Enmienda núm. 58

Propuesta registrada por

Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR

Disposición adicionales nuevas.

Texto que se propone

Redacción normativa presentada para su debate

«Disposición adicional (nueva). Protocolo de inspección de buques con origen o destino a Estados sobre los que recaiga indicios o sospecha de perpetración de delito de genocidio, crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad o en caso de supuestos de Estados sobre los que se hayan dictado medidas cautelares, sentencia firme u otro tipo de resoluciones por parte de tribunales nacionales o internacionales, así como cuando el buque porte carga destinada a estos Estados. Primero. 1. El presente protocolo tiene por objeto la especial supervisión e inspección de todos aquellos buques civiles con origen o destino a Estados sobre los que recaiga indicios o sospecha de perpetración de delito de genocidio crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad. También en caso de supuestos de Estados sobre los que pesen resoluciones de tribunales internacionales, así como cuando el buque porte carga destinada a estos Estados y que transiten por aguas exclusivas españolas o que atranquen, por cualquiera razón, en puertos españoles, debiendo determinar la inspección si en el buque se encuentran mercancías susceptibles de ser utilizadas como material militar. Este Protocolo se aplicará siempre a todo buque civil con origen o destino a Estados sobre los que recaiga indicios o sospecha de perpetración de delito de genocidio crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad o en caso de supuestos de Estados sobre los que pesen resoluciones de tribunales internacionales, así como cuando el buque porte carga destinada a estos Estados, que haga escala en un puerto o fondeadero para realizar una interfaz buque/puerto y a su tripulación. Se considerarán también inspecciones de buques las realizadas en aguas marítimas españolas no portuarias. 2. Para acordar que existen indicios o sospecha de perpetración de genocidio o crímenes de guerra por parte de un estado será suficiente la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias. a) La incoación de investigación en el Corte Penal Internacional contra altos dirigentes de un Estado por la comisión de genocidio crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad. b) Que por parte del Tribunal Internacional de Justicia se esté dilucidando proceso por demanda contra un Estado por violación del Convenio para la prevención y la sanción del delito de genocidio de 1948 o vulneración de los Convenios de Ginebra de 1949 sobre derecho internacional humanitario. c) La adopción de acuerdos por parte de organismos o comités de Naciones Unidas, la Unión Europea o el Consejo de Europa en los que se plasme la existencia de graves crímenes contra la comunidad internacional, incluidas conductas asimilables al genocidio crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad. d) La incoación de investigación penal por parte de los tribunales españoles competentes contra altos dirigentes de un Estado por la comisión de genocidio crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad. e) La apertura de una investigación por parte de la Fiscalía General del Estado o la Fiscalía de Sala de Derechos Humanos por la comisión de genocidio o crímenes de guerra por parte de responsables y altos dirigentes de un Estado. f) La concurrencia de hechos y conductas asimilables a los descritos en el Real Decreto-ley 10/2025, de 23 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina. 3. La declaración de aplicación del presente protocolo de inspección sobre buques con origen o destino a los países que pudiera estar incluidos en la descripción que se realiza en los apartados 1 y 2 del presente artículo se realizará mediante acuerdo del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible. Segundo. El ámbito de aplicación del presente protocolo de inspección mantendrá su vigencia en tanto continúe la situación descrita en el apartado anterior de peligro para la población civil de un territorio o Estado generada por un Estado agresor o mientras continúen en vigor resoluciones de tribunales nacionales o internacionales. Tercero. La autoridad competente en España para la inspección de buques es el Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible el cual la ejercerá a través de la Dirección General de la Marina Mercante y las Capitanías Marítimas en su calidad, estas últimas, de Administración marítima periférica. Las actividades inspectoras reguladas en este protocolo serán realizadas por personal funcionario debidamente acreditado del Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible, con los conocimientos y la titulación adecuados para la realización eficaz de los cometidos asignados y que ocupen puestos de trabajo que supongan el ejercicio de funciones de inspección y control de buques. Cuarto. La empresa naviera, propietario de la carga, el consignatario o el capitán de un buque que tenga por origen o destino a los referidos Estados o que porte carga con destino a los mismos y que se dirija a un puerto o fondeadero español estará obligado a notificar su llegada con una antelación mínima de 15 días. Cuando la Autoridad Portuaria o el órgano portuario autonómico competente reciban la notificación indicada en el párrafo anterior transmitirán inmediatamente dicha información a la Capitanía Marítima competente para prevenir las labores de inspección estipuladas en este protocolo, así como al Ministerio de Transportes y Movilidad, quien dará cuanta al resto de departamentos que pudieran tener interés en la materia. Quinto. Los procedimientos y formatos elaborados por el Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible para hacer efectiva la inspección indicada en este protocolo se ajustarán a las disposiciones reglamentarias vigentes en las que se establece un sistema de seguridad y de información sobre el tráfico marítimo. Sexto. Una vez el buque se encuentre en un puerto o fondeadero español, la Capitanía Marítima dará las instrucciones precisas para el comienzo de la inspección que, además de la supervisión de toda la documentación y certificados exigidos en la normativa reglamentaria española, deberá realizar una inspección ocular de toda la mercancía depositada en la cubierta y todas las bodegas de este. Al concluir la actividad de inspección y supervisión, los inspectores o subinspectores elaboraran el correspondiente informe de inspección de conformidad a lo dispuesto en este protocolo, debiendo en todo caso dejar constancia de la existencia o no de material susceptible de ser utilizado con fines militares por el Estado objeto de sospecha de comisión de genocidio u otros crímenes internacionales o sobre el que pesen resoluciones de tribunales internacionales. Séptimo. En caso de que en el buque objeto de inspección se encuentre material susceptible de ser utilizado con fines militares, se dará inmediata comunicación del hallazgo a la Capitanía Marítima y al Ministerio de Transportes y movilidad sostenible, quien dará cuanta al resto de departamentos que pudieran tener interés en la materia. Octavo. Constatada la presencia de material de uso militar o de doble uso con destino al Estado objeto de sospecha de comisión de genocidio, crímenes de guerra o crimines contra la humanidad o sobre el que pesen resoluciones de tribunales internacionales, la Administración General de Estado, a través de la Capitanía Marítima, procederá a la inmediata retención del material, productos y tecnologías de doble uso en tránsito a través del territorio o del espacio marítimo sujeto a la soberanía española, de acuerdo a lo establecido en los artículos 8 y 11 de Ley 53/2007, de 28 de diciembre, sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso, quedando el material en depósito en tanto no concluyan las razones de salvaguarda de la legislación internacional propias de este protocolo. Noveno. Igualmente, y en tanto no sea descargado e inmovilizado el material al que se refiere el artículo anterior, el buque quedará retenido en el puerto o fondeadero español en el que se encuentre, no pudiendo desplazarse hasta que su cubierta, bodegas o espacios de carga no estén libres del señalado material militar. Décimo. Cuando de las tareas de inspección y supervisión realizadas en el buque se hallen elementos indiciarios de la existencia de carga auxiliar de carácter militar o de doble uso que sea transportada por vía terrestre o área que transite por territorio español se dará inmediata cuenta al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, debiendo adoptarse en ese caso las medidas oportunas de retención de la carga, de conformidad con lo establecido en los artículos 8 y 11 de Ley 53/2007, de 28 de diciembre, sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso. Undécimo. Todas las inspecciones referidas en el presente protocolo en las que se hubieran hallado material de defensa o doble uso serán reportadas a las Corte Penal Internacional y a la Corte Internacional de Justicia por los cauces legales determinados al efecto, así como a la autoridad judicial española competente y a la Fiscalía de Sala de Derechos Humanos.»

