El LIBRO BLANCO SOBRE LA REFORMA TRIBUTARIA (2022) elaborado por el Comité
de personas expertas para elaborar el Libro Blanco sobre la Reforma
Tributaria para el Ministerio de Hacienda y Función Pública, recomienda
la supresión de esta figura fiscal -algo que ya hizo la Comisión de
Expertos para la Reforma del Sistema Tributario Español en 2014, el
'Informe Lagares' por no responder a ningún criterio medioambiental- en
base a los siguientes argumentos (págs. 236-241):
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'Este impuesto, aunque en ocasiones calificado como medioambiental, se
creó con la finalidad de reducir el déficit de tarifa del sector
eléctrico tal y como aclaró la Ley de PGE de 2013 (Ley 17/2012 de 27 de
diciembre) y no produce más beneficios medioambientales que los
originados por sus efectos positivos sobre la eficiencia y ahorro
energéticos que, en todo caso, pueden ser obtenidos por los tributos cuya
fundamentación especialmente se dirige a ese efecto (IEE). De hecho, la
configuración del IVPEE no diferencia según los efectos medioambientales
de las distintas tecnologías de generación eléctrica y perjudica
doblemente la transición ecológica al dificultar la electrificación,
puesto que eleva los precios relativos de la electricidad, y al no
promover el cambio tecnológico dentro de la generación eléctrica.'
Para la evaluación del impacto de esta medida en 2019, último año
pre-pandemia disponible, se utilizan datos de consumo de electricidad de
la CNMC (2020a), que se reparten entre consumo residencial y consumo no
residencial utilizando información de IDAE (2021), así como datos de
precio residencial y no residencial de Eurostat (2021b) y datos del
factor de emisión de CO2 del sistema eléctrico de REE (2021). A partir de
los datos de consumos y precios se calcula la recaudación inicial
generada por el IVPEE, el IEE y el IVA. Dentro del consumo no
residencial, se distinguen los sectores electrointensivos que se
benefician de una reducción del 85 % sobre la base imponible del IEE.
Para analizar el impacto de la reforma sobre el consumo se utiliza la
elasticidad precio de la electricidad estimada para España en Labandeira
et al. (2016), calculando la recaudación final con los nuevos precios,
consumos e impuestos derivados de la propuesta.
Los impactos distributivos de P1 sobre los hogares, clasificados en
decilas de renta equivalente, se calculan con datos de la EPF y reportan
la variación porcentual de los niveles de renta.'
Fuente: Libro Blanco sobre le Reforma Tributaria
Como se puede observar en la tabla, la propuesta tendría un efecto
positivo sobre el precio de la electricidad tanto para los consumidores
residenciales como los industriales, un impacto distributivo más positivo
sobre las rentas bajas, un ligero aumento de las emisiones de CO2 (que se
contrarrestarían mediante futuras inversiones en instalaciones
renovables), y generaría una reducción aproximada en los ingresos del
sistema eléctrico de alrededor de 1.200 M .
Esta reducción podría ser compensada de dos formas:
- Mediante la utilización de los superávits del sistema eléctrico de 2022
(6.190 millones de euros según la liquidación definitiva de 2022 de la
CNMC) y de 2023 (en la liquidación 11/2023 el superávit es de 3.144 M
según la CNMC)
- Con la puesta en marcha del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del
Sistema Eléctrico (FNSSE), que no pudo ser aprobado en la anterior
legislatura.
La creación del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema
Eléctrico (FNSSE) pretendía precisamente trasladar los costes fijos del
régimen retributivo específico de más de 60.000 instalaciones de
renovables, cogeneración y residuos (RECORE), asociados a sistemas
previos de promoción de energías renovables, a todos los operadores de
los sectores energéticos para así eliminar la necesidad del IVPEE creando
una nueva forma de financiación de los costes de los cargos del sistema
eléctrico que redujera la presión fiscal sobre la electricidad. Tal como
se establecía en preámbulo del Proyecto de Ley por la que se crea el
Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE):
'Para ello, mediante esta ley se articula un nuevo sistema de reparto de
los costes regulados asociados a la financiación del RECORE, dando las
señales adecuadas para la electrificación y sostenibilidad del sistema
eléctrico. Lo anterior se lleva a cabo mediante la constitución del Fondo
Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE), que se
crea con el objeto de financiar las políticas de fomento de las
renovables, la cogeneración de alta eficiencia y la valorización
energética de los residuos, previstas en la
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Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. Este nuevo
mecanismo parte de la consideración de los objetivos de descarbonización
como objetivos de interés europeo y nacional, la necesidad y conveniencia
de evitar distorsiones que puedan dificultar la consecución de dichos
objetivos, así como evitar los efectos desfavorables que se producirían
sobre la economía y los hogares con una subida de la parte regulada de la
factura eléctrica en caso de mantenerse el sistema vigente hasta el
momento.'
Mientras no se apruebe el FNSSE se pueden utilizar los superávits del
sistema eléctrico antes descritos para sufragar la parte de los cargos
del sistema que anteriormente se cubrían con los ingresos del IVPEE.
