Enmienda núm. 113

Propuesta registrada por

Àgueda Micó MicóGrupo Parlamentario Mixto

Disposición final segunda. Modificación de la Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual.

Texto que se propone

Redacción normativa presentada para su debate

Disposición final segunda. Modificación de la Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual. La Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual, queda modificada del siguiente modo: Uno. El apartado 3 del artículo 98 queda redactado de la siguiente manera: «3. El acuerdo de corregulación previsto en el apartado anterior podrá ampliarse para incluir la participación del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, O.A., cuando se trate de la calificación de obras audiovisuales en atención a la protección de los menores que se deba llevar a cabo según la legislación específica sobre la cinematografía y el audiovisual. En este caso, se contará, además, con la participación de las empresas productoras, distribuidoras y exhibidoras y se procurará la participación de las autoridades audiovisuales autonómicas competentes, así como la de otras posibles entidades interesadas.» Dos. El artículo 113 queda redactado de la siguiente manera: «Artículo 113. Película cinematográfica. Se considera película cinematográfica, a efectos de este título, a las obras audiovisuales, tanto largometrajes como cortometrajes, definidas en el artículo 4.b) de la Ley xxx, de xxx, del cine y de la cultura audiovisual.» Tres. El apartado 4 del artículo 117 queda redactado de la siguiente manera: «4. La obligación prevista en el apartado primero se podrá cumplir a través de la participación directa en la producción de las obras, mediante la adquisición de los derechos de explotación de las mismas siempre y cuando tengan una antigüedad inferior a los siete años y/o mediante la contribución al Fondo de Protección a la Cinematografía y al Audiovisual cuya gestión le corresponde al Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, O.A., conforme al artículo 16.3 de la Ley xxx, de xxx, del cine y de la cultura audiovisual o mediante la contribución al fondo para el fomento de la cinematografía y el audiovisual en lenguas oficiales distintas del castellano y lenguas reconocidas estatutariamente de las comunidades autónomas recogido en el artículo 33 de dicha Ley.» Página 144 Cuatro. El apartado 2 del artículo 118 queda redactado de la siguiente manera: «2. El total de la obligación de financiación del prestador del servicio público de comunicación audiovisual televisivo deberá respetar las siguientes condiciones: a) Mínimo de un setenta por ciento deberá destinarse a obras audiovisuales producidas por productores independientes, por iniciativa propia o por encargo, conforme a lo dispuesto en el artículo 112, en la lengua oficial del Estado o en alguna de las lenguas oficiales de las Comunidades Autónomas. De esta subcuota, el prestador del servicio público de comunicación audiovisual televisivo de ámbito estatal reservará, en todo caso: 1.° Un mínimo del quince por ciento a obras audiovisuales en lenguas oficiales de las Comunidades Autónomas, teniendo en cuenta su peso poblacional y reservando, al menos, un diez por ciento para cada una de ellas. 2.º Un mínimo del treinta por ciento a obras audiovisuales dirigidas o creadas exclusivamente por mujeres. b) Mínimo de un cuarenta y cinco por ciento deberá destinarse a películas cinematográficas producidas por productores independientes, por iniciativa propia o por encargo, conforme a lo dispuesto en el artículo 112, de cualquier género en la lengua oficial del Estado o en alguna de las lenguas oficiales de las Comunidades Autónomas. c) Mínimo de un doce por ciento deberá destinarse a animación y documentales. d) Mínimo de un doce por ciento deberá destinarse a cortometrajes producidos por productores independientes, por iniciativa propia o por encargo.» Cinco. Los apartados 2 y 3 del artículo 119 quedan redactados de la siguiente manera: 2. Los prestadores del servicio de comunicación audiovisual televisivo, lineal o a petición, cuyos ingresos computables conforme a lo establecido en el artículo 117.3 sean iguales o superiores a cincuenta millones de euros, destinarán anualmente el cinco por ciento de dichos ingresos a la financiación de obra audiovisual europea, a la compra de derechos de explotación de obra audiovisual europea ya terminada con una antigüedad inferior a los siete años y/o a la contribución al Fondo de Protección a la Cinematografía o a la contribución al Fondo de fomento de la cinematografía y el audiovisual en lenguas cooficiales distintas al castellano. El total de la obligación de financiación del prestador deberá respetar las siguientes cuatro condiciones: a) Mínimo de un setenta por ciento deberá destinarse a obras audiovisuales producidas por productores independientes, por iniciativa propia o por encargo, conforme a lo dispuesto en el artículo 112, en la lengua oficial del Estado o en alguna de las lenguas oficiales de las Comunidades Autónomas. De esta subcuota, el prestador del servicio de comunicación audiovisual televisivo, lineal o a petición, reservará en todo caso: 1.° Un mínimo del quince por ciento a obras audiovisuales en lenguas oficiales de las Comunidades Autónomas, teniendo en cuenta su peso poblacional y reservando, al menos, un diez por ciento para cada una de ellas. 2.º Un mínimo del treinta por ciento a obras audiovisuales dirigidas o creadas exclusivamente por mujeres. b) Mínimo del cuarenta por ciento deberá destinarse a películas cinematográficas producidas por productores independientes, por iniciativa propia o por encargo, conforme a lo dispuesto en el artículo 112, de cualquier género en Página 145 la lengua oficial del Estado o en alguna de las lenguas oficiales de las Comunidades Autónomas. c) Mínimo del doce por ciento deberá destinarse a cortometrajes producidos por productoras independientes por iniciativa propia o por encargo. d) En caso de que el operador decida cumplir la obligación establecida en el artículo 117.1 mediante la compra de derechos de explotación de obras audiovisuales europeas ya terminadas, estas no podrán tener una antigüedad superior a los siete años. 3. Los prestadores del servicio de comunicación audiovisual televisivo, lineal o a petición, cuyos ingresos computables conforme a lo establecido en el artículo 117.3, sean inferiores a cincuenta millones de euros y superiores o iguales a diez millones de euros, destinarán anualmente el cinco por ciento de dichos ingresos a la financiación de obra audiovisual europea, a la compra de derechos de explotación de obra audiovisual europea ya terminada con una antigüedad inferior a los siete años o a la contribución al Fondo de Protección a la Cinematografía. El total de la obligación de financiación del prestador deberá respetar un mínimo de un setenta por ciento destinado a obras audiovisuales producidas por productores independientes por iniciativa propia o por encargo, conforme a lo dispuesto en el artículo 112, en la lengua oficial del Estado o en alguna de las lenguas oficiales de las Comunidades Autónomas, del que un doce por ciento deberá dedicarse a cortometrajes.

