Enmienda núm. 1

I El Gobierno de España ha elaborado el Proyecto de Ley del Cine y de la Cultura Audiovisual (el «Proyecto») que se publicó el pasado 21 de junio de 2024 en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, tras decaer en la pasada legislatura por la convocatoria de elecciones generales. Lejos de responder a las necesidades reales del sector audiovisual español, esta nueva Ley profundiza en la cultura de la subvención y prioriza criterios ideológicos a la hora de solicitar ayudas públicas. El negocio audiovisual representa una parte importante de la industria cultural, aportando 9.667 millones de euros a la economía española, un 29,1 % del PIB cultural —datos correspondientes a 20231—, y más de 67.100 profesionales y 9.687 empresas dedicadas a actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión, grabación de sonido y edición musical2. Precisamente por ello, resulta especialmente preocupante que el Gobierno pretenda sustituir los principios de excelencia artística y competitividad empresarial por un modelo crecientemente dependiente de la subvención y condicionado por criterios ideológicos ajenos a la calidad de las obras o la demanda del espectador. II Resulta especialmente llamativa la contradicción entre este Proyecto y la Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual, impulsada por el Gobierno en la pasada legislatura, en relación con el concepto de «productora independiente». Mientras aquella adoptó una definición amplia, el artículo 4 del Proyecto opta por una concepción más restrictiva. Este viraje supone un serio problema para la seguridad jurídica; gran parte de las empresas asociadas al sector audiovisual van a verse afectadas por la disparidad de criterios que se utilizarán para poder ser consideradas como «productoras independientes». Asimismo, el Proyecto subraya la necesidad de promover ayudas públicas en todas las fases de creación (escritura, desarrollo, pre-producción, distribución…) y promoción del producto audiovisual. El problema surge cuando la subvención se convierte en la principal (e incluso única) vía de generación de ingresos para una producción audiovisual, incluso cuando esta no es atractiva para el público o carece de la calidad necesaria. III El Proyecto de Ley contiene nuevos ataques al principio de igualdad ante la ley, atendiendo a posiciones meramente ideológicas. Se sacrifica la creatividad del productor en aras de imponer una agenda política al servicio de la izquierda que invade todos los ámbitos de la realidad social. A lo largo de su articulado, el Proyecto incorpora cuotas, reservas y criterios preferentes vinculados al sexo, edad, origen o determinadas circunstancias personales de los beneficiarios, dejando de depender de la calidad artística o la viabilidad de las obras. Del mismo modo, las subvenciones pasan a configurarse como instrumentos para promover políticas públicas «en función de su objeto, que los proyectos o actividades incorporen, medidas de fomento de la igualdad de género, medidas para favorecer la sostenibilidad y reducir el impacto ambiental, medidas para contribuir a la transición digital y de inclusión de las personas con discapacidad». Todo ello resulta especialmente preocupante teniendo en cuenta que la recaudación de las películas españolas ha continuado siendo marcadamente inferior en los últimos años respecto a las producciones extranjeras3, mientras que las subvenciones han ido en aumento4, mientras que casi el 30 % de las 364 estrenadas el año pasado no superaron los mil euros por venta de entradas. Por otra parte, las medidas incluidas en este Proyecto acabarán por restringir la oferta asociada al sector del cine en lugar de incentivar la demanda. En particular: — Agudizará la competencia desleal de las Entidades Locales respecto de las salas de exhibición, permitiendo que las primeras puedan efectuar «proyecciones 1 https://www.cultura.gob.es/dam/jcr:17c40bc7-976c-4a55-a1d8-4e8f40a06c77/cuenta-s... 2 https://spainaudiovisualhub.digital.gob.es/content/dam/seteleco-hub-audiovisual/... 3 La recaudación de las películas españolas en el 2023 fue de 82,4 millones de euros, frente a los 410,7 millones de las películas extranjeras: https://www.cultura.gob.es/dam/jcr:4060b6e9-4fa9-4f18-923f-f15066dcc03c/estadist... 4 Las subvenciones directas han pasado de 42,8 millones a 152,9 millones entre 2014 y 2023: https://www.abc.es/economia/cine-espanol-recibe-250-millones-anuales-ayudas-2026... cinematográficas gratuitas o con precio simbólico» a partir de los seis meses de su estreno, mientras que en la Ley vigente dicho plazo era de 12 meses. — Impone obligaciones adicionales a los exhibidores sin exigirlas a las distribuidoras: «al menos el 20 % de las sesiones que se hayan programado —en salas de exhibición— sea con películas cinematográficas, comunitarias o iberoamericanas». — Omite medidas eficaces de apoyo fiscal para las salas de exhibición, mientras que sí se hace con las productoras y las distribuidoras. El texto incluye como obligación para el Gobierno el fomento de «la producción independiente con incentivos específicos y medidas que faciliten la competitividad y desarrollo de estas empresas». IV El Gobierno promueve también en esta iniciativa la pérdida de la unidad de acción del Estado en variadas materias. De aprobarse este texto, el ICAA tendrá que compartir sus atribuciones con los «órganos competentes de las Comunidades Autónomas». Además, aunque en la actualidad no existen órganos regionales en materia de calificación de obras, el artículo 7 abre la puerta a que también las regiones puedan clasificar las creaciones por rangos de edad. Por ejemplo, una misma obra podrá estar calificada «para todos los públicos» en una región y «no recomendada para mayores de 12 años» en otra. Asimismo, el Proyecto perpetra un nuevo ataque al español como lengua común de España en la actividad audiovisual. Para ello, establece un fondo de ayudas o créditos específicos para el «fomento y protección del uso, en la cinematografía y el audiovisual, de las lenguas oficiales distintas del castellano y de las lenguas reconocidas estatutariamente de las comunidades autónomas». Esta medida no responde a una mayor demanda social ni al interés del público, sino que derivará en la instrumentalización de las lenguas regionales como coartada para la división y el enfrentamiento profundizando en su ataque al español como lengua vehicular. Por último, el Proyecto prevé que el ICAA pueda contar con la «participación de órganos de apoyo y asesoramiento, en la forma que se desarrolle reglamentariamente», reconociendo con ello la habilitación para que el Gobierno cree a voluntad nuevos órganos que sirvan a sus intereses de manipular ideológicamente la cultura y aumentar el tamaño del sector público. V Como se ha expuesto, este Proyecto de Ley es profundamente ideológico y no responde a las necesidades del sector. El Gobierno pretende instrumentalizar la cultura, no como vehículo de expresión de las distintas sensibilidades artísticas de nuestro país, sino como un medio más para hacer de su ideología política de Estado. Por los motivos expuestos, el Grupo Parlamentario VOX postula la devolución al Gobierno, de cuya iniciativa procede el texto, del Proyecto de Ley del Cine y de la Cultura Audiovisual.