Las pequeñas instalaciones del RECORE han sufrido recortes retroactivos de
forma continuada haciendo en muchos casos insostenible su supervivencia.
Por añadidura, criterios de equidad con las instalaciones en manos de
fondos de inversión extranjera cuyos derechos están siendo reconocidos
por arbitrajes internacionales, vedados a los nacionales, hacen necesario
reconocer mecanismos de ajuste en sus retribuciones reconocidas.
Con la medida propuesta se pretende reparar la situación de los pequeños
inversores del estado que fueron perjudicados por el cambio regulatorio
respecto de la retribución de las renovables. Se trata de las 62.000
familias españolas que acudieron a una llamada del Estado español para
desarrollar la tecnología fotovoltaica y producir energía renovable.
Cumplieron la misión que se les encomendó; pero los diferentes gobiernos
del PSOE y del PP aplicaron recortes a las retribuciones de hasta el 45
%, lo que les ha ocasionado un importante perjuicio económico,
llevándoles a refinanciar sus instalaciones para no perderlas ni poner en
riesgo sus garantías personales. Los inversores internacionales están
encontrando justicia, laudos favorables que condenan al estado español a
indemnizarles por el daño causado, mientras los inversores del estado
esperan una respuesta de este Gobierno, que se comprometió a reparar la
injusticia que soportan.
Proponemos como medida de reparación: la extensión, tras consolidar el
7,39 % en el periodo regulatorio final, de un periodo regulatorio
adicional (6 años), manteniendo la rentabilidad razonable establecida
(7,39 %), una vez finalice la actual vida regulatoria (2038), toda vez
que, para entonces, el sistema eléctrico no soportará las cargas que
ahora asume por errores regulatorios del pasado -como el déficit de
tarifa- y dado que,
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al no incorporar inflación este tipo de activos el IPC, a 18 años vista,
el coste de la medida sería muy moderado.
La petición es de Justicia, se alinea con el concepto de Transición
Energética Justa, el coste es muy comedido y para abonar dentro de 18
años en 6 ejercicios, y el Gobierno asumió el compromiso de compensar los
severos daños que soporta este colectivo por la sucesión de recortes
retroactivos en la retribución que les garantizó el Estado en su día
(2007-2010), y que motivó el esfuerzo económico y personal de las 62.000
familias pionera fotovoltaicas.
