienes. 1. Cuando la mejor postura sea igual o superior al 50 por ciento del valor de subasta, el letrado o letrada de la Administración de Justicia mediante decreto, el día siguiente al del cierre de la subasta, aprobará el remate en favor del mejor postor. El mejor postor habrá de consignar el importe de dicha postura, menos el del depósito, en el plazo de diez días a contar desde el cierre de la subasta. Realizada esta consignación, se le pondrá inmediatamente en posesión de los bienes y se dictará el decreto de adjudicación. 2. Si fuera el ejecutante quien hiciese la mejor postura, igual o superior al 50 por 100 del valor de subasta y la cantidad ofrecida fuera igual o inferior al principal reclamado, se le pondrá inmediatamente en posesión de los bienes y se dictará el decreto de adjudicación. Si la postura fuera superior, se procederá por el letrado o letrada de la Administración de Justicia a la liquidación de lo que se deba por principal, intereses y costas. Notificada esta liquidación, el ejecutante consignará la diferencia, si la hubiere, en el plazo de diez días. Pagada la diferencia, se le pondrá en posesión de los bienes y se dictará el decreto de adjudicación. Si no efectuara el pago en el plazo de diez días, se declarará la quiebra de la subasta y se descontará del crédito del ejecutante el importe equivalente al depósito exigido a los demás postores para participar en la subasta, corriendo a su cargo los gastos de celebración de la nueva subasta. Página 539 3. Cuando la mejor postura ofrecida en la subasta sea inferior al 50 por ciento del valor de subasta, podrá el ejecutado, en el plazo de diez días a contar desde la fecha de cierre de la subasta, presentar escrito indicando que otra persona está dispuesta a mejorar el precio de la subasta, ofreciendo una cantidad igual o superior al 50 por ciento del valor de subasta o que, aun siendo inferior a ese porcentaje, resulte suficiente para lograr la completa satisfacción del derecho del ejecutante. La persona indicada por el ejecutado en su escrito deberá haber ingresado previamente en la cuenta de depósitos y consignaciones el importe equivalente al del depósito exigido para participar en la subasta y tendrá un plazo de diez días para pagar el resto del precio ofrecido. Ese plazo se computará a partir del día en que se haya efectuado el ingreso. Si no efectuara el pago en ese plazo perderá el depósito efectuado, que se aplicará a los fines de la ejecución y se acordará la celebración de una nueva subasta, si fuera necesaria. Ello sin perjuicio de que, si la mejora es por la cantidad suficiente para lograr la completa satisfacción del crédito del ejecutante, se practique la correspondiente liquidación a los efectos de ingresar la cantidad que falte o devolverle el sobrante que resulte. El ingreso del resto deberá efectuarse también en el plazo de diez días, con apercibimiento de pérdida del depósito. Habiendo pujas y no siendo el mejor postor, el ejecutante no podrá mejorar el precio ni pedir la adjudicación del bien o lote subastado con posterioridad a la subasta, conforme a lo dispuesto por el artículo 647. Cuando el ejecutado no haga uso de la facultad de mejora o ésta no tenga efecto, se aprobará el remate en favor del mejor postor, siempre que la cantidad que haya ofrecido sea igual o superior al 30 por ciento del valor de subasta. No obstante, también se aprobará el remate si la cantidad ofrecida fuera suficiente para lograr la completa satisfacción del derecho del ejecutante, aun cuando sea inferior a ese porcentaje. Si la mejor postura no cumpliera estos requisitos, el letrado o letrada de la Administración de Justicia responsable de la ejecución, oídas las partes, resolverá sobre la aprobación del remate a la vista de las circunstancias del caso y teniendo en cuenta especialmente la conducta del deudor en relación con el cumplimiento de la obligación por la que se procede, las posibilidades de lograr la satisfacción del acreedor mediante la realización de otros bienes, el sacrificio patrimonial que la aprobación o no aprobación del remate suponga para el deudor, para el propio ejecutante o para terceros acreedores con sus derechos inscritos, y el beneficio que de ella obtenga el acreedor. En este último caso, contra el decreto que apruebe o deniegue el remate cabe recurso directo de revisión ante el tribunal que dictó la orden general de ejecución. Cuando el letrado o letrada de la Administración de Justicia deniegue la aprobación del remate, a instancia del ejecutado, procederá al alzamiento del embargo. 4. Si por la cuantía de la puja, el ejecutado pudiera ejercitar la facultad de mejorar la postura, el letrado o letrada de la Administración de Justicia, transcurrido el plazo indicado, realizará la preceptiva notificación a quien hubiera resultado mejor postor, informándole, en su caso, que la persona presentada por el ejecutado ha mejorado el precio ofrecido en la subasta y que se ordena la inmediata devolución del depósito efectuado para participar en ella. Si no hubiera habido mejora, o ésta finalmente no se hubiera llevado a efecto, aprobado el remate, se requerirá al mejor postor para que, en el plazo de diez días efectúe el pago del resto del precio que ofreció, descontado el depósito. Verificado el ingreso, se le pondrá en posesión del lote subastado y se dictará el decreto de adjudicación. Si no realizara el pago, perderá su depósito, que se aplicará a los fines de la ejecución. 5. En cualquier momento anterior a la aprobación del remate o de la adjudicación al ejecutante podrá el ejecutado liberar sus bienes pagando Página 540 íntegramente lo que se deba al ejecutante por principal, intereses y costas. En este supuesto, el letrado o letrada de la Administración de Justicia acordará mediante decreto la suspensión de la subasta o dejar sin efecto la misma y lo comunicará inmediatamente en ambos casos al Portal de Subastas. 6. Consignada, cuando proceda, en la cuenta de depósitos y consignaciones, la diferencia entre lo depositado y el precio total del remate, se ordenará al Portal de Subastas la devolución de los depósitos de los postores que han reservado postura. También se ordenará la devolución de esos depósitos cuando el mejor postor haya sido el ejecutante, cuando la persona presentada por el ejecutado para mejorar postura haya ingresado el depósito requerido para ello, o cuando por cualquier otra causa hubiera quedado sin efecto la subasta con posterioridad a su celebración.' Cincuenta y siete. Se modifica el artículo 651, que queda redactado como sigue: 'Artículo 651. Subasta sin postores. Si en el acto de la subasta no hubiere ningún postor, el letrado o letrada de la Administración de Justicia procederá al alzamiento del embargo, a instancia del ejecutado.' Cincuenta y ocho. Se modifica el artículo 652, que queda redactado como sigue: 'Artículo 652. Devolución y destino de los depósitos constituidos para pujar. Reserva de postura. 1. Finalizada la subasta, el Portal de Subastas devolverá inmediatamente los depósitos de los postores excepto lo que corresponda al mejor postor, que se reservará en depósito como garantía del cumplimiento de su obligación y, en su caso, como parte del precio de la venta. Sin embargo, si los demás postores lo solicitan, también se mantendrá la reserva de las cantidades consignadas por ellos, para que, si el rematante no entregare en plazo el resto del precio, pueda adjudicarse el bien o lote en favor del primero de los que le sigan, por el orden de sus respectivas posturas y, si fueran iguales, por el orden cronológico en el que hubieran sido realizadas. En el momento en que, como consecuencia del impago del precio por el primer postor, el Portal de Subastas comunique la identidad del siguiente postor con reserva de postura, se devolverán los depósitos de los demás postores y quedarán sin efecto sus reservas de postura. Cuando el mejor postor en la subasta haya sido el mismo ejecutante, se devolverán los depósitos de todos los postores que hubieran efectuado reserva de postura, como si el precio de remate ya hubiera sido satisfecho. 2. Las devoluciones que procedan con arreglo a lo establecido en el apartado anterior se harán a quien efectuó el depósito con independencia de si hubiere actuado por sí como postor o en nombre de otro.' Cincuenta y nueve. Se modifica el apartado 1 del artículo 653, que queda redactado como sigue: '1. Si el mejor postor o, en su caso, el primero de los postores que hubiera reservado postura no efectuara el pago del precio en el plazo señalado o si por su culpa dejare de tener efecto la venta, perderá el depósito que hubiera efectuado y se procederá a nueva subasta, salvo que con los depósitos constituidos por aquellos rematantes se pueda satisfacer el capital e intereses del crédito del ejecutante y las costas.' Página 541 Sesenta. Se modifica el apartado 3 del artículo 654, que queda redactado como sigue: '3. En el caso de que la ejecución resultase insuficiente para saldar toda la cantidad por la que se hubiera despachado ejecución más los intereses y costas devengados durante la ejecución, dicha cantidad se imputará por el siguiente orden: intereses remuneratorios, principal, intereses moratorios y costas. Además, el letrado o letrada de la Administración de Justicia expedirá certificación acreditativa del precio del remate y de la deuda pendiente por todos los conceptos, con distinción de la correspondiente a principal, a intereses remuneratorios, a intereses de demora y a costas.' Sesenta y uno. Se modifica el apartado 1 del artículo 655, que queda redactado como sigue: '1. Las normas de esta sección se aplicarán a las subastas de bienes inmuebles y a las de bienes muebles sujetos a un régimen de publicidad registral similar al de aquéllos, exceptuando, en relación con estos últimos, las reglas relativas a la adjudicación y puesta en posesión de los bienes.' Sesenta y dos. Se modifica el apartado 2 del artículo 656, que queda redactado como sigue: '2. El registrador hará constar por nota marginal la expedición de la certificación a que se refiere el apartado anterior, expresando la fecha y el procedimiento a que se refiera. Desde el inicio de la subasta que haya de celebrarse, y hasta su finalización, el registrador notificará, inmediatamente y de forma telemática, al letrado o letrada de la Administración de Justicia y al Portal de Subastas el hecho de haberse presentado otro u otros títulos que afecten o modifiquen la información inicial a los efectos del artículo 667. El Portal de Subastas recogerá la información proporcionada por el Registro de modo inmediato para su traslado a los que consulten su contenido.' Sesenta y tres. Se modifican los apartados 1 y 3 del artículo 657, que queda redactado como sigue: '1. El letrado o letrada de la Administración de Justicia responsable de la ejecución se dirigirá de oficio a los acreedores registrales cuyos créditos sean preferentes o de igual rango al que sirvió para el despacho de la ejecución y al ejecutado para que informen sobre la subsistencia actual del crédito garantizado y su actual cuantía. Aquéllos a quienes se reclame esta información deberán indicar con la mayor precisión si el crédito subsiste o se ha extinguido por cualquier causa y, en caso de subsistir, qué cantidad resta pendiente de pago, la fecha de vencimiento y, en su caso, los plazos y condiciones en que el pago deba efectuarse. Si el crédito estuviera vencido y no pagado, se informará también de los intereses moratorios vencidos y de la cantidad a la que asciendan los intereses que se devenguen por cada día de retraso. Cuando la preferencia resulte de una anotación de embargo anterior, se expresarán la cantidad pendiente de pago por principal e intereses vencidos a la fecha en que se produzca la información, así como la cantidad a que asciendan los intereses moratorios que se devenguen por cada día que transcurra sin que se efectúe el pago al acreedor y la previsión de costas. En el supuesto de que el crédito hubiera sido satisfecho íntegramente en virtud de subrogación de acreedor, se deberá identificar al pagador. En este caso, el nuevo acreedor será quien deba informar del estado actual de su crédito. Los oficios que se expidan en virtud de lo dispuesto en el párrafo anterior se remitirán a la dirección electrónica habilitada del acreedor. Si no la tuviera, se Página 542 entregarán al procurador del ejecutante para que se encargue de su cumplimiento. Tratándose de entidades de crédito, la contestación deberá ir acompañada de los documentos que acrediten la identidad, facultades y representación del firmante de la certificación requerida. Sin estos documentos, no se tendrá por atendido el requerimiento.' '3. Transcurridos diez días desde el requerimiento al ejecutado y a los acreedores sin que ninguno de ellos haya contestado, el letrado o letrada de la Administración de Justicia podrá reiterarlos, con el apercibimiento de la imposición de las multas previstas en los artículos 589 y 591 de esta ley, mientras no sean atendidos.' Sesenta y cuatro. Se modifican la rúbrica y el apartado 1 del artículo 667, que quedan redactados como sigue: 'Artículo 667. Convocatoria, anuncio y publicidad de la subasta. 1. La subasta se convocará de acuerdo con lo previsto en el artículo 644, y se anunciará y publicará conforme lo previsto en el artículo 645.' Sesenta y cinco. Se modifica el artículo 668, que queda redactado como sigue: 'Artículo 668. Contenido del anuncio y publicidad de la subasta. 1. El contenido del anuncio de la subasta y su publicidad se realizará con arreglo a lo previsto en el artículo 646. 2. En el Portal de Subastas se incorporará, de manera separada para cada una de ellas, el edicto que expresará, además de los datos indicados en el artículo 646, la identificación de la finca o fincas objeto de la subasta, sus datos registrales y la referencia catastral si la tuvieran, así como la documentación que contenga cuantos datos y circunstancias sean relevantes para la subasta y, necesariamente, la certificación de dominio y cargas que se hubiera expedido al inicio de la ejecución, el avalúo o valoración que sirve de tipo para la misma, incluyendo, a estos efectos, el informe de tasación extrajudicial, cuyo certificado conste en el título ejecutivo, y que hubiera servido como referencia para determinar el valor de subasta; la minoración de cargas preferentes, si las hubiera, mediante la incorporación de las comunicaciones donde conste la situación actualizada de esos créditos; y su situación posesoria, si consta en el procedimiento de ejecución. También se indicará, si procede, la posibilidad de visitar el inmueble objeto de subasta prevista en el apartado 3 del artículo 669. Estos datos y documentos deberán remitirse al Portal de Subastas de forma que puedan ser tratados electrónicamente por este para facilitar y ordenar la información. En el edicto y en el Portal de Subastas se hará constar igualmente que se entenderá que todo licitador acepta como bastante la titulación existente en el procedimiento de ejecución o asume su inexistencia, así como las consecuencias de que sus pujas no superen los porcentajes del tipo de la subasta establecidos en el artículo 670. También se informará que el traslado previsto por ese artículo, para que el ejecutado pueda presentar a otra persona que mejore el precio resultante de la subasta, comenzará a contar desde la fecha de su cierre, sin necesidad de notificación, haciéndose constar este extremo en el decreto acordando la subasta. Además se señalará que las cargas, gravámenes y asientos anteriores al crédito del actor continuarán subsistentes y que, por el solo hecho de participar en la subasta, el licitador los admite y acepta quedar subrogado en la responsabilidad derivada de aquéllos si el remate se adjudicare a su favor. 3. De toda finca objeto de licitación se facilitará desde el Registro correspondiente, a través del Portal de Subastas, la información registral actualizada a que se refiere el artículo 667, la referencia catastral si estuviera incorporada a la Página 543 finca e información gráfica, urbanística o medioambiental asociada a la finca en los términos legalmente previstos, si ello fuera posible.' Sesenta y seis. Se modifican los apartados 1 y 4 del artículo 669, que quedan redactados como sigue: '1. Para tomar parte en la subasta los postores deberán, previamente, consignar en la forma establecida en el apartado 1 del artículo 647, una cantidad equivalente al 20 por ciento del valor que se haya dado a los bienes con arreglo a lo establecido en el artículo 666 de esta ley, o un mínimo de 1.000 euros si el importe que resultara de la aplicación de ese porcentaje fuera inferior. El letrado o letrada de la Administración de Justicia está facultado para elevar o reducir el porcentaje del depósito, considerando las circunstancias de la subasta.' '4. La reanudación de la subasta suspendida por un periodo superior a quince días se realizará mediante una nueva publicación del anuncio y una nueva petición de información registral desde el Portal de Subastas, en su caso, como si de una nueva subasta se tratase, en la forma prevista por el artículo 667.' Sesenta y siete. Se modifica el artículo 670, que queda redactado como sigue: 'Artículo 670. Aprobación del remate. Pago. Adjudicación de los bienes al acreedor. 1. Si la mejor postura fuera igual o superior al 70 por ciento del valor por el que el bien hubiere salido a subasta, el letrado o letrada de la Administración de Justicia responsable de la ejecución, mediante decreto, el día siguiente al del cierre de la subasta, aprobará el remate en favor del mejor postor. En el plazo de veinte días siguientes al cierre de la subasta, el mejor postor habrá de consignar en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones la diferencia entre lo depositado y el precio total del remate. 2. Si fuera el ejecutante quien hiciese la mejor postura igual o superior al 70 por 100 del valor por el que el bien hubiere salido a subasta, y fuera superior al principal reclamado, aprobado el remate se procederá por el letrado o letrada de la Administración de Justicia a la liquidación de lo que se deba por principal, intereses y costas. Notificada esta liquidación, el ejecutante consignará la diferencia, si la hubiere, y se dictará el decreto de adjudicación. Si no efectuara el pago en el plazo de diez días, se declarará la quiebra de la subasta y se descontará del crédito del ejecutante el importe equivalente al depósito exigido a los demás postores para participar en la subasta, corriendo a su cargo los gastos de celebración de la nueva subasta. 3. Cuando la mejor postura ofrecida en la subasta sea inferior al 70 por ciento del valor por el que el bien hubiere salido a subasta, podrá el ejecutado, en el plazo de diez días a contar desde la fecha de cierre de la subasta, presentar escrito indicando que otra persona está dispuesta a mejorar el precio de la subasta ofreciendo una cantidad igual o superior al 60 por ciento del valor de subasta o que, aun siendo inferior a ese porcentaje, resulte suficiente para lograr la completa satisfacción del derecho del ejecutante. La persona indicada por el ejecutado en su escrito deberá haber ingresado previamente en la cuenta de depósitos y consignaciones el importe equivalente al del depósito exigido para participar en la subasta y tendrá un plazo de diez días para pagar el resto del precio ofrecido. Ese plazo se computará a partir del día en que se haya efectuado el ingreso. Si no efectuara el pago en ese plazo perderá el depósito realizado, que se aplicará a los fines de la ejecución, y se acordará la celebración de una nueva subasta, si fuera necesaria. Ello sin perjuicio de que, si la mejora es por la cantidad suficiente para lograr la completa satisfacción del crédito del ejecutante, se practique la correspondiente liquidación a los efectos de ingresar la cantidad que falte o devolverle el sobrante que resulte. El ingreso del Página 544 resto deberá efectuarse también en el plazo de diez días, con apercibimiento de pérdida del depósito. Habiendo pujas y no siendo el mejor postor, el ejecutante no podrá mejorar el precio ni pedir la adjudicación del bien o lote con posterioridad a la subasta, conforme a lo dispuesto en el artículo 647. Cuando el ejecutado no haga uso de la facultad de mejora o ésta no haya tenido efecto, se aprobará el remate del bien en favor del mejor postor, aunque se haya subastado conjuntamente con otros bienes, siempre que la cantidad que se ofrezca por él sea igual o superior al 50 por ciento de su valor de subasta. No obstante, también se aprobará el remate por la cantidad suficiente para lograr la completa satisfacción del derecho del ejecutante, sin que pueda ser inferior al 40 por ciento del valor de subasta. En este caso, la adjudicación del bien supondrá la terminación de la ejecución por completa satisfacción del ejecutante, quedando liberados el resto de bienes que pudieran garantizar el pago de lo reclamado. Si la mejor postura no cumpliera estos requisitos, el letrado o letrada de la Administración de Justicia responsable de la ejecución, oídas las partes, resolverá sobre la aprobación del remate a la vista de las circunstancias del caso y teniendo en cuenta especialmente la conducta del deudor en relación con el cumplimiento de la obligación por la que se procede, las posibilidades de lograr la satisfacción del acreedor mediante la realización de otros bienes, el sacrificio patrimonial que la aprobación o no aprobación del remate suponga para el deudor, para el propio ejecutante o para terceros acreedores con sus derechos inscritos, y el beneficio que de ella obtenga el acreedor. Contra el decreto que apruebe o deniegue el remate cabe recurso directo de revisión ante el tribunal que dictó la orden general de ejecución. Cuando el letrado o letrada de la Administración de Justicia deniegue la aprobación del remate, a instancia del ejecutado, procederá al alzamiento del embargo. Tratándose de la vivienda habitual del deudor, no se aprobará el remate por cantidad inferior al 70 por 100 de su valor de subasta, salvo que se haga por la cantidad que se le deba al ejecutante por todos los conceptos. En este caso, no se podrá aprobar el remate de la vivienda por menos del 60 por 100 de ese valor. Cuando el ejecutante haya sido el mejor postor ofreciendo un precio que no cumple esas condiciones, el letrado o letrada de la Administración de Justicia, si el ejecutado no hace uso de su facultad de mejora, procederá a aprobar el remate de la vivienda por el 70 por 100 del valor de subasta o por la cantidad que se le deba por todos los conceptos si fuera inferior a ese porcentaje, con un mínimo del 60 por 100 de su valor de subasta. Se aplicará en todo caso la regla de imputación de pagos contenida en el artículo 654.3. 4. Si por la cuantía de la puja el ejecutado pudiera ejercitar la facultad de mejorar la postura, el letrado o letrada de la Administración de Justicia, transcurrido el plazo indicado, realizará la preceptiva notificación a quien hubiera resultado mejor postor informándole, en su caso, que la persona presentada por el ejecutado ha mejorado el precio ofrecido en la subasta y que se ordena la inmediata devolución del depósito efectuado para participar en ella. Si no hubiera habido mejora, o ésta finalmente no se hubiera llevado a efecto, aprobado el remate, se requerirá al mejor postor para que en el plazo de veinte días efectúe el pago del resto del precio que ofreció, descontado el depósito. Verificado el ingreso, se dictará el decreto de adjudicación. Si no realizara el pago, perderá su depósito, que se aplicará a los fines de la ejecución. 5. Quien resulte adjudicatario del bien inmueble conforme a lo previsto en los apartados anteriores habrá de aceptar la subsistencia de las cargas o gravámenes anteriores, si los hubiere y subrogarse en la responsabilidad derivada de ellos. 6. Cuando se le reclame para constituir la hipoteca a que se refiere el número 12.º del artículo 107 de la Ley Hipotecaria, el letrado o letrada de la Administración de Justicia expedirá inmediatamente testimonio del decreto de aprobación del remate, aun antes de haberse pagado el precio, haciendo constar la Página 545 finalidad para la que se expide. La solicitud suspenderá el plazo para pagar el precio del remate, que se reanudará una vez entregado el testimonio al solicitante. 7. En cualquier momento anterior a la aprobación del remate o de la adjudicación al ejecutante, podrá el ejecutado liberar sus bienes pagando íntegramente lo que se deba al ejecutante por principal, intereses y costas. En este supuesto, el letrado o letrada de la Administración de Justicia acordará mediante decreto la suspensión de la subasta o dejar sin efecto la misma y lo comunicará inmediatamente en ambos casos al Portal de Subastas. 8. Consignada, cuando proceda, en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones, la diferencia entre lo depositado y el precio total del remate, se ordenará al Portal de Subastas la devolución de los depósitos de los postores que han reservado postura y se dictará decreto de adjudicación en el que se exprese, en su caso, que se ha consignado el precio, así como las demás circunstancias necesarias para la inscripción con arreglo a la legislación hipotecaria. También se ordenará la devolución de los depósitos de esos postores cuando el mejor postor haya sido el ejecutante, cuando la persona presentada por el ejecutado para mejorar postura haya ingresado el depósito requerido para ello, o cuando por cualquier otra causa hubiera quedado sin efecto la subasta con posterioridad a su celebración.' Sesenta y ocho. Se modifica el artículo 671, que queda redactado como sigue: 'Artículo 671. Subasta sin ningún postor. Si en la subasta no hubiere ningún postor, el letrado o letrada de la Administración de Justicia, a instancia del ejecutado, procederá al alzamiento del embargo.' Sesenta y nueve. Se da nueva redacción al artículo 711, en los términos siguientes: 'Para determinar la cuantía de las multas previstas en los artículos anteriores se tendrá en cuenta el precio o la contraprestación del hacer personalísimo establecidos en el título ejecutivo y, si no constaran en él o se tratara de deshacer lo mal hecho, el coste dinerario que en el mercado se atribuya a esas conductas. Las multas mensuales podrán ascender a un 20 por ciento del precio o valor y la multa única al 50 por ciento de dicho precio o valor.' Setenta. Se modifica el artículo 722, que queda redactado como sigue: 'Artículo 722. Medidas cautelares en el caso de intento de medios adecuados de solución de controversias, arbitrajes y litigios extranjeros. Podrá pedir al tribunal medidas cautelares quien acredite haber iniciado un intento de solución extrajudicial a través de un medio adecuado de solución de controversias, o quien acredite ser parte de un convenio arbitral, con anterioridad a las actuaciones arbitrales. También podrá pedirlas quien acredite ser parte de un medio adecuado de solución de controversias o en un procedimiento arbitral pendiente en España; o, en su caso, haber pedido la formalización judicial a que se refiere el artículo 15 de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje; o en el supuesto de un arbitraje institucional, haber presentado la debida solicitud o encargo a la institución correspondiente según su Reglamento. Sin perjuicio de las reglas especiales previstas en los Tratados y Convenios o en las normas de Derecho europeo que sean de aplicación, también se podrá solicitar de un tribunal español por quien acredite ser parte de un proceso jurisdiccional, de solución adecuada de controversias o arbitral que se siga en un país extranjero la adopción de medidas cautelares si se dan los presupuestos legalmente previstos salvo en los casos en que para conocer del asunto principal fuesen exclusivamente competentes los tribunales españoles.' Página 546 Setenta y uno. Se modifica el artículo 724, que queda redactado como sigue: 'Artículo 724. Competencia en casos especiales. Cuando las medidas cautelares se soliciten estando pendiente un procedimiento de solución adecuada de controversias o arbitral o la formalización judicial del arbitraje, será tribunal competente el del lugar en que el acuerdo que se obtenga en un medio adecuado de solución de controversias o el laudo que se dicte deban ser ejecutados, y, en su defecto, el del lugar donde las medidas deban producir su eficacia. Lo mismo se observará cuando el proceso se siga ante un tribunal extranjero, salvo lo que prevean los Tratados.' Setenta y dos. Se suprime el párrafo cuarto del apartado 3 del artículo 728. Setenta y tres. Se modifica el apartado 2 del artículo 730 con la siguiente redacción: '2. Podrán también solicitarse medidas cautelares antes de la demanda si quien en ese momento las pide alega y acredita razones de urgencia o necesidad. En este caso, las medidas que se hubieran acordado quedarán sin efecto si la demanda no se presentare ante el mismo Tribunal que conoció de la solicitud de aquéllas en los veinte días siguientes a su adopción. El letrado o letrada de la Administración de Justicia, de oficio, acordará mediante decreto que se alcen o revoquen los actos de cumplimiento que hubieran sido realizados, condenará al solicitante en las costas y declarará que es responsable de los daños y perjuicios que haya producido al sujeto respecto del cual se adoptaron las medidas. Cuando las medidas cautelares se hubieren acordado estando en trámite un procedimiento de solución adecuada de controversias, alcanzado el acuerdo éste habrá de ser puesto de manifiesto ante el tribunal, al que se pedirá el alzamiento de las medidas, salvo que el acuerdo sea parcial y alguna de las partes solicite el mantenimiento de las mismas o la adopción de otras distintas en relación con los extremos sobre los que se mantenga la controversia. En caso de acuerdo total el letrado o letrada de la Administración de Justicia ordenará el alzamiento de las medidas cautelares adoptadas. En el caso de acuerdo parcial, si alguna de las partes solicitara el mantenimiento de las medidas o la adopción de alguna medida cautelar distinta se dará cuenta al tribunal que, oída la parte contraria, resolverá lo procedente sobre la solicitud, atendiendo a las circunstancias que justificasen el mantenimiento o la adopción de dichas medidas. Las partes podrán solicitar el alzamiento de las medidas cautelares ante el tribunal competente en el plazo de veinte días desde la terminación del proceso negociador sin acuerdo o desde la fecha de recepción de la propuesta por la parte requerida en caso de que dicha propuesta inicial de acuerdo no obtenga respuesta.' Setenta y cuatro. Se modifica el artículo 776, quedando con la siguiente redacción: 'Artículo 776. Ejecución forzosa de los pronunciamientos sobre medidas. 1. Los pronunciamientos sobre medidas se ejecutarán con arreglo a lo dispuesto en el libro III de esta ley, con las especialidades siguientes: 1.ª Al cónyuge o progenitor que incumpla de manera reiterada las obligaciones de pago de cantidad que le correspondan podrán imponérsele por el letrado o letrada de la Administración de Justicia multas coercitivas, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 711 y sin perjuicio de hacer efectivas sobre su patrimonio las cantidades debidas y no satisfechas. 2.ª En caso de incumplimiento de obligaciones no pecuniarias de carácter personalísimo, no procederá la sustitución automática por el equivalente pecuniario Página 547 prevista en el apartado tercero del artículo 709 y podrán, si así lo juzga conveniente el Tribunal, mantenerse las multas coercitivas mensuales todo el tiempo que sea necesario más allá del plazo de un año establecido en dicho precepto. 3.ª El incumplimiento reiterado de las obligaciones derivadas del régimen de visitas, tanto por parte del progenitor guardador como del no guardador, podrá dar lugar a la modificación por el Tribunal del régimen de guarda y visitas. 4.