Enmienda núm. 208

La entrada en vigor de la Ley 8/2021 también tuvo consecuencias para las prestaciones en materia de Seguridad Social que se encontraban vinculadas a un grado de discapacidad del 65% o superior, asimilable por la Ley General de la Seguridad Social (LGSS) a las situaciones de incapacitación judicial en su redacción anterior. Esto se recogía así en la Disposición Adicional 25ª LGSS, que tras la entrada en vigor de la Ley 8/2021 cambió su redacción para asimilar el grado 65% o superior a las situaciones de curatela representativa. Así, la situación es muy similar a la que tenemos en materia tributaria. Sin embargo, en este caso sí se ha regulado en la Ley la asimilación, por lo que en su caso habría que modificar la Disposición Adicional 25ª LGSS para subsanar los problemas que están acaeciendo en esta materia. Al igual que ocurre en las deducciones de IRPF, la falta de asimilación a la curatela asistencial y la guarda de hecho en materia de Seguridad Social supone que personas que podrían anteriormente haber sido objeto de incapacitación judicial y ahora tengan otras medidas de apoyo en virtud de la reforma del Código Civil, dejen de ser posibles Página 212 beneficiarias de determinadas prestaciones sociales que anteriormente sí habrían podido tener. Este precepto determina la posibilidad de percibir diversas prestaciones sociales, como son: cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave en cuanto al mantenimiento de la prestación en la mayoría de edad (artículo 190.3 LGSS) y extinción de la prestación (artículo 192 LGSS); Prestaciones familiares en su modalidad no contributiva en cuanto a los beneficiarios de la misma (artículos 351 y 352.2.a) LGSS); Subsidio por nacimiento y cuidado del menor, en cuanto a la extensión del subsidio (art. 181.d) LGSS); jubilación anticipada (artículo 206 bis LGSS); prestaciones económicas por nacimiento o adopción de hijo en supuestos de familias numerosas, monoparentales, o de madres o padres con discapacidad (artículo 357 LGSS) y pensiones de invalidez no contributivas (artículo 363. c) LGSS). La Disposición Adicional 25ª de la Ley General de la Seguridad Social utilizaba la incapacitación judicial como indicador de la intensidad de las circunstancias, dado que entendía que si se requería representación es que las circunstancias eran más graves o asimilables a las de una persona con discapacidad igual o superior al 65. Sin embargo, bajo la nueva normativa este marcador de intensidad queda obsoleto ya que la Ley 8/2021 limita la representación de la persona con discapacidad a casos excepcionales en que las medidas de apoyo no se muestren eficientes. Evidentemente, esto va a depender de las circunstancias sociales y familiares de la persona, y no de las circunstancias de su discapacidad. Por tanto, existe incoherencia entre este precepto y el Código Civil, y se desvirtúa el objetivo de la Ley 8/2021. Parece lógico que la obtención de prestaciones no pueda estar vinculada a esta figura, ya que entonces se estaría reduciendo su obtención a casos excepcionales. Por lo anterior, la Disposición Adicional 25ª debe ser modificada para ajustarse al nuevo sistema de apoyos del ámbito de la discapacidad.