Artículo 5. Principios rectores.
La acción de las administraciones públicas en sus respectivos ámbitos de
competencia estará guiada por los siguientes principios rectores:
1. Seguridad de las personas y del sistema de movilidad en su conjunto. Se
incluye la seguridad operacional, la seguridad vial, la seguridad contra
actos ilícitos, la seguridad sanitaria y la ciberseguridad.
2. Cohesión social y territorial. La planificación de las políticas de
movilidad deberá poner a la ciudadanía en el centro de las decisiones
favoreciendo la integración económica y social de todos los ciudadanos y
ciudadanas con independencia de su lugar de residencia.
3. Igualdad de trato y no discriminación. Los sistemas de transportes y
movilidad deberán velar por la igualdad de trato y prevenir la
discriminación de ciudadanos y ciudadanas por cualquier circunstancia
social, y en particular por razón de sexo, edad, discapacidad, origen
racial o étnico, orientación sexual o identidad de género o situación
socioeconómica.
4. Sostenibilidad ambiental, social y económica: Los sistemas de
transportes y movilidad deberán ser ambiental, social y económicamente
sostenibles. En particular, deberán:
a) Velar por la salud de las personas, por su bienestar y calidad de vida,
reduciendo las emisiones que afectan al medioambiente, a la calidad del
aire y al ruido.
b) Fomentar una transición justa a los nuevos modelos de movilidad, con
condiciones de trabajo dignas y con una formación adaptada, velando por
la equidad económico-social.
c) Garantizar la total descarbonización del sector, la eficiencia
energética mediante el uso de energías de origen renovable, y el respeto
al entorno natural y urbano.
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d) Reorientar las prioridades de inversiones en infraestructuras de
transporte, basándolas en criterios de racionalidad y proporcionalidad y
en particular prestando especial atención a la movilidad cotidiana, el
medioambiente y la salud, la intermodalidad, la tecnología, la seguridad
y la conservación de las infraestructuras, para el mejor aprovechamiento
de las infraestructuras existentes y los recursos públicos.
e) Priorizar el transporte público colectivo frente a el transporte
privado e individual.
5. Servicio al desarrollo económico sostenible. La movilidad deberá
contribuir al desarrollo económico sostenible nacional y a la mejora de
la productividad y resiliencia de la actividad económica, la producción
industrial y distribución de bienes de consumo, respetando el principio
de neutralidad competitiva.
6. Digitalización. La movilidad deberá aprovechar el potencial de la
digitalización y la tecnología, como herramientas para mejorar la
adecuación del sistema a las necesidades de la ciudadanía y del sector
productivo de la manera más eficiente posible.
7. Accesibilidad Universal. Los sistemas de transportes y movilidad,
incluyendo servicios, infraestructuras y procesos, deberán concebirse y
proyectarse desde el origen de tal forma que puedan ser comprensibles,
utilizables y practicables por todas las personas, en la mayor extensión
posible, en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más
autónoma y natural posible, sin necesidad, salvo que no exista
alternativa, de adaptación ni diseño especializado.
8. Resiliencia del sistema de transportes. Se deberá desarrollar un
sistema de transportes resiliente, flexible y adaptable al cambio,
dinámico y coordinado entre los distintos modos de transporte y niveles
de Administración Pública, con una visión integrada desde el punto de
vista de la gestión de infraestructuras.
9. Cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por España. El
desarrollo de la política de movilidad estará alineado con (i) los
objetivos asumidos por España a nivel internacional, en particular los
relativos a la preservación del clima, la conservación de la
biodiversidad y la calidad ambiental, (ii) la política y normativa
europea sobre esta materia, (iii) los planes y estrategias desarrollados
para el cumplimiento de los objetivos fijados, y (iv) los estándares y
clasificaciones que sobre los distintos modos, servicios, recursos y
prioridades se establezcan en relación con la sostenibilidad.
10. Transparencia, sensibilización y participación ciudadana. Las
políticas de movilidad, tanto de personas como de mercancías, serán
desarrolladas por las administraciones públicas con un enfoque
integrador, basado en un modelo de gobierno abierto, en el que la
transparencia y claridad en las comunicaciones con el ciudadano y la
ciudadana, la sensibilización, la participación y la colaboración sean
principios informadores del proceso de toma de decisiones, y dando
oportunidad de involucrarse en dicho proceso a toda la ciudadanía,
actores públicos y privados, sectores productivos y territorios
interesados, situando al ciudadano y ciudadana en el centro de las
decisiones.
11. Fomento del urbanismo de proximidad. Con el fin de avanzar hacia
ciudades y pueblos con menor impacto ambiental y mejor calidad de vida,
las administraciones públicas deberán coordinar sus políticas de
asentamiento urbano y territorial, actividades productivas y de
transporte para fomentar el urbanismo de proximidad, de forma que se
minimice el número de desplazamientos habituales necesarios y se acorte
su longitud, disminuyendo los impactos ambientales y favoreciendo así el
uso racional del territorio y los asentamientos urbanos sostenibles.
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