ª Cuando deban ser objeto de ejecución forzosa gastos extraordinarios, no expresamente previstos en las medidas definitivas o provisionales, deberá solicitarse previamente al despacho de ejecución la declaración de que la cantidad reclamada tiene la consideración de gasto extraordinario. Del escrito solicitando la declaración de gasto extraordinario se dará vista a la contraria y, en caso de oposición dentro de los cinco días siguientes, el Tribunal convocará a las partes a una vista que se sustanciará con arreglo a lo dispuesto en los artículos 440 y siguientes y que resolverá mediante auto. 2. En los casos de ejecución forzosa de pronunciamientos sobre cualquiera de las medidas mencionadas en las especialidades 2.ª a 4.ª del apartado anterior, el tribunal podrá derivar la controversia a medios adecuados de solución de controversias, o de seguimiento de las medidas sobre custodia y visitas, siempre que considere fundadamente que es posible un acuerdo entre las partes. Si todas las partes manifestaran su conformidad con la derivación, la misma deberá desarrollarse en el plazo máximo que fije el tribunal atendiendo a la complejidad de la ejecución y demás circunstancias concurrentes. No obstante, si quince días antes de cumplirse el plazo fijado judicialmente, todas las partes manifestaran la conveniencia de prorrogar dicho plazo por una sola vez y por un tiempo determinado que deberán especificar de común acuerdo, el juez o la jueza podrá acceder a ello si observa avances en la negociación que permiten prever una solución extrajudicial de la controversia en el nuevo plazo solicitado. Las partes deberán comunicar al tribunal si han alcanzado o no un acuerdo dentro del plazo fijado. Si manifestasen haber llegado a un acuerdo, podrán solicitar al letrado o letrada de la Administración de Justicia que decrete la terminación de la ejecución, desistir del proceso, o solicitar del Tribunal que homologue lo acordado. El acuerdo homologado judicialmente surtirá todos los efectos atribuidos por la ley a la transacción judicial, y podrá llevarse a efecto por los trámites previstos para la ejecución de sentencias y convenios judicialmente aprobados. Dicho acuerdo podrá impugnarse por las causas y en la forma que se prevén para la transacción judicial.' Setenta y cinco. Se modifica el apartado 2 del artículo 818, que queda redactado como sigue: '2. Cuando la cuantía de la pretensión no excediera de la propia del juicio verbal, el letrado o la letrada de la Administración de Justicia dictará decreto dando por terminado el proceso monitorio y acordando seguir la tramitación conforme a lo previsto para este tipo de juicio, dando traslado de la oposición al actor, quien podrá impugnarla por escrito en el plazo de diez días. Presentado el escrito de impugnación o transcurrido el plazo sin haberse efectuado, se dictará diligencia de ordenación acordando conceder a ambas partes el plazo de cinco días a fin de que propongan la prueba que quieran practicar, debiendo, igualmente, indicar las personas que, por no poderlas presentar ellas mismas, han de ser citadas por el letrado o la letrada de la Administración de Justicia a la vista para que declaren en calidad de parte, testigos o peritos. A tal fin, facilitarán todos los datos y circunstancias precisos para llevar a cabo la citación y podrán pedir respuestas escritas a cargo de personas jurídicas o entidades públicas, por los trámites establecidos en el artículo 381, continuando el procedimiento por los trámites del artículo 438.9 y siguiente. Cuando el importe de la reclamación exceda de dicha cantidad, si el peticionario no interpusiera la demanda correspondiente dentro del plazo de un mes desde el Página 548 traslado del escrito de oposición, el letrado o la letrada de la Administración de Justicia dictará decreto sobreseyendo las actuaciones y condenando en costas al acreedor. Si presentare la demanda, en el decreto poniendo fin al proceso monitorio acordará dar traslado de ella al demandado conforme a lo previsto en los artículos 404 y siguientes, salvo que no proceda su admisión, en cuyo caso acordará dar cuenta al juez o jueza para que resuelva lo que corresponda.' Setenta y seis. Se introduce un nuevo título IV en el libro IV con la siguiente rúbrica y contenido: 'TÍTULO IV De los procesos para el ejercicio de acciones colectivas para la protección y defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios CAPÍTULO I Disposiciones comunes Artículo 828. Ámbito de aplicación del presente título. 1. Las disposiciones de este título serán aplicables a los procesos en que se ejerciten acciones colectivas frente a conductas de empresarios o profesionales que infrinjan los derechos e intereses de los consumidores y usuarios. 2. A efectos de lo dispuesto en este título, también se considera conducta contraria a los intereses colectivos de los consumidores y usuarios en materia de cláusulas abusivas la recomendación de su utilización. Artículo 829. Acciones colectivas. 1. Tendrán la consideración de acciones colectivas aquellas a través de las cuales una o varias de las entidades habilitadas a que se refiere el artículo 835 pretendan, para la tutela de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, la obtención de medidas de cesación o de medidas resarcitorias frente a las conductas de empresarios o profesionales que perjudiquen o puedan perjudicar los intereses colectivos de los consumidores y usuarios, en los términos establecidos en este título. 2. Se considerará acción colectiva nacional aquella ejercitada ante un tribunal español por una entidad habilitada en España de conformidad con lo dispuesto en esta ley y en el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios. Se considerará acción colectiva transfronteriza aquella ejercitada ante un tribunal español por una entidad habilitada en otro Estado miembro de la Unión Europea de conformidad con lo dispuesto en la Directiva (UE) 2020/1828 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de noviembre de 2020. Artículo 830. Acción colectiva de cesación. 1. La acción colectiva de cesación se dirige a obtener una sentencia que condene al demandado a cesar en la conducta y a prohibir su reiteración futura. Asimismo, la acción podrá ejercerse para prohibir la realización de una conducta, incluso cuando esta haya finalizado al tiempo de ejercitar la acción o antes de que concluya el procedimiento, si existen indicios suficientes que hagan temer su puesta en práctica o su reiteración. 2. Podrá igualmente pretenderse a través de esta acción que se declare que una conducta es contraria a las normas de protección de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios. Página 549 3. El tribunal, a instancia de la entidad demandante y a costa del demandado, podrá igualmente ordenar en la sentencia la publicación o difusión, total o parcial, en medios de comunicación de su contenido o de una declaración de rectificación. 4. El ejercicio de la acción colectiva de cesación no requiere que los consumidores y usuarios afectados manifiesten su voluntad de adherirse a ella o de beneficiarse de una eventual sentencia estimatoria. Tampoco podrán los consumidores y usuarios afectados intervenir en el proceso en que se ejercite una acción colectiva de cesación. 5. La estimación de la acción colectiva de cesación no requiere la prueba, por parte de la entidad habilitada que la ejercite, de la existencia de dolo o negligencia por parte del empresario o profesional demandado, ni de pérdida, daño o perjuicio efectivo a los consumidores y usuarios considerados individualmente que se hayan visto afectados por la infracción. 6. La acción colectiva de cesación es imprescriptible, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 19, apartado 2 de la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de la contratación en relación con las condiciones generales inscritas en el Registro de Condiciones Generales de la Contratación y de Acciones Colectivas. Artículo 831. Acción colectiva resarcitoria. 1. La acción colectiva resarcitoria se dirige a obtener una sentencia que condene al empresario o profesional demandado a reparar los daños padecidos por los consumidores o usuarios perjudicados por la conducta infractora en los términos previstos por la legislación aplicable. Se podrá pretender, entre otras, la condena al pago de indemnizaciones, a la reparación o sustitución de los bienes adquiridos por los consumidores o al reembolso del precio pagado por estos. Se podrá igualmente pretender, entre otras, la resolución de los contratos en que se haya materializado la conducta infractora o la reducción del precio de los bienes o servicios afectados por aquella. 2. El ejercicio de la acción colectiva resarcitoria no requiere la previa declaración en sentencia o resolución administrativa firmes de que la conducta del empresario o profesional demandado es contraria a los intereses colectivos de los consumidores y usuarios. 3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 848, los consumidores y usuarios afectados no podrán intervenir en el proceso en que se ejercite una acción colectiva resarcitoria. Artículo 832. Suspensión de la prescripción. El ejercicio de una acción colectiva suspenderá los plazos de prescripción de las acciones individuales que competan a los consumidores y usuarios afectados para obtener el resarcimiento de los daños padecidos. El plazo de prescripción volverá a discurrir a partir del momento en que se exprese la voluntad de desvincularse de la acción y del resultado del proceso, en los términos establecidos por el artículo 848. Artículo 833. Pluralidad de acciones colectivas. 1. Las entidades habilitadas podrán ejercer en un mismo proceso y a través de una sola demanda la acción colectiva de cesación y la resarcitoria en relación con la misma conducta infractora de los derechos e intereses colectivos de los consumidores y usuarios. El tribunal, no obstante, podrá en el trámite de certificación a que se refiere el artículo 846, tras oír a las partes, ordenar que ambas acciones se tramiten en lo sucesivo de forma separada si la acumulación pretendida originase excesiva complejidad o dilación para el proceso o, por algún otro motivo, pudiese perjudicar Página 550 la mejor administración de justicia. En tal caso, podrá acordar la suspensión del proceso en que se esté ejercitando la acción colectiva resarcitoria en tanto se resuelva la de cesación. 2. Si por entidades habilitadas distintas se interpusiesen acciones colectivas de cesación frente al mismo empresario o profesional y respecto de la misma conducta infractora, se acordará la acumulación de ambos procesos, si así lo permite el estado de las actuaciones en el proceso que se hubiera iniciado en primer término. En caso de que la acumulación de procesos no fuere posible, habrá de sobreseerse el proceso iniciado con posterioridad. 3. Si por entidades habilitadas distintas se interpusiesen acciones colectivas resarcitorias frente al mismo empresario o profesional y respecto de la misma conducta infractora, se acordará la suspensión del proceso incoado con posterioridad, en cuanto se tenga constancia en él de esta circunstancia. En caso de que ya se hubiere dictado en el proceso más antiguo auto firme de certificación en los términos del artículo 848 o auto firme denegando la certificación en los términos del artículo 854, deberá sobreseerse el proceso incoado con posterioridad. Si aún no se hubiere resuelto sobre la certificación en el proceso incoado en primer término, podrá el tribunal que esté conociendo de él acordar la acumulación de ambos procesos, si así lo aconseja la buena administración de justicia. Si, por el contrario, el tribunal no decreta la acumulación de procesos, habrá de sobreseerse el proceso incoado con posterioridad en cuanto sea firme el auto de certificación o el auto denegatorio de la certificación dictado en el proceso incoado en primer término. Si por otro motivo se sobresee el proceso más antiguo, se levantará la suspensión del proceso posterior. 4. Si respecto de la misma conducta infractora de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios se hubieran interpuesto por entidades habilitadas distintas una o varias acciones colectivas de cesación y una o varias acciones colectivas resarcitorias frente al mismo empresario o profesional, el tribunal que esté conociendo del proceso más antiguo acordará la acumulación de procesos, si así lo permite el estado de las actuaciones y se considerase beneficioso para la mejor administración de justicia. Si no resulta procedente la acumulación, podrá acordarse la suspensión del proceso en que se esté ejercitando la acción colectiva resarcitoria en tanto se resuelva la de cesación. 5. En caso de que se acuerde la acumulación de procesos de conformidad con lo dispuesto en los apartados anteriores, las entidades habilitadas contribuirán por partes iguales a los gastos necesarios para el desarrollo del proceso, salvo que el tribunal, de forma razonada, establezca algo distinto. Artículo 834. Competencia objetiva y territorial. 1. Para el conocimiento de los procesos en que se ejerciten acciones colectivas para la protección y defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios serán objetivamente competentes los Juzgados de Primera Instancia, con independencia de la materia sobre la que versen. 2. El Consejo General del Poder Judicial acordará, en los términos establecidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial, que uno o varios Juzgados de Primera Instancia de la misma provincia, estén o no en el mismo partido judicial y previa delimitación del ámbito de competencia territorial en este último caso, asuman en exclusiva el conocimiento de los procesos en que se ejerciten acciones colectivas para la protección y defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios. 3. Sin perjuicio de las normas de la Unión Europea o convencionales que regulen la materia, será territorialmente competente el Juzgado del lugar donde el demandado tenga su domicilio y, a falta de este, un establecimiento; si careciere de Página 551 domicilio y de establecimiento en territorio español, el del lugar donde se haya realizado o haya producido o pudiera producir sus efectos la conducta infractora de los derechos de los consumidores y usuarios, a elección del demandante. Artículo 835. Legitimación activa. 1. Sin perjuicio de lo establecido en leyes especiales, estarán legitimadas para el ejercicio de las acciones colectivas tanto el Ministerio Fiscal como las entidades habilitadas con arreglo a lo dispuesto en el texto refundido de la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios. 2. Estarán igualmente legitimadas las entidades habilitadas designadas en otros Estados miembros de la Unión Europea para el ejercicio de acciones colectivas transfronterizas con antelación a la conducta infractora y que figuren en la lista que publica la Comisión Europea. El tribunal aceptará dicha lista como prueba de la habilitación de la entidad para el ejercicio de acciones colectivas transfronterizas, sin perjuicio de examinar si la finalidad estatutaria de la entidad y los intereses afectados legitiman el ejercicio de la acción en el caso concreto. 3. Podrán concurrir en el ejercicio de una misma acción colectiva varias entidades habilitadas, con independencia del Estado miembro en que hayan sido designadas. En tal caso, las entidades habilitadas contribuirán por partes iguales a los gastos necesarios para el desarrollo del proceso, salvo que aquellas hayan acordado un reparto diferente o el tribunal, de forma razonada, establezca algo distinto. 4. El Ministerio Fiscal y el resto de las entidades a que se refiere este artículo podrán personarse en los procesos promovidos por otra cualquiera de ellas en ejercicio de la acción colectiva de cesación, si lo estiman oportuno para la defensa de los intereses que representan. El tribunal, en razón del momento en que dicha intervención se produzca, podrá rechazarla de forma motivada si la considera perjudicial para el buen desarrollo del proceso. Artículo 836. Carencia de los requisitos para la designación como entidad habilitada. 1. El empresario o profesional demandado en una acción colectiva tendrá derecho a plantear que la entidad demandante no cumple con las exigencias establecidas a los efectos de su designación como entidad habilitada para el ejercicio de acciones colectivas. Dicha objeción habrá de formularse dentro de los veinte días siguientes a la notificación de la demanda o tan pronto conozca el demandado los hechos en que se funde, si solo pudo conocerlos con posterioridad. Habrá de ir acompañada de un principio de prueba de los hechos en que se funde. 2. Si la acción colectiva ejercitada es transfronteriza y el tribunal considera que la objeción formulada en virtud del apartado anterior puede estar fundada, se dirigirá al Ministerio con competencias en materia de consumo, a los efectos de que, a través del correspondiente punto de contacto nacional, se verifique por la autoridad competente del Estado miembro de la Unión Europea que la hubiera designado si la entidad demandante cumple con las exigencias necesarias para su designación. En caso de que la entidad afectada por la objeción sea la única demandante, el tribunal ordenará la suspensión del proceso en tanto la autoridad competente de dicho Estado miembro determine si mantiene o revoca su designación. En caso de que se mantenga la designación el tribunal reanudará el proceso, si lo hubiera suspendido. Si la designación es revocada, el tribunal acordará su sobreseimiento, a no ser que estuviera personada como demandante otra entidad habilitada, en cuyo caso acordará la exclusión del proceso de la entidad afectada por la revocación. Página 552 3. Si la acción colectiva ejercitada es nacional y el tribunal considera que la objeción formulada en virtud del apartado 1 de este artículo puede estar fundada, previo informe correspondiente de la autoridad competente para la designación, de acuerdo con el artículo 56 ter del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, resolverá la cuestión en la audiencia de certificación a que se refiere el artículo 846, y si ello ya no resulta posible, por el cauce de los incidentes de previo pronunciamiento. Si considera que la entidad demandante carece de los requisitos para el ejercicio de la acción acordará el sobreseimiento del proceso a no ser que estuviera personada como demandante otra entidad habilitada, en cuyo caso acordará la exclusión del proceso de la entidad afectada. El letrado de la Administración de Justicia trasladará el auto de sobreseimiento o exclusión, en su caso, a la autoridad competente para la designación. Artículo 837. Publicidad de las acciones colectivas. 1. De conformidad con lo previsto en la disposición final segunda de esta ley, la publicidad y la difusión de carácter público y gratuita de las acciones colectivas de cesación y resarcimiento y de los acuerdos resarcitorios alcanzados en dichos procesos tendrá lugar a través del Registro de Condiciones Generales de la Contratación y de Acciones Colectivas. 2. En dicho Registro se insertarán necesariamente: a) Las demandas en que se ejerciten acciones colectivas que se admitan a trámite, con indicación de su fecha, del tribunal y de las partes del proceso. b) La información sobre los consumidores y usuarios afectados por la acción de representación que se haya incluido en la demanda. c) La sentencia firme que, en su caso, se dicte al término del proceso. d) La resolución, distinta a la sentencia firme, por la que, en su caso, se haya puesto fin al proceso. e) La resolución que, en su caso, haya determinado su acumulación a otro proceso, con identificación de este. f) La resolución o resoluciones en que se hayan adoptado medidas cautelares, así como aquellas que las hayan modificado o hayan determinado su alzamiento. 3. Tratándose de acciones colectivas resarcitorias se insertarán igualmente: a) El auto a que se refiere el artículo 848, con indicación de su fecha. b) El auto por el que, en su caso, se haya denegado la certificación de la acción colectiva. c) La ubicación y forma de acceso a la plataforma electrónica a que se refiere el artículo 849, así como el plazo para la manifestación de voluntad a que se refiere el artículo 848. d) La resolución por la que se apruebe la relación definitiva de consumidores y usuarios que han expresado su voluntad a que se refiere el artículo 857. e) En su caso, el acuerdo resarcitorio que haya sido homologado por el tribunal, así como el auto por el que se haya concedido la homologación. f) La información relativa al modo y plazos para solicitar el cumplimiento de la sentencia o del acuerdo resarcitorio, a que se refieren los apartados 3, 4 y 6 del artículo 860 y el apartado 2 del artículo 864. g) El decreto dando por cumplida la sentencia a que se refiere el apartado 5 del artículo 873. 4. Las resoluciones judiciales podrán publicarse en extracto en el que se recojan los datos indispensables para la determinación del contenido y alcance de la resolución. Dicho extracto será remitido por el juzgado competente conforme a los modelos que se aprueben reglamentariamente. Página 553 Artículo 838. Acceso a fuentes de prueba. 1. Previa solicitud de una entidad legitimada que haya presentado una motivación razonada que contenga aquellos hechos y pruebas a los que tenga acceso razonablemente, que sean suficientes para justificar la viabilidad del ejercicio de acciones colectivas, el tribunal podrá ordenar que, a reserva de las condiciones establecidas en este artículo, la parte demandada o un tercero exhiba las pruebas pertinentes que tenga en su poder, incluidas las que sean precisas para determinar la identidad de los consumidores y usuarios afectados. El tribunal también podrá ordenar a la parte demandante o a un tercero la exhibición de las pruebas pertinentes, a petición del demandado. 2. El tribunal podrá ordenar la exhibición de piezas específicas de prueba o de categorías pertinentes de pruebas, lo más limitadas y acotadas como sea posible atendiendo a los hechos razonablemente disponibles en la motivación a que se refiere el apartado anterior. 3. El tribunal limitará la exhibición de las pruebas a lo que sea proporcionado. A la hora de determinar si la exhibición solicitada por una parte es proporcionada, el tribunal tomará en consideración los intereses legítimos de todas las partes y de todos los terceros interesados. En particular, tendrá en cuenta: a) la medida en que la acción o la defensa esté respaldada por hechos y pruebas disponibles que justifiquen la solicitud de exhibición de pruebas; b) el alcance y el coste de la exhibición de las pruebas, especialmente para cualquier tercero afectado, también para evitar las búsquedas indiscriminadas de información que probablemente no llegue a ser relevante para las partes en el proceso; c) el hecho de que las pruebas cuya exhibición se pide incluyen información confidencial, especialmente en relación con terceros, y las disposiciones existentes para proteger dicha información confidencial. 4. Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 283 bis b) en caso de que el tribunal considere que debe facilitarse el acceso a información confidencial. 5. Salvo que el tribunal disponga otra cosa, los gastos ocasionados por el cumplimiento de la orden de exhibición no serán objeto de reembolso. 6. Será de aplicación a estas solicitudes lo dispuesto en los artículos 283 bis d) a 283 bis h) y 283 bis k). Artículo 839. Renuncia y desistimiento. 1. En materia de renuncia y desistimiento, se aplicarán las reglas generales establecidas en el capítulo IV del título primero del libro primero de esta ley. 2. En caso de desistimiento, el tribunal resolverá sobre las costas en función de las razones aducidas por la entidad demandante. CAPÍTULO II Disposiciones aplicables a las acciones colectivas de cesación Artículo 840. Reclamación previa al empresario o profesional. Solo será admisible la demanda en ejercicio de la acción colectiva que pretenda que el empresario o profesional demandado cese en el desarrollo de una conducta que estuviera realizando si se acredita que la entidad demandante ha solicitado dicha cesación con una antelación de al menos un mes. La solicitud se hará en forma que permita tener constancia fehaciente de su fecha, recepción y de su contenido. Página 554 Artículo 841. Tramitación de las acciones colectivas de cesación. 1. Cuando el objeto del proceso lo constituya una o varias acciones colectivas de cesación las actuaciones seguirán el cauce del juicio verbal, con las especialidades establecidas en los apartados siguientes. 2. La entidad demandante habrá de establecer en la demanda los consumidores y usuarios que habrán de verse afectados por la acción de representación. Cuando no sea posible una identificación individualizada, se especificarán del modo más preciso posible las características y los requisitos que deban concurrir en los consumidores para considerarse afectados por la sentencia estimatoria que pudiere dictarse. En los supuestos en que el Ministerio Fiscal no haya presentado demanda, el tribunal, admitida a trámite la misma, dará traslado al Ministerio Fiscal, a efectos de lo previsto en el apartado 4 del artículo 835. 3. El plazo para contestar a la demanda será de un mes. 4. Será necesaria en todo caso la celebración de la vista a que se refiere el artículo 443. 5. La tramitación de estos procedimientos será preferente. 6. Frente a la sentencia que se dicte podrá interponerse recurso de apelación, que se tramitará de forma preferente. La sentencia que resuelva el recurso de apelación se considerará en todo caso recurrible en casación. El recurso de casación y el recurso extraordinario por infracción procesal, en su caso, se tramitarán igualmente con carácter preferente. Artículo 842. Medidas cautelares. 1. Con arreglo a lo dispuesto en el título VI del libro III, podrá solicitarse la cesación provisional de la conducta infractora. La tramitación de estas solicitudes tendrá carácter preferente. A los efectos de lo establecido en el párrafo primero del apartado 2 del artículo 730, se entenderá que concurren razones de urgencia o necesidad si se acredita la actualidad de la conducta infractora. 2. El tribunal podrá dispensar a la entidad que solicite la medida cautelar del deber de prestar caución, atendidas las circunstancias del caso, así como la entidad económica y la repercusión social de los distintos intereses afectados. Artículo 843. Ejecución de la sentencia y multas coercitivas. 1. La sentencia estimatoria de una acción colectiva de cesación impondrá una multa que oscilará entre seiscientos y sesenta mil euros, por día de retraso en la ejecución de la resolución judicial en el plazo señalado en la sentencia, según la naturaleza e importancia de la infracción y de sus consecuencias, así como de la capacidad económica del condenado y su conducta y el perjuicio ocasionado a cada uno de los beneficiarios. 2. La multa deberá ser ingresada en el Tesoro Público. CAPÍTULO III Disposiciones aplicables a las acciones colectivas resarcitorias Sección 1.ª Demanda Artículo 844. Demanda en ejercicio de una acción colectiva resarcitoria. 1. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 399, en la demanda por la que se ejercite una acción colectiva resarcitoria habrán de hacerse constar por la entidad demandante los siguientes extremos: a) La conducta de la que se haya derivado el perjuicio cuyo resarcimiento se pretende. Página 555 b) Los consumidores y usuarios que habrán de verse afectados por la acción colectiva. Cuando no sea posible una identificación individualizada, se especificarán del modo más preciso posible las características y los requisitos que deban concurrir en ellos para considerarse beneficiarios de la sentencia estimatoria que pudiere dictarse. c) El nexo causal entre la conducta atribuida al empresario o profesional demandado y el perjuicio sufrido por los consumidores y usuarios en cuyo beneficio se ejercita la acción. d) La existencia de homogeneidad entre las pretensiones de los consumidores y usuarios afectados. e) La concreta petición resarcitoria que se formula. f) Una exposición completa de las fuentes de financiación utilizadas para apoyar la acción de representación. Dicha exposición contemplará, en su caso, la existencia de financiación por un tercero, que habrá de ser debidamente identificado. 2. Lo dispuesto en el apartado anterior se aplicará igualmente cuando se ejercite en la demanda de forma acumulada una acción colectiva de cesación en relación con la misma conducta. Sección 2.ª Audiencia y auto de certificación Artículo 845. Convocatoria a la audiencia de certificación. 1. Salvo que concurra alguna de las causas establecidas en el artículo 403, el Letrado de la Administración de Justicia admitirá a trámite la demanda, dispondrá su inscripción en el Registro de Condiciones Generales de la Contratación y de Acciones Colectivas, dará traslado a la parte demandada y convocará a todas las partes a la audiencia de certificación, que deberá celebrarse no antes de los dos meses ni más tarde de los cuatro meses desde la convocatoria. 2. El demandado dispondrá de un plazo de veinte días, a contar desde el traslado de la admisión de la demanda, para poner de manifiesto la falta de jurisdicción o de competencia del tribunal, la ausencia de algún presupuesto o la concurrencia de algún obstáculo que impida la válida prosecución del proceso o la carencia en la demandante de los requisitos para su designación como entidad habilitada. 3. La parte demandante dispondrá, en tal caso, de un plazo de quince días para alegar cuanto estime oportuno en relación con los extremos puestos de manifiesto por el demandado. 4. En el escrito anterior, el demandado podrá, en su caso, alegar lo que proceda, y aportar la prueba pertinente en relación con las cuestiones a que se refiere el apartado 2 del artículo 846. Artículo 846. Audiencia de certificación de la acción. 1. La audiencia de certificación comenzará por el examen de las cuestiones planteadas con arreglo al apartado 2 del artículo anterior, si las hubiera. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 836, dichas cuestiones habrán de ser resueltas por el tribunal antes de proseguir con el desarrollo de la audiencia. El tribunal, en su caso, podrá acordar igualmente la escisión a que se refiere el apartado 1 del artículo 833 y, si resulta oportuna, la suspensión del proceso en que se esté ejercitando la acción colectiva resarcitoria en tanto se resuelva la de cesación. El tribunal, no obstante, podrá también anunciar que resolverá todas o alguna de estas cuestiones al final de la propia audiencia, cuando así lo aconseje su complejidad o resulte necesario tener en cuenta los hechos y pruebas en relación con las demás finalidades de aquella. Cuando, por alguna de las razones a que se refiere el apartado 2 del artículo anterior, proceda el sobreseimiento del proceso, lo acordará así el tribunal mediante Página 556 auto, en el que no se pronunciará sobre la certificación de la acción. Frente a dicho auto cabrá recurso de apelación, que se tramitará de forma preferente. 2. Resuelto lo anterior, o si no se hubiera planteado, la audiencia tendrá por finalidad que el tribunal establezca si resulta apropiado el ejercicio de la acción colectiva resarcitoria y, en su caso, su ámbito subjetivo y objetivo. Igualmente, en vista de lo indicado por la entidad demandante en su demanda y de lo que pudiera aducir la parte demandada en el acto, se decidirá lo procedente en relación con la financiación de la acción y, si la hubiere, en relación con la admisión de la financiación del proceso por un tercero. 3. La audiencia de certificación se desarrollará conforme a lo dispuesto en el artículo 443. 4. Si no compareciere a la audiencia ninguna de las partes, se levantará acta haciéndolo constar y el tribunal, sin más trámites, dictará auto de sobreseimiento del proceso, ordenando el archivo de las actuaciones. También se sobreseerá el proceso si a la audiencia solo concurriere el demandado. Si fuere el demandado quien no concurriere, la audiencia se entenderá con la actora en lo que resultare procedente. Artículo 847. Homogeneidad de las pretensiones. Acciones manifiestamente infundadas. 