Enmienda núm. 88

La redacción del artículo 4.3 de la vigente Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión, prevé responsabilidad subsidiaria para las personas naturales o jurídicas organizadoras o promotoras de reuniones o manifestaciones. Esta redacción supone una criminalización de la actuación de los organizadores de manifestaciones y concentraciones con el consabido chilling effect o efecto desalentador sobre el ejercicio de los derechos fundamentales. Lo dispuesto en la Proposición de ley en su Disposición final primera 'Modificación de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión' supone una mejora, pero no es satisfactoria en absoluto. La Proposición de ley añade al artículo 4.3 de la vigente Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión, mediante el cual se precisan los límites de atribución de la responsabilidad ('Quedarán en todo caso exonerados de responsabilidad por hechos ajenos producidos durante el desarrollo de aquellas, cuando hubieran dispuesto las medidas de seguridad previstas en la comunicación, y cumplidos los requerimientos que, en su caso, les hubiera hecho la autoridad gubernativa'). No obstante, este redactado continúa siendo contrario al principio democrático ya que perpetúa que los organizadores de reuniones y manifestaciones respondan por las acciones individuales de terceros. La responsabilidad ha de ajustarse al principio de culpabilidad, que conlleva que responden por sus acciones quienes hayan cometido comportamientos solo atribuibles a ellos. Por tanto, lo que procede es la eliminación del artículo 4.3 de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión y no su sustitución por un redactado que continúa permitiendo una aplicación inadecuada desde el punto de los derechos fundamentales de la previsión legal sobre la atribución de responsabilidades por los actos en manifestaciones y reuniones por parte de los poderes públicos.