Justificación y Motivación

Fundamentos políticos y jurídicos alegados por el proponente

La Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual establece la obligación de financiación anticipada de obra audiovisual europea tanto para los prestadores del servicio público de comunicación audiovisual televisivo como para los prestadores del servicio de comunicación audiovisual televisivo, en sus modalidades lineal y a petición. En los artículos 118 y 119, al concretar los porcentajes de inversión exigibles, se hace referencia a «obras audiovisuales» y «películas cinematográficas». Si bien los cortometrajes se encuentran formalmente incluidos en estas categorías, la experiencia práctica demuestra que no reciben una atención proporcional a su valor cultural e industrial, debido a su menor retorno económico frente a largometrajes, series u otras obras de mayor duración. Del mismo modo que el propio artículo 118.2.c) introduce una mención expresa a la animación y al documental —a pesar de estar igualmente comprendidos en el concepto general de obras audiovisuales— resulta necesario incorporar una referencia explícita a los cortometrajes, con el fin de garantizar que una parte de la inversión obligatoria se destine de forma efectiva a su financiación, tanto en el ámbito del servicio público (art. 118) como en el de los prestadores privados o a demanda (art. 119). Se trata de asegurar su desarrollo, consolidación y presencia real en el ecosistema audiovisual. En relación con la modificación relativa al límite temporal de siete años para la adquisición de derechos de obra audiovisual europea, nos remitimos a la justificación expuesta en la Enmienda n.º 13. En este sentido, la ya derogada Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, establecía en su artículo 5.3 la posibilidad de cumplir la obligación de financiación anticipada mediante la adquisición de derechos de explotación de obras ya finalizadas, siempre que estas no superasen los siete años de antigüedad. Este límite respondía a la finalidad de fomentar la producción reciente y reforzar la diversidad cultural y lingüística del audiovisual europeo y estatal. La vigente Ley 13/2022 mantiene el principio de financiación anticipada, pero suprime dicho límite temporal, permitiendo la adquisición de derechos de obras sin Página 146 restricción de antigüedad. Esta omisión introduce un efecto indeseado en el funcionamiento del sistema, al reducir el incentivo a la producción contemporánea y desplazar la inversión hacia obras catalogables de mayor antigüedad. En la práctica, ello puede favorecer la adquisición de obras («latas») con más de siete años de antigüedad, que resultan más eficientes desde un punto de vista meramente contable para los prestadores, al permitir cubrir mayores volúmenes de emisión con menor inversión, en detrimento de la producción reciente. Esta dinámica resulta contraria a los objetivos de la normativa europea y estatal en materia de fomento de la producción audiovisual. Por ello, se considera necesario recuperar el límite temporal de siete años, como garantía de equilibrio entre la obligación de financiación anticipada y la promoción efectiva de la creación audiovisual contemporánea.

Firmante registrado: Àgueda Micó Micó(Grupo Parlamentario Mixto)