1. El tribunal solo certificará la acción colectiva resarcitoria si se acredita de forma suficiente la existencia de homogeneidad entre las pretensiones de los consumidores y usuarios afectados por la conducta que ha determinado la interposición de la demanda. 2. Se entenderá que existe homogeneidad cuando, en atención a la normativa sustantiva aplicable, resulte posible determinar la concurrencia de la conducta infractora, el daño colectivo cuyo resarcimiento se solicita y el nexo causal entre ambos sin necesidad de tomar en consideración aspectos fácticos o jurídicos que sean particulares a cada uno de los consumidores y usuarios afectados por la acción. 3. El tribunal denegará la certificación si considera que la acción colectiva resarcitoria es manifiestamente infundada. Artículo 848. Determinación del ámbito objetivo y subjetivo del proceso. 1. En el auto en el que certifique la acción el tribunal determinará la conducta o conductas infractoras, de entre las aducidas en la demanda, a las que se ha de ceñir, en su caso, la acción colectiva resarcitoria. Asimismo, el tribunal determinará con el necesario grado de precisión los consumidores y usuarios que han de verse afectados por la acción. En caso de que su identificación individualizada no resulte posible, establecerá el tribunal las características y los requisitos que deban concurrir en ellos para considerarse beneficiarios de la sentencia estimatoria que pudiere dictarse o del acuerdo resarcitorio que pudiere aprobarse. 2. El tribunal establecerá asimismo el modo y el plazo dentro del cual los consumidores afectados por la acción colectiva resarcitoria habrán de manifestar su voluntad expresa de desvincularse de la acción y, en consecuencia, del resultado del proceso. 3. De forma excepcional, podrá acordar el tribunal que solo habrán de quedar afectados por la acción colectiva resarcitoria aquellos consumidores y usuarios que hayan manifestado su voluntad expresa de vincularse a aquella y, en consecuencia, al resultado del proceso. El tribunal solo podrá tomar esta decisión cuando, atendidas las circunstancias del caso concreto, resulte necesaria para una mejor administración de justicia, siempre que la cantidad reclamada o el valor de la prestación solicitada como resarcimiento para cada beneficiario supere los 3.000 euros. Página 557 4. En el caso de que los consumidores afectados por la acción colectiva resarcitoria tuvieren su residencia habitual fuera del territorio español, establecerá el tribunal en todo caso el modo y el plazo dentro del cual habrán de manifestar su voluntad expresa de vincularse a aquella y, en consecuencia, al resultado del proceso. 5. En cualquiera de los casos referidos en los tres apartados anteriores, el plazo señalado por el tribunal para que los consumidores y usuarios afectados manifiesten su voluntad no podrá ser inferior a dos meses ni superior a seis a contar desde el momento en que el auto de certificación se publique en el Registro de Condiciones Generales de Contratación y de Acciones Colectivas, con independencia de los concretos cauces utilizados para comunicárselo a aquellos. Artículo 849. Plataforma electrónica para la gestión del procedimiento. 1. En el auto por el que acuerde la certificación de la acción colectiva resarcitoria el tribunal encomendará a la entidad demandante la puesta en funcionamiento de una plataforma electrónica para que a través de ella los consumidores afectados puedan expresar su voluntad, en los términos a que se refiere el artículo 848. El tribunal habrá de tener acceso en todo momento a la plataforma para su supervisión y control. Se asegurará el respeto a la normativa sobre protección de datos personales, así como el registro duradero de las expresiones de voluntad recibidas a través de la plataforma. La entidad demandante, con la supervisión del tribunal, podrá gestionar de manera indirecta la puesta en funcionamiento y la administración de la plataforma electrónica a través del Colegio de Procuradores del lugar donde esté pendiente el proceso. 2. El tribunal dispondrá, igualmente, el plazo en el que la entidad demandante habrá de poner en funcionamiento la plataforma, que habrá de estar operativa cuando se dé difusión al auto de certificación según lo previsto en el apartado 2 del artículo 851. Habrá de mantenerse operativa en tanto no haya concluido definitivamente el proceso, incluida, en su caso, la ejecución de la sentencia, en los términos señalados por el apartado 2 del artículo 874. 3. La plataforma será accesible y habrá de establecerse en ella un canal de comunicación directo con una persona física que, en su caso, pueda atender las necesidades o las consultas de los consumidores afectados, en especial de aquellos que sean vulnerables. 4. Los gastos derivados de la creación y el mantenimiento de la plataforma electrónica a que se refiere este artículo tendrán la consideración de costas procesales, a los efectos de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 241. Artículo 850. Pronunciamiento sobre la financiación del proceso por un tercero. 1. En el mismo auto en el que certifique la acción el tribunal habrá de pronunciarse, en su caso, sobre la financiación del proceso por un tercero. El tribunal rechazará la financiación por tercero si entiende que concurre un conflicto de intereses o cuando la financiación por parte de terceros tenga un interés económico en el ejercicio o el resultado de dicha acción que aparte la acción colectiva de la protección y defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios. 2. Se entenderá en particular que existe una situación de conflicto de intereses cuando el demandado sea un competidor del financiador o un empresario o profesional del que dependa el financiador. El tribunal considerará igualmente que existe conflicto de intereses si advierte que las decisiones de la entidad demandante, incluidas las relativas a los acuerdos de resarcimiento, están influidas por un tercero que esté financiando el proceso, de un modo que pueda resultar perjudicial para los intereses colectivos de los consumidores y usuarios afectados. Página 558 3. Si el tribunal aprecia la existencia de conflicto de intereses, requerirá a la entidad demandante para que renuncie a la financiación controvertida o la modifique en el plazo que el propio tribunal señale, que no podrá ser superior a un mes. Si en dicho plazo la entidad demandante no justifica haber procedido a la renuncia o modificación requerida, sobreseerá el tribunal el proceso o excluirá del mismo a la entidad afectada, en caso de que hubiere concurrido otra entidad habilitada al ejercicio de la acción colectiva resarcitoria a la que no afectara el conflicto de intereses. El letrado de la Administración de Justicia trasladará el auto de sobreseimiento o exclusión a la autoridad competente para la designación de la entidad afectada. 4. Del mismo modo procederá el tribunal si advierte la existencia de un conflicto de intereses con posterioridad a la certificación de la acción. En tal caso, de oficio o a instancia de parte, el tribunal resolverá lo que proceda tras la sustanciación de un incidente de previo pronunciamiento, sin que en ningún caso queden afectados los derechos de los consumidores y usuarios incluidos en la acción de representación en los términos del artículo 848. 5. El tribunal también podrá solicitar al demandante la aportación del contrato de financiación, al efecto de comprobar las consecuencias que sus términos tendrían sobre los consumidores y usuarios afectados por la acción de representación. La aportación y el examen de dicho contrato se harán en una comparecencia, a la que serán citadas todas las partes y el propio financiador, pudiendo aplicarse lo dispuesto en el artículo 283 bis b) en el caso de que el tribunal considerase que se trata de información confidencial. Si considera que los términos del acuerdo de financiación son desproporcionados en perjuicio de los consumidores y usuarios afectados por la acción colectiva, el tribunal requerirá a la entidad demandante y al financiador para que lo modifiquen en el plazo que el propio tribunal señale, que no podrá ser superior a un mes. En dicho plazo podrá igualmente la entidad demandante renunciar a la financiación en cuestión o aportar un acuerdo de financiación con un financiador diferente, en cuyo caso resolverá el tribunal lo que proceda. Artículo 851. Publicidad del auto de certificación. 1. El auto de certificación se publicará en el Registro de Condiciones Generales de la Contratación y de Acciones Colectivas. 2. En el auto por el que acuerde la certificación de la acción colectiva resarcitoria el tribunal establecerá el cauce o cauces adecuados para que su contenido y la plataforma electrónica a que se refiere el artículo 849 lleguen a ser conocidos de manera efectiva y comprensible por los consumidores y usuarios afectado, prestando especial atención a aquellos que se encuentren en situación de vulnerabilidad y garantizando, en cualquier caso, su accesibilidad. 3. Cuando resulte posible, el tribunal dispondrá que la comunicación se efectúe de forma individual, por cualquier medio que permita acreditar su entrega al destinatario teniendo en cuenta, en su caso, la situación de vulnerabilidad en que pudiera hallarse aquel. 4. Cuando no resulte posible la notificación individual a todos los consumidores y usuarios afectados, el tribunal acordará que se proceda a la publicación en medios de comunicación o cauces equivalentes de amplia difusión en el ámbito geográfico en que pueda presumirse que aquellos tienen su residencia habitual. 5. En la comunicación individual y en la publicación se especificará, de forma clara y comprensible, de conformidad con lo acordado por el tribunal, si los consumidores y usuarios afectados deben manifestar expresamente su voluntad para desvincularse de la acción, o si, por el contrario, deben manifestar su voluntad para vincularse a ella, indicando en ambos casos el plazo y la forma de acceder a la plataforma electrónica para hacerlo. Página 559 6. Los gastos derivados del cumplimiento de lo dispuesto en este artículo serán sufragados inicialmente por la parte demandante y tendrán la consideración de costas procesales, a los efectos de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 241. Artículo 852. Efectos del auto de certificación sobre el proceso. 1. Cuando se haya ejercido una acción de representación resarcitoria en que se pretenda la condena al pago de cantidades de dinero, el tribunal podrá acordar en el auto de certificación que el proceso se desarrolle en lo sucesivo con arreglo a lo dispuesto en el artículo 863 si así lo solicitan todas las partes o si lo considera adecuado para una buena administración de justicia. 2. Dictado el auto de certificación quedará en suspenso el curso de las actuaciones hasta que concluya el plazo señalado para que los consumidores y usuarios afectados puedan expresar su voluntad en los términos establecidos en los apartados 2, 3 y 4 del artículo 848. Artículo 853. Efectos del auto de certificación sobre las acciones individuales de resarcimiento y sobre los procedimientos de resolución alternativa de litigios de consumo. 1. De oficio o a instancia del demandado, el tribunal que esté conociendo de un proceso en que se esté ejercitando por uno o varios consumidores o usuarios una acción resarcitoria individual cuyo objeto esté comprendido en el auto de certificación pondrá dicha resolución en conocimiento del demandante o de los demandantes y les requerirá para que, en el plazo de diez días, manifiesten, si así lo desean, su voluntad de vincularse a la acción colectiva, al tiempo que ordena la suspensión del proceso. 2. En caso de que el demandante manifieste su voluntad de vincularse a la acción colectiva, el tribunal sobreseerá el proceso. 3. Si el demandante rechaza vincularse a la acción colectiva o no responde al requerimiento, alzará el tribunal la suspensión y mandará que el proceso siga su curso. El tribunal habrá de remitir esta resolución al tribunal ante el que se está sustanciando la acción colectiva resarcitoria, al efecto de que quede constancia en la relación a que se refiere el artículo 857. 4. La entidad de resolución alternativa de litigios de consumo ante la que un consumidor haya formulado una reclamación cuyo objeto esté comprendido en el auto de certificación, procederá según lo dispuesto en el apartado 1. Si el consumidor reclamante manifestase su voluntad de vincularse a la acción colectiva, la entidad de resolución alternativa pondrá fin al procedimiento. De no ser así, la entidad ante la que se estuviera tramitando dictará resolución, dejando constancia del rechazo del consumidor a vincularse a la acción colectiva o de su falta de respuesta al requerimiento, y la remitirá al tribunal ante el que se esté sustanciando la acción colectiva resarcitoria, al efecto de que quede constancia en la relación a que se refiere el artículo 857. 5. La interposición por uno o varios consumidores dentro del plazo a que se refiere el apartado 5 del artículo 848 de una demanda en ejercicio de una acción resarcitoria individual cuyo objeto esté comprendido en el auto de certificación equivaldrá a la expresión de la voluntad de no verse vinculado a la acción colectiva resarcitoria y a su resultado. El mismo efecto tendrá la incoación en dicho plazo de un procedimiento de resolución alternativa de litigios de consumo que haya de concluir por medio de resolución vinculante para el empresario o profesional. No obstante, el tribunal ante el que se hubiera ejercitado la acción individual o la entidad de resolución alternativa de litigios de consumo podrán, de oficio o a instancia de la parte demandada, informar al demandante o al reclamante de la existencia del proceso en que se está ejercitando la acción colectiva y ofrecerle la posibilidad de manifestar su voluntad de vincularse al mismo, en los términos establecidos en el Página 560 apartado 1 de este artículo; en tal caso se procederá conforme disponen los apartados 2, 3 y 4 de este artículo. 6. Transcurrido el plazo a que se refiere el apartado 5 del artículo 848 no podrán ejercitarse acciones resarcitorias individuales cuyo objeto esté comprendido por el auto de certificación. El tribunal inadmitirá a trámite las demandas que contravengan la prohibición anterior o las sobreseerá, de oficio o a instancia de parte. Tampoco podrán tramitarse, transcurrido dicho plazo, aquellas reclamaciones cuyo objeto esté comprendido en el auto de certificación y que debieran tramitarse a través de un procedimiento de resolución alternativa de litigios de consumo que haya de concluir por medio de resolución vinculante para el empresario o profesional. Lo dispuesto en el párrafo anterior no resultará de aplicación a los consumidores y usuarios que se hayan desvinculado de la acción colectiva resarcitoria dentro del plazo establecido con arreglo al artículo 848. Tampoco se aplicará cuando el tribunal haya acordado la certificación de la acción en los términos previstos en el apartado 3 del artículo 848 o los consumidores afectados tuvieran su residencia habitual fuera del territorio español, respecto de quienes no hubiesen manifestado su voluntad de vincularse a la acción colectiva. Artículo 854. Auto denegando la certificación de la acción colectiva resarcitoria. 1. En caso de que el tribunal deniegue la certificación de la acción colectiva acordará el sobreseimiento del proceso. No obstante, si junto a la acción colectiva resarcitoria se hubiera ejercitado una acción colectiva de cesación, mandará el tribunal que continúe el proceso respecto de esta última, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 841. 2. El auto denegando la certificación de la acción de colectiva resarcitoria se publicará en el Registro de Condiciones Generales de la Contratación y de Acciones Colectivas. El tribunal i ordenará igualmente a la entidad demandante que informe a los consumidores y usuarios afectados de la denegación de la certificación de la acción colectiva resarcitoria, precisando el modo en que esta información se llevará a efecto. 3. Una vez sea firme el auto denegando la certificación de la acción, no será admisible otra acción colectiva resarcitoria que tenga el mismo objeto que aquella cuya certificación se denegó, aunque la entidad demandante sea diferente. Artículo 855. Recursos frente a la resolución sobre certificación. Frente al auto por el que el tribunal se pronuncia sobre la certificación de la acción colectiva podrá interponerse recurso de apelación, que se tramitará de forma preferente. Sección 3.ª Actuaciones posteriores a la certificación Artículo 856. Expresión de la voluntad de los consumidores y usuarios afectados por la acción colectiva resarcitoria. 1. Los consumidores y usuarios afectados por la acción colectiva resarcitoria que, de conformidad con lo dispuesto en el auto de certificación, deseen expresar su voluntad de resultar o de no resultar afectados por ella, habrán de registrarse en la plataforma electrónica a que se refiere el artículo 849 acreditando su identidad, sin que resulte preciso servirse a tal fin de abogado y procurador. 2. La plataforma establecerá un procedimiento claro, sencillo y accesible a través del cual, según lo dispuesto en la resolución a que se refiere el artículo 848, los consumidores y usuarios puedan manifestar su voluntad. Podrán hacerlo dentro del plazo establecido por el tribunal a que se refiere el apartado 5 del artículo 848. Transcurrido dicho plazo, la manifestación de voluntad será irrevocable. Página 561 3. La entidad demandante garantizará la accesibilidad en el acceso la plataforma, disponiendo asimismo los medios adecuados para que los consumidores y usuarios que no estén en condiciones de acceder por sí mismos a la plataforma puedan expresar su voluntad en relación con su vinculación a la acción de representación resarcitoria. Artículo 857. Relación de consumidores y usuarios que han expresado su voluntad respecto de una acción colectiva resarcitoria. 1. Una vez concluido el plazo establecido en el apartado 5 del artículo 848, la entidad demandante presentará al tribunal una relación de todos aquellos consumidores y usuarios que hayan expresado su voluntad de desvincularse de la acción colectiva resarcitoria o, si así se hubiera establecido, de vincularse a ella. Tratándose de consumidores y usuarios residentes fuera del territorio español, habrán de incluirse en la relación todos aquellos que hayan expresado su voluntad de vincularse a la acción colectiva resarcitoria. Se añadirán por el tribunal, en su caso, los consumidores y usuarios a que se refieren los apartados 3, 4 y 5 del artículo 853. 2. Dicha relación será objeto de traslado al demandado, quien dispondrá de un plazo de un mes para efectuar alegaciones y aportar los documentos que considere oportunos. 3. En caso de que el demandado se oponga a la relación, dispondrá la parte demandante de un plazo de cinco días para formular sus alegaciones y aportar los documentos que considere oportunos. 4. Oído en su caso el demandado, el tribunal aprobará por medio de auto la relación de consumidores individuales que hayan expresado su voluntad de vinculación o, en su caso, de desvinculación de la acción colectiva resarcitoria. Frente a dicho auto solo podrá interponerse recurso de reposición, sin perjuicio de reproducir la cuestión al apelar la sentencia. Artículo 858. Contestación a la demanda y trámites subsiguientes. 1. Una vez le haya sido notificado el auto a que se refiere el último apartado del artículo anterior dispondrá el demandado de un plazo de dos meses para contestar a la demanda. En la contestación el demandado expondrá los fundamentos de su oposición a las pretensiones de la parte actora, alegando las excepciones materiales que tuviere por conveniente. En la contestación a la demanda habrán de negarse o admitirse los hechos aducidos por el actor. El tribunal podrá considerar el silencio o las respuestas evasivas del demandado como admisión tácita de los hechos que le sean perjudiciales. 2. Admitida a trámite la contestación a la demanda se concederá a las partes un plazo común de veinte días para la proposición probatoria. En dicho plazo podrán aportarse o, en su caso, anunciarse los documentos e informes periciales no aportados junto con la demanda o la contestación y cuya utilidad y pertinencia se haya constatado con posterioridad a dichos actos. El tribunal se pronunciará por medio de auto, frente al que solo cabrá recurso de reposición, sin perjuicio de poder reproducir la cuestión en apelación. En el mismo auto se señalará fecha para el juicio, que se sustanciará con arreglo a lo dispuesto en los artículos 431 a 433. Artículo 859. Alegación de resoluciones firmes de la conducta infractora. Las partes podrán aportar, y el tribunal podrá valorar como prueba de la existencia de la conducta infractora las resoluciones firmes de otros órganos jurisdiccionales o autoridades administrativas, así como las resoluciones firmes de los órganos jurisdiccionales o autoridades administrativas de cualquier Estado miembro de la Unión Europea, que se declaren como tal, cuando la demanda se refiera a la misma conducta y el mismo empresario o profesional que aquellas. Página 562 Artículo 860. Sentencia. 1. Sin perjuicio de la aplicación de las reglas generales establecidas en el capítulo VIII del título V del libro I, la sentencia estimatoria de una acción colectiva resarcitoria determinará los consumidores y usuarios que han de entenderse beneficiados por ella, teniendo en cuenta lo dispuesto en el auto de certificación y, en su caso, en el auto aprobando la relación de consumidores y usuarios que han optado por desvincularse de la acción o, cuando proceda, por vincularse a ella. Cuando la determinación individual no sea posible, la sentencia establecerá las características y requisitos necesarios para poder beneficiarse de sus pronunciamientos. 2. Si el tribunal estima en la sentencia una pretensión de resarcimiento que comporte la obligación del demandado de pagar una cantidad de dinero a los consumidores y usuarios afectados, determinará la cantidad que corresponde a cada uno de ellos o, en su caso, a cada una de las diversas categorías en que aquellos deban agruparse. 3. En caso de que se haya procedido a la determinación individualizada de los beneficiarios, el tribunal establecerá asimismo el plazo dentro del cual el demandado habrá de proceder al pago directo a cada uno de ellos e impondrá una multa que oscilará entre seiscientos y sesenta mil euros por día de retraso, en función del número de beneficiarios y de la capacidad económica del condenado y del perjuicio ocasionado a estos. El tribunal determinará igualmente en la sentencia las actuaciones que, en su caso, hayan de llevar a cabo los consumidores y usuarios para que se haga efectivo el pago a que tengan derecho, así como el plazo para ello. 4. En caso de que no resulte determinable el número de consumidores y usuarios que puedan beneficiarse de la condena al pago de una cantidad de dinero, fijará el tribunal en la sentencia la cantidad en que, según sus estimaciones, ha de cifrarse el importe máximo de las sumas que deberían abonarse a los consumidores y usuarios afectados, así como el importe correspondiente a la liquidación, en los términos previstos en el artículo 877. En tal caso establecerá asimismo el tribunal el plazo dentro del cual el demandado habrá de proceder al ingreso de dicha cantidad en la cuenta de depósitos y consignaciones del juzgado e impondrá una multa que oscilará entre seiscientos y sesenta mil euros por día de retraso, en función de la capacidad económica del condenado, del número estimado de beneficiarios y del perjuicio causado a estos. El tribunal determinará igualmente en la sentencia las actuaciones que, en su caso, hayan de llevar a cabo los consumidores y usuarios beneficiados por la sentencia para acreditar su condición de tales y para para que se haga efectivo el pago a que tengan derecho, así como el plazo para ello. 5. El liquidador a que se refiere el apartado 1 del artículo 877 podrá solicitar con posterioridad el incremento de la cantidad a que se refiere el apartado anterior si el cumplimiento o ejecución de la sentencia pone de manifiesto su insuficiencia. En tal caso, el solicitante habrá de justificar las razones del incremento y habrá de especificar el nuevo importe al que debe ascender la condena. El tribunal dará traslado del escrito a la parte demandada y a la entidad demandante y citará a las partes a una vista, que se celebrará con arreglo a lo dispuesto en el artículo 443, al término de la cual resolverá mediante auto lo que proceda. Frente a dicho auto cabrá recurso de apelación. 6. Si el tribunal estima en la sentencia una pretensión de resarcimiento que comporte la obligación del demandado de realizar una prestación distinta al pago de una cantidad de dinero, habrá de establecer en ella: a) el plazo y la forma en que el condenado habrá de dar cumplimiento a la sentencia, en función del tipo de prestación que deba realizarse para resarcir a los consumidores y usuarios; Página 563 b) en su caso, las actuaciones que deban llevar a cabo los consumidores y usuarios para que se hagan efectivas las medidas de resarcimiento a que tengan derecho, así como el plazo para ello. El tribunal impondrá igualmente una multa que oscilará entre seiscientos y sesenta mil euros por día de retraso, en función del número de beneficiarios y del perjuicio ocasionado a cada uno de ellos, del tipo de prestación debida y de la capacidad económica del condenado y de su conducta. 7. En su sentencia el tribunal también se pronunciará sobre las costas del proceso, de conformidad con lo previsto en el artículo 394. 8. Frente a la sentencia que se dicte podrá interponerse recurso de apelación, que se tramitará de forma preferente. La sentencia que resuelva el recurso de apelación se considerará en todo caso recurrible en casación. El recurso de casación y el recurso extraordinario por infracción procesal, en su caso, se tramitarán igualmente con carácter preferente. Artículo 861. El tribunal impondrá igualmente una multa que oscilará entre seiscientos y sesenta mil euros por día de retraso, Publicación de la sentencia. 1. En caso de que estime la acción colectiva resarcitoria el tribunal acordará, con cargo al demandado, la publicación total o parcial de la sentencia firme por cauces adecuados para que su contenido sea conocido de forma efectiva y comprensible por los consumidores y usuarios afectados, garantizando, en cualquier caso, la accesibilidad. El tribunal podrá ordenar, si lo estima posible, que el demandado informe de manera individualizada a los consumidores y usuarios afectados, en especial a aquellos que se encuentren en situación de vulnerabilidad. El tribunal determinará asimismo el plazo dentro del cual habrá de procederse a lo anterior. 2. En la publicación o, en su caso, en la información individualizada, habrán de determinarse de forma clara y comprensible las actuaciones que, según lo dispuesto en la sentencia, han de llevar a cabo los consumidores y usuarios para que se hagan efectivas las medidas de resarcimiento a que tengan derecho en virtud de la sentencia, así como el plazo para ello. 3. En caso de que la sentencia firme sea desestimatoria, ordenará ell tribunal a la entidad demandante que proceda a darle la publicidad, en los términos que precise, para que sea adecuada a fin de que su contenido sea conocido por los consumidores y usuarios afectados. Artículo 862. El tribunal impondrá igualmente una multa que oscilará entre seiscientos y sesenta mil euros por día de retraso, Cosa juzgada. 1. La cosa juzgada de la sentencia firme afectará a los consumidores y usuarios a los que se refiera el auto de certificación, aunque no hayan sido identificados de manera individualizada en dicha resolución o en la sentencia. También afectará a los consumidores y usuarios residentes fuera de territorio español que hayan expresado su voluntad de verse afectados por el resultado de la acción. Si la acción colectiva resarcitoria se certificó en los términos del apartado 3 del artículo 848, únicamente afectará a los consumidores y usuarios que hayan expresado su voluntad de verse afectados por el resultado de la acción. 2. Será inadmisible la demanda en que, con posterioridad, se ejercite una acción colectiva resarcitoria que tenga el mismo objeto que aquella a la que se puso fin mediante sentencia firme, aunque se haya interpuesto por un demandante diferente. Página 564 Sección 4.ª Procedimiento con pronunciamientos sucesivos Artículo 863. Procedimiento con pronunciamientos sucesivos. 1. Tratándose de una acción de representación resarcitoria en que se pretenda la condena al pago de cantidades de dinero, y si así lo solicitan todas las partes o lo considera adecuado para una buena administración de justicia en vista de las circunstancias, podrá el tribunal acordar en el auto de certificación que la contestación a la demanda y el juicio se ciñan exclusivamente a la realización de alegaciones y a la práctica de pruebas acerca de la responsabilidad del demandado en relación con la conducta infractora a que se refiere la acción colectiva resarcitoria. Celebrado el juicio, el tribunal dictará sentencia en la que se pronunciará exclusivamente sobre la responsabilidad del demandado, declarándola o rechazándola. 2. La sentencia en que el tribunal rechace la existencia de responsabilidad en el demandado será recurrible en apelación, que se tramitará de forma preferente. Le será de aplicación lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 861. La sentencia por la que se resuelva el recurso de apelación será en todo caso recurrible en casación. El recurso de casación, en su caso, se tramitará igualmente con carácter preferente A la sentencia desestimatoria firme le será de aplicación lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 861. 3. La sentencia en que el tribunal declare la responsabilidad del demandado no será recurrible directamente, sin perjuicio de la posibilidad de impugnar sus pronunciamientos al recurrir la sentencia en que el tribunal resuelva sobre el importe de las cantidades que han de abonarse. En la sentencia en que el tribunal declare la responsabilidad del demandado en relación con la conducta infractora se requerirá al demandante la presentación, en el plazo máximo de dos meses, de un escrito en el que, en vista del contenido de la sentencia, establezca las cantidades a que tengan derecho los beneficiarios de la acción colectiva. Dicho escrito habrá de acompañarse, en su caso, de los documentos e informes periciales que sean pertinentes. 4. Recibido el escrito de la parte demandante, será objeto de traslado a la parte demandada, quien dispondrá de un plazo de dos meses para realizar sus alegaciones y aportar, en su caso, los documentos e informes periciales de que disponga. El tribunal convocará seguidamente a las partes a una nueva vista, que no habrá de celebrarse antes de diez días ni más tarde de treinta, con el objeto único de que se practiquen las pruebas pertinentes para determinar las cantidades a que tengan derecho los beneficiarios de la acción colectiva. La vista se desarrollará conforme a lo dispuesto en el artículo 443. A su término dictará el tribunal nueva sentencia, con arreglo en su caso a lo dispuesto en el artículo 860, que se publicará conforme al artículo 861. Esta segunda sentencia será recurrible en apelación, que se tramitará de forma preferente. La sentencia por la que se resuelva el recurso de apelación será en todo caso recurrible en casación. El recurso de casación, en su caso, se tramitará igualmente con carácter preferente. Sección 5.ª Acuerdos de resarcimiento Subsección 1.ª Acuerdos de resarcimiento tras la certificación de la acción colectiva Artículo 864. Acuerdos de resarcimiento. Solicitud de homologación judicial. 1. Una vez certificada la acción, la entidad demandante y el empresario o profesional demandado podrán solicitar conjuntamente al tribunal la homologación de un acuerdo para resarcir a los consumidores y usuarios afectados. El tribunal podrá igualmente proponer a las partes que lleguen a un acuerdo de resarcimiento, ofreciéndoles a tal fin la posibilidad de suspender el curso del proceso durante un periodo máximo de tres meses. Página 565 2. La solicitud de homologación habrá de expresar, en su caso, la cantidad que deba pagarse a cada beneficiario o a cada categoría de beneficiario que se haya establecido en el acuerdo. De ser posible, se expresará el importe total que habrá de abonarse como indemnización, así como los criterios y el procedimiento para distribuirlo entre los consumidores y usuarios afectados. Tratándose de otras medidas resarcitorias, expresará igualmente su contenido y el modo en que los consumidores y usuarios podrán beneficiarse o acceder a ellas. Las partes habrán de exponer sucintamente los motivos por los que el acuerdo propuesto ha de considerarse justo y razonable. Artículo 865. Homologación judicial del acuerdo de resarcimiento. 1. Recibida la solicitud, el tribunal homologará el acuerdo salvo que lo considere indebidamente lesivo de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios afectados, contrario a normas imperativas o sujeto a condiciones que no puedan cumplirse. 2. Al valorar si el acuerdo propuesto resulta indebidamente lesivo de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios afectados el tribunal habrá de tener en cuenta, a la luz de las pruebas obrantes en la causa y de las actuaciones que ya se hubieran llevado a cabo, el importe de las indemnizaciones o el contenido de las otras medidas resarcitorias propuestas, el grado de dificultad para que los consumidores y usuarios puedan acceder a aquellas así como, en su caso, el importe de las sumas que habrán de entregarse al tercero que haya financiado el proceso o la retribución que deba abonarse a quienes hayan asumido la representación y defensa de la entidad demandante. 3. Si lo considera necesario, el tribunal podrá recabar de las partes o de terceros la información o los documentos que considere necesarios para determinar si el acuerdo propuesto cumple con los requisitos para ser homologado. 4. Si el tribunal entendiese que el acuerdo presentado no puede ser homologado lo advertirá a las partes y las convocará a una audiencia, en el plazo de diez días, en la que podrán alegar y probar cuanto estimen conveniente y en la que, en su caso, se podrá reformular el acuerdo propuesto para que pueda ser homologado por el tribunal. 5. Si el tribunal homologa el acuerdo resarcitorio antes de la expiración del plazo a que se refiere el apartado 5 del artículo 848, acordará suspender el proceso hasta ese momento. Una vez concluido el plazo se reanudará el proceso para proceder conforme dispone el artículo 857; no obstante, frente al auto a que se refiere el apartado 4 de dicho artículo cabrá recurso de apelación, que se tramitará de forma preferente. Firme el auto a que se refiere el apartado 4 del artículo 857, mandará el tribunal poner fin al proceso, sin imposición de costas a ninguna de las partes. 6. Si el tribunal deniega la homologación mandará que el proceso siga adelante. Frente al auto que dicte el tribunal en este sentido cabrá interponer recurso de apelación, que tendrá efecto suspensivo y se tramitará con carácter preferente. Artículo 866. Eficacia del acuerdo de resarcimiento. 1. El acuerdo de resarcimiento que haya sido homologado por el tribunal tras la certificación de la acción colectiva resarcitoria será vinculante para las partes y los consumidores y usuarios afectados por esta que no hayan manifestado su voluntad de desvincularse de ella. Tratándose de consumidores y usuarios residentes fuera de territorio nacional, solo estarán vinculados por el acuerdo si han manifestado su voluntad de vincularse a la acción colectiva. Igualmente, si el tribunal hubiese certificado la acción colectiva con arreglo al apartado 3 del artículo 848, el acuerdo homologado tras la certificación solo vinculará a los consumidores y usuarios que hayan expresado su voluntad de vincularse a aquella. Página 566 2. Será inadmisible la demanda en que, con posterioridad, se ejercite una acción colectiva resarcitoria que tenga el mismo objeto que aquella a la que se puso fin mediante un acuerdo resarcitorio homologado judicialmente, aunque la entidad demandante sea diferente. 3. El acuerdo, no obstante, podrá establecer el procedimiento que deba seguirse en caso de que, tras la homologación, aparezcan nuevos daños, sean estos previsibles o no. Si el acuerdo no establece procedimiento alguno a tal fin, no vinculará a los consumidores y usuarios afectados en cuanto a los nuevos daños o al agravamiento de los daños sobrevenidos después de su celebración. 4. Ni la celebración de un acuerdo resarcitorio ni su homologación por el tribunal suponen reconocimiento de responsabilidad o culpabilidad por parte del demandado. Subsección 2.ª Acuerdos de resarcimiento previos a la certificación de la acción colectiva Artículo 867. Solicitud de homologación de un acuerdo de resarcimiento antes de la certificación de la acción. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 864, si se somete a la homologación del tribunal un acuerdo de resarcimiento antes de que se haya certificado la acción, deberán especificarse en la solicitud los consumidores y usuarios que habrán de verse afectados por él, sea de forma individualizada, sea estableciendo las características y los requisitos necesarios para poder beneficiarse de aquel. Artículo 868. Requisitos para la homologación del acuerdo antes de la certificación de la acción. 1. El tribunal solo homologará el acuerdo tras verificar los dos siguientes extremos: a) El acuerdo es conforme con lo establecido en los apartados 1 y 2 del artículo 865. A tal fin, podrá el tribunal actuar según lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 865. b) Concurren los requisitos y no concurren los óbices de los que dependería la certificación de la acción de representación resarcitoria, en los términos en que esta se formuló en la demanda, en vista del contenido del acuerdo sometido a homologación. 2. El tribunal podrá convocar a las partes a una audiencia, si lo considera necesario para verificar la concurrencia de los extremos a que se refiere el apartado anterior. Artículo 869. Homologación del acuerdo antes de la certificación de la acción. 1. En el auto por el que apruebe la homologación establecerá el tribunal el plazo dentro del cual los consumidores afectados por el acuerdo resarcitorio habrán de manifestar su voluntad expresa de no quedar vinculados por este. De forma excepcional, podrá acordar el tribunal que solo habrán de quedar vinculados por el acuerdo aquellos consumidores y usuarios que hayan manifestado su voluntad expresa en ese sentido. El tribunal solo podrá tomar esta decisión cuando, atendidas las circunstancias del caso concreto, resulte necesaria para una mejor administración de justicia, siempre que la cantidad inicialmente reclamada o el valor de la prestación inicialmente solicitada como resarcimiento para cada beneficiario supere los 3.000 euros. En el caso de que los consumidores afectados por el acuerdo tuvieren su residencia habitual fuera de territorio español, establecerá el tribunal en todo caso Página 567 el modo y el plazo dentro del cual habrán de manifestar su voluntad expresa de quedar vinculados por este. En cualquiera de los casos referidos en los tres párrafos anteriores, el plazo señalado por el tribunal para que los consumidores y usuarios afectados manifiesten su voluntad no podrá ser inferior a dos meses ni superior a seis a contar desde el momento en que se dé difusión al acuerdo de resarcimiento. 2. En el auto por el que apruebe la homologación el tribunal encomendará a la entidad demandante la puesta en funcionamiento de una plataforma electrónica para que a través de ella los consumidores afectados puedan expresar su voluntad en relación con el acuerdo. Resultará de aplicación lo dispuesto en el artículo 849. 3. En el auto por el que apruebe la homologación también establecerá el tribunal el cauce o cauces adecuados para que el contenido del acuerdo y la plataforma a que se refiere el apartado anterior lleguen a ser conocidos de manera efectiva y comprensible por los consumidores y usuarios que hayan de verse afectados, en los términos establecidos en los apartados 1, 3 y 4 del artículo 851, prestando especial atención a aquellos que se encuentren en situación de vulnerabilidad. En la comunicación individual y en la publicación se especificará, de forma clara y comprensible, de conformidad con lo acordado por el tribunal, que los consumidores y usuarios que hayan de verse afectados pueden manifestar expresamente su voluntad para desvincularse del acuerdo homologado o, en su caso, para vincularse a él, indicando el plazo y la forma de acceder a la plataforma electrónica para hacerlo. 4. El acuerdo propuesto habrá de establecer qué parte o partes habrán de hacer frente a los gastos derivados del cumplimiento de lo dispuesto en los apartados 2 y 3 de este artículo. 5. Si el tribunal deniega la homologación mandará que el proceso siga adelante. Frente al auto que dicte el tribunal en este sentido cabrá interponer recurso de apelación, que tendrá efecto suspensivo y se tramitará con carácter preferente. Artículo 870. Actuaciones posteriores a la homologación del acuerdo. 1. Dictado el auto homologando el acuerdo quedará en suspenso el curso de las actuaciones hasta que concluya el plazo señalado para que los consumidores y usuarios que hayan de verse afectados puedan expresar su voluntad de desvincularse del acuerdo o, cuando proceda, de quedar vinculados por él. 2. Los consumidores y usuarios que pretendan manifestar su voluntad en relación con el acuerdo habrán de hacerlo en los términos establecidos por el artículo 856. 3. Una vez concluido el plazo a que se refiere el apartado 1 de este artículo, la entidad demandante presentará al tribunal una relación de todos aquellos consumidores y usuarios que hayan expresado su voluntad de desvincularse del acuerdo resarcitorio o, en su caso, de vincularse a él. Tratándose de consumidores y usuarios residentes fuera de territorio español, habrán de incluirse en la relación todos aquellos que hayan expresado su voluntad de adherirse a él. Se aplicará a dicha relación lo dispuesto en el artículo 857; no obstante, frente al auto a que se refiere el apartado 4 de dicho artículo cabrá recurso de apelación, que se tramitará de forma preferente. 4. Firme la resolución por la que el tribunal apruebe la relación a que se refiere el apartado anterior se sobreseerán las actuaciones, sin imposición de costas a ninguna de las partes. Página 568 Artículo 871. Eficacia del acuerdo de resarcimiento homologado antes de la certificación. 1. El acuerdo de resarcimiento que haya sido homologado por el tribunal antes de la certificación de la acción colectiva resarcitoria será vinculante para las partes y los consumidores y usuarios afectados que no hayan expresado su voluntad de desvincularse de él. También vinculará a los consumidores y usuarios residentes fuera del territorio español que hayan expresado su voluntad de adherirse a él. 2. No obstante, si el tribunal homologó el acuerdo en los términos contemplados por el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 869, solo será vinculante para los consumidores y usuarios que hubieran expresado su voluntad de adherirse a él. 3. Será de aplicación a los acuerdos de resarcimiento homologados antes de la certificación lo dispuesto en los apartados 2, 3 y 4 del artículo 866. Artículo 872. Efectos de la homologación del acuerdo respecto de procesos en que se ejerzan acciones individuales y sobre los procedimientos de resolución alternativa de litigios de consumo. 1. De oficio o a instancia del demandado, el tribunal que esté conociendo de un proceso en que se esté ejercitando por uno o varios consumidores o usuarios una acción resarcitoria individual cuyo objeto esté comprendido en el auto homologando el acuerdo resarcitorio pondrá dicha resolución en conocimiento del demandante o de los demandantes y les requerirá para que, en el plazo de diez días, manifiesten, si así lo desean, su voluntad de adherirse al acuerdo, al tiempo que ordenará la suspensión del proceso. En caso de que el demandante manifieste su voluntad de adherirse al acuerdo, el tribunal sobreseerá el proceso. Si el demandante rechaza adherirse al acuerdo resarcitorio o no responde al requerimiento, alzará el tribunal la suspensión y mandará que el proceso siga su curso. El tribunal habrá de remitir esta resolución al tribunal ante el que se está sustanciando la acción colectiva resarcitoria, al efecto de que quede constancia en la relación a que se refiere el artículo 857. 2. La entidad de resolución alternativa de litigios de consumo ante la que un consumidor o usuario haya formulado una reclamación cuyo objeto esté comprendido en el auto homologando el acuerdo resarcitorio procederá según lo dispuesto en el apartado anterior. Si el consumidor o usuario reclamante manifestase su voluntad de adherirse al acuerdo, la entidad de resolución alternativa pondrá fin al procedimiento. De no ser así, la entidad ante la que se estuviera tramitando dictará resolución dejando constancia del rechazo del consumidor o usuario a adherirse al acuerdo resarcitorio o de su falta de respuesta al requerimiento y la remitirá al tribunal ante el que se esté sustanciando la acción colectiva resarcitoria. 3. La interposición por uno o varios consumidores o usuarios durante el plazo a que se refiere el apartado 1 del artículo 869 de una demanda en ejercicio de una acción resarcitoria individual cuyo objeto esté comprendido por el auto homologando el acuerdo resarcitorio equivaldrá a la expresión de la voluntad de no verse vinculado por este. El mismo efecto tendrá la incoación en dicho plazo de un procedimiento de resolución alternativa de litigios de consumo que haya de concluir por medio de resolución vinculante para el empresario o profesional. No obstante, el tribunal ante el que se hubiera ejercitado la acción individual o la entidad de resolución alternativa de litigios de consumo podrán, de oficio o a instancia de la parte demandada, informar al demandante o al reclamante de la existencia del acuerdo y ofrecerle la posibilidad de adherirse al mismo, en los términos establecidos en los apartados anteriores. 4. Transcurrido el plazo a que se refiere el apartado 1 del artículo 869 no podrán ejercitarse acciones resarcitorias individuales cuyo objeto esté comprendido en el auto homologando el acuerdo resarcitorio. El tribunal inadmitirá a trámite las Página 569 demandas que contravengan la prohibición anterior o las sobreseerá, de oficio o a instancia de parte. Tampoco podrán tramitarse, transcurrido dicho plazo, aquellas reclamaciones cuyo objeto esté comprendido en el auto homologando el acuerdo resarcitorio y que debieran tramitarse a través de un procedimiento de resolución alternativa de litigios de consumo que haya de concluir por medio de resolución vinculante para el empresario o profesional. Lo dispuesto en el párrafo anterior no resultará de aplicación a los consumidores y usuarios que hayan manifestado su voluntad de no quedar vinculados por el acuerdo resarcitorio dentro del plazo establecido con arreglo al artículo 869. Tampoco será aplicable cuando el tribunal haya acordado la homologación del acuerdo en los términos previstos en el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 869. Tampoco se aplicará a las demandas o reclamaciones interpuestas por consumidores y usuarios residentes fuera de territorio español que no hubieran expresado su voluntad de adherirse al acuerdo. Sección 6.ª Cumplimiento y ejecución de sentencias y acuerdos resarcitorios Subsección 1.ª Cumplimiento y ejecución de condenas al pago de cantidades de dinero cuando todos los beneficiarios estén identificados Artículo 873. Cumplimiento de la sentencia por el condenado. 1. Una vez sea firme la sentencia que condene al pago de cantidades de dinero en favor de consumidores y usuarios que estén identificados, deberá el condenado proceder a darle cumplimiento, dentro del plazo establecido a tal fin por el tribunal en aquella. 2. Sin perjuicio de la publicidad a que se refiere el artículo 861, deberá el condenado requerir de los beneficiarios la información o las actuaciones precisas, en su caso, para efectuar el pago. Los datos suministrados tendrán carácter confidencial y no podrán utilizarse para otros fines. 3. El condenado informará al tribunal que haya conocido del proceso en primera instancia una vez haya satisfecho todos los pagos, a no ser que, por el número de beneficiarios, se haya establecido en la sentencia un plazo de cumplimiento superior a los seis meses, en cuyo caso habrá de procederse a informar al tribunal con la periodicidad que se haya previsto en aquella. El tribunal reclamará al condenado la información a que se refiere este apartado, en caso de que este no lo proporcione. 4. En caso de que haya resultado imposible efectuar el pago a uno o varios beneficiarios por razones no imputables al condenado debidamente acreditadas, podrá este consignar lo debido en la cuenta de depósitos y consignaciones del juzgado. Transcurrido el plazo de caducidad de la acción ejecutiva sin que dichas cantidades hayan sido reclamadas, serán estas devueltas al condenado. 5. Acreditado por el condenado el pago completo de lo debido o, si no ha sido posible, efectuadas las consignaciones debidas, dictará el Letrado de la Administración de Justicia decreto dando por cumplida la sentencia. Artículo 874. Ejecución en caso de incumplimiento de la sentencia por el condenado. 1. El beneficiario de la sentencia que no hubiera obtenido, en todo o en parte, el pago de la cantidad debida dentro del plazo señalado en aquella habrá de ponerlo en conocimiento del tribunal que hubiera conocido del proceso en primera instancia, solicitando que se proceda a la ejecución por el importe al que considere tener derecho. 2. Esta petición podrá formularse mediante formulario aprobado por orden del Ministerio de Justicia, que facilitará la expresión de los extremos a que se refiere el apartado anterior, sin que sea preciso valerse de procurador y abogado. También podrá formularse a través de la entidad demandante, que habrá de mantener operativa a tal fin la plataforma a que se refiere el artículo 849. Página 570 3. Recibida la petición, despachará el tribunal la ejecución y procederá de oficio en lo sucesivo. Procederá igualmente de oficio, en su caso, a la exacción de la multa prevista en el apartado 3 del artículo 860. De ser varios los beneficiarios que hubieran presentado solicitudes de ejecución derivadas de la misma sentencia respecto del mismo demandado, podrá acordarse de oficio la acumulación de ejecuciones. Subsección 2.ª Cumplimiento y ejecución de condenas al pago de cantidades de dinero cuando no todos los beneficiarios estén identificados Artículo 875. Cumplimiento de la sentencia por el condenado. Una vez sea firme la sentencia que condene al pago de cantidades de dinero en favor de consumidores y usuarios que no hayan sido todos ellos identificados, deberá el demandado, dentro del plazo establecido en la sentencia, ingresar la cantidad a que hubiere sido condenado, incluida en su caso una provisión en relación con las costas, en la cuenta de depósitos y consignaciones del tribunal que conoció del proceso en primera instancia. Artículo 876. Ejecución en caso de incumplimiento de la sentencia por el condenado. Transcurrido el plazo fijado en la sentencia sin que se haya procedido al pago en los términos previstos en el artículo anterior, se despachará la ejecución de oficio, a instancia de la entidad demandante, del Ministerio Fiscal o de cualquiera de los beneficiarios, quienes, a tal fin, podrá actuar según prevé el apartado 2 del artículo 874. El tribunal procederá, en su caso, a la exacción de la multa prevista en el apartado 4 del artículo 860. Artículo 877. Nombramiento del liquidador y encargo de liquidación. 1. Una vez a disposición del tribunal la cantidad a que se refiere el artículo 875, designará este al liquidador que habrá de proceder a su distribución entre los beneficiarios. El nombramiento de liquidador habrá de recaer sobre un profesional experto en materia contable con una trayectoria mínima de diez años en el ejercicio de su profesión, elegido por acuerdo de las partes o, en su defecto, por el Colegio profesional correspondiente al lugar donde tenga su sede el tribunal, conforme a criterios predeterminados por el propio Colegio al que pertenezca. 2. Quien sea nombrado liquidador deberá acreditar que tiene vigente un seguro de responsabilidad civil o garantía equivalente proporcional a la naturaleza y alcance del riesgo cubierto para responder de los posibles daños en el ejercicio de su función. La retribución del liquidador se abonará con cargo a la cantidad a que se refiere el apartado 4 del artículo 860. 3. Se aplicarán de forma supletoria al liquidador las previsiones establecidas en la legislación concursal en relación con el nombramiento, las incompatibilidades, las prohibiciones, la aceptación, la inhabilitación, la renuncia, la recusación, el ejercicio del cargo, la separación y la revocación del administrador concursal. Artículo 878. Distribución de las cantidades depositadas entre los beneficiarios. 1. En el mismo auto por el que se proceda a la designación y al nombramiento del liquidador, se pondrá a su disposición la cantidad que ha de ser distribuida y se señalará el plazo dentro del cual habrá de completar las operaciones necesarias a tal fin. Se le dará igualmente acceso a la plataforma electrónica a que se refiere el artículo 849 y se le comunicará la relación a que se refiere el artículo 857. Al proceder a la distribución de la cantidad, reservará la parte que, en su caso, corresponda al tercero que haya financiado el proceso. Página 571 2. Los consumidores y usuarios podrán utilizar la plataforma electrónica para solicitar el cobro, sin necesidad de servirse de abogado y procurador. No obstante, podrá establecerse un mecanismo diverso, a propuesta del liquidador y con la autorización del tribunal, si se considera más eficaz o menos costoso, garantizando, en cualquier caso, la accesibilidad. En caso de ser necesario, se dará publicidad a las actuaciones que han de llevar a cabo los consumidores y usuarios para acreditar su condición de beneficiarios e instar el cobro de lo que les corresponda, así como el plazo para ello, teniendo en especial consideración a aquellos que se hallen en situación de vulnerabilidad. 3. Cuando resulte posible, el liquidador habrá de abonar directamente la cantidad debida a aquellos beneficiarios que se encuentren identificados en la sentencia, sin que resulte precisa la presentación de solicitud por su parte. 4. Aquellos beneficiarios que no estén identificados en la sentencia habrán de acreditar al liquidador que concurren en ellos las características y los requisitos necesarios establecidos en ella en los términos establecidos en la sentencia o, si resulta necesario, en los términos adicionales que establezca el tribunal en el auto a que se refiere el apartado 1 de este artículo. 5. Cuando resulte necesario, el liquidador formulará al tribunal la solicitud prevista en el apartado 5 del artículo 860. En caso de que el condenado no abone la cantidad adicional establecida por el tribunal se procederá en los términos del artículo 876. 6. El liquidador podrá igualmente solicitar del tribunal la prórroga del plazo establecido para llevar a cabo la distribución, cuando resulte justificado y por el plazo que se considere necesario en función de las circunstancias. Artículo 879. Resolución de discrepancias en la distribución. 1. En caso de que el liquidador no entregue a un beneficiario la cantidad que este crea corresponderle en virtud de la sentencia o no reconozca a un solicitante la condición de beneficiario por considerar que no concurren en él las características y los requisitos necesarios, podrá este reiterar su solicitud de cobro al tribunal que hubiera conocido del proceso en primera instancia. Dicha solicitud habrá de formularse dentro del mes siguiente a la comunicación del liquidador al beneficiario. 2. Esta solicitud se presentará mediante formulario, aprobado por orden del Ministerio de Justicia, que facilite la expresión de los extremos a que se refiere el apartado anterior, sin que sea preciso valerse de procurador y abogado. El solicitante habrá de aportar los documentos o principios de prueba en que funde su pretensión. 3. El tribunal dará traslado al liquidador y le emplazará para que, en diez días, justifique las razones de su decisión inicial y aporte, en su caso, los documentos oportunos. Se emplazará igualmente al condenado, que podrá formular las alegaciones que considere oportunas. En caso de resultar necesario, podrá ordenar el tribunal la celebración de una vista, a la que convocará también al condenado, si hubiera formulado alegaciones. El tribunal resolverá por medio de auto, que será recurrible en apelación, que se tramitará de forma preferente. 4. El tribunal podrá acumular la sustanciación de aquellas solicitudes que reciba en tanto no haya resuelto sobre aquellas que tuviera pendientes, si lo considera adecuado para una mejor gestión del procedimiento. Artículo 880. Rendición de cuentas y exigencia de responsabilidad. 1. Finalizado el plazo a que se refiere el apartado 1 del artículo 878 o, en su caso, finalizada la prórroga prevista en el apartado 6 del mismo artículo, deberá el liquidador presentar al tribunal una rendición de cuentas de su labor, en la que exprese los beneficiarios y los pagos realizados a cada uno de ellos. El liquidador Página 572 habrá de facilitar igualmente los documentos y principios de prueba que, en su caso, hayan acreditado la legitimación de los beneficiarios no identificados en la sentencia. 2. De lo anterior se dará traslado al condenado, quien dispondrá de un plazo de dos meses para formular su oposición, en la que será preciso efectuar indicación expresa de los pagos o partidas que se impugnan y de las razones de la impugnación. 3. En caso de no formularse oposición, dictará el Letrado de la Administración de Justicia decreto aprobando las cuentas. 4. Si el condenado presenta oposición, habrá de celebrarse una vista, con arreglo a lo previsto en el artículo 443, a la que serán también convocados el liquidador, la entidad habilitada demandante y los beneficiarios de los pagos impugnados por el condenado en su oposición. 5. En dicha vista, que no habrá de celebrarse antes de veinte días ni más tarde de dos meses, formularán las partes sus alegaciones y se practicarán las pruebas que resulten pertinentes. 6. Al término de la vista dictará el tribunal sentencia, en la que resolverá lo que corresponda. Si considera que alguno de los pagos no era procedente, o no en el importe en que se efectuó, condenará al beneficiario a que efectúe el reembolso debido en la cuenta bancaria desde la que se haya hecho operativa la liquidación en el plazo, no inferior a veinte días ni superior a dos meses, que se establezca en la sentencia. En caso de que se aprecie dolo o culpa grave en el liquidador, será este condenado solidariamente con el beneficiario al reembolso. 7. La sentencia será recurrible en apelación, que habrá de tramitarse con carácter preferente. Artículo 881. Destino del remanente. 1. Aprobadas las cuentas del liquidador o, en su caso, resuelta la oposición, mandará el tribunal la devolución al condenado del remanente, si lo hubiera. 2. Si con posterioridad se presentase alguna persona alegando su condición de beneficiaria de la sentencia, habrá de solicitar directamente del condenado el pago de lo que, a su juicio, le sea debido. En caso de negativa del condenado, será de aplicación el procedimiento previsto en el artículo 879, siempre que la solicitud se haya formulado antes de la expiración del plazo de caducidad de la acción ejecutiva. Subsección 3.ª Cumplimiento y ejecución de condenas no dinerarias Artículo 882. Cumplimiento de la sentencia por el condenado. 1. Una vez sea firme la sentencia que condene a la realización de prestaciones no dinerarias, deberá el condenado proceder a su cumplimiento en los términos establecidos por el tribunal con arreglo a lo dispuesto en el apartado 6 del artículo 860. 2. El condenado habrá de proceder directamente a realizar la prestación debida en favor de aquellos beneficiarios que se encuentren identificados en la sentencia. En caso de que resulte posible, se procederá de forma directa, sin que sea precisa la presentación de solicitud por su parte. 3. Aquellos beneficiarios que no estén identificados en la sentencia habrán de acreditar al condenado que concurren en ellos las características y los requisitos necesarios establecidos en ella. Artículo 883. Ejecución en caso de incumplimiento. 1. El beneficiario de la sentencia que no hubiera obtenido, en todo o en parte, la prestación debida dentro del plazo señalado en aquella habrá de ponerlo en conocimiento del tribunal que hubiera conocido del proceso en primera instancia, Página 573 solicitando que se proceda a la ejecución de la prestación a la que considere tener derecho. 2. Esta petición podrá formularse en impreso o formulario que facilite la expresión de los extremos a que se refiere el apartado anterior, sin que sea preciso valerse de procurador y abogado. También podrá formularse a través de la entidad demandante, que habrá de mantener operativa a tal fin la plataforma a que se refiere el artículo 849. 3. Recibida la petición, despachará el tribunal la ejecución y procederá de oficio en lo sucesivo. Procederá igualmente de oficio, en su caso, a la exacción de la multa prevista en el apartado 6 del artículo 860. De ser varios los beneficiarios que hubieran presentado solicitudes de ejecución derivadas de la misma sentencia respecto del mismo demandado, podrá acordarse de oficio la acumulación de ejecuciones. Artículo 884. Reconocimiento de la condición de beneficiario. 1. En caso de que el condenado no reconozca a un solicitante la condición de beneficiario por considerar que no concurren en él las características y los requisitos necesarios, podrá este reiterar su solicitud al tribunal que hubiera conocido del proceso en primera instancia. 2. Esta solicitud podrá formularse en impreso o formulario que facilite la expresión de los extremos a que se refiere el apartado anterior, sin que sea preciso valerse de procurador y abogado. También podrá formularse a través de la entidad demandante, que habrá de mantener operativa a tal fin la plataforma a que se refiere el artículo 849. El solicitante habrá de aportar los documentos o principios de prueba en que funde su pretensión. 3. El tribunal dará traslado al condenado y le emplazará para que, en diez días, justifique las razones de su rechazo y aporte, en su caso, los documentos oportunos. En caso de resultar necesario, podrá ordenar el tribunal la celebración de una vista. El tribunal resolverá por medio de auto, que será recurrible en apelación, que se tramitará de forma preferente. 4. El tribunal podrá acumular la sustanciación de aquellas solicitudes que haya recibido en un plazo de treinta días, si lo considera adecuado para una mejor gestión del procedimiento. 5. Si reconoce al solicitante la condición de beneficiario, el tribunal fijará el plazo dentro del cual deberá el condenado acreditarle el cumplimiento. En caso de que, vencido dicho plazo, no se haya acreditado el cumplimiento, se despachará de oficio la ejecución en favor del beneficiario y se procederá, en su caso, a la exacción de la multa a que se refiere el apartado 6 del artículo 860. Subsección 4.ª Ejecución de acuerdos resarcitorios Artículo 885. Ejecución en caso de incumplimiento del acuerdo. Lo dispuesto en las tres subsecciones anteriores será de aplicación, en lo que resulte procedente, en caso de que el acuerdo resarcitorio no se cumpla en los términos en él establecidos.'