Justificación y Motivación

Fundamentos políticos y jurídicos alegados por el proponente

Los hechos que la Comunidad Internacional ha venido observando en los últimos años, con graves vulneraciones de derechos humanos por parte de Estados sobre la población civil, hacen necesario que exista una normativa exigente que permita desarrollar con regularidad las suficientes inspecciones a buques con origen o destino a Estados sobre los que recaiga indicios o sospecha de perpetración de delito de genocidio. La sospecha de cometer este delito debería ser causa suficientemente importante y grave como para justificar unas exigentes inspecciones y controles en los puertos españoles. A pesar de los criterios políticos y las declaraciones, la inmensidad del control requerido hace imprescindible que exista regulación firme y clara en lo que respecta a la no-colaboración con genocidios. Los puertos españoles deben servir como barrera y rechazar cualquier sospecha de apoyo a Estados sobre los que recaigan estas graves acusaciones, por lo que se deben instaurar protocolos pormenorizados que incluyan las posibles circunstancias, procedimientos y sanciones. Actualmente es urgente implementar este tipo de protocolos debido a que las acciones del Estado de Israel hacia la población del Estado de Palestina, enmarcadas en una ocupación ilegal, representan violaciones graves de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, que vulneran, entre otros instrumentos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto internacional de derechos civiles y políticos, el Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales así como la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, y las Convenciones de Ginebra para la protección de las víctimas de los conflictos armados, en particular el contenido de la IV Convención de Ginebra, que protege a las personas bajo ocupación. Por ello, es obligado recordar que, según el artículo 1, común a las cuatro convenciones de Ginebra, ratificadas por todos los Estados que conforman la Sociedad internacional, todos los Estados «se comprometen a respetar y a hacer respetar [su contenido] en todas las circunstancias». Es preciso cumplir pues esta obligación crucial que tienen los Estados e impedir que pierda su carácter vinculante. Además, ante la campaña militar acometida por parte del Estado de Israel contra la población de Gaza, la Corte Internacional de Justicia ha entendido que hay indicios para investigar la comisión por Israel de un genocidio y ha emitido una resolución de medidas cautelares fechada el pasado 26 de enero de 2024, que ordena detener cualquier actuación que pudiera ser constitutiva de genocidio en Gaza. La resolución de la Corte, ampliamente conocida por la Comunidad Internacional, constata que los ciