Enmienda núm. 93

Artículo 101. Ejercicio de la potestad disciplinaria. 1. La potestad disciplinaria se ejercerá por los órganos competentes de la Administración del Estado determinados por ley o norma reglamentaria. 2. La potestad disciplinaria se ejercerá de acuerdo con los siguientes principios: a) Legalidad y tipicidad de las faltas y sanciones, a través de la predeterminación normativa o, en el caso del personal laboral, de los convenios colectivos y demás disposiciones convencionales. b) Irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. c) Aplicación de la norma sancionadora más favorable. d) Imposibilidad de concurrencia de sanciones, por lo que no se podrán imponer dos sanciones disciplinarias por los mismos hechos cuando concurran identidad de sujetos, hechos y fundamento o bien jurídico protegido. e) Proporcionalidad en la ordenación de las infracciones y sanciones, así como en su aplicación. f) Culpabilidad, por la que solo podrán ser sancionados quienes resulten responsables de acuerdo con lo previsto en la ley. g) Presunción de inocencia. 3. Los hechos declarados probados por resoluciones judiciales penales firmes vinculan a la Administración del Estado respecto de los procedimientos disciplinarios que instruya. 4. Cuando de la instrucción de un procedimiento disciplinario resulte la existencia de indicios fundados de responsabilidad penal, se suspenderá su tramitación poniéndolo en conocimiento del Ministerio Fiscal. Finalizadas las actuaciones en la jurisdicción penal, en todo caso procederá la reanudación del procedimiento disciplinario hasta su terminación por resolución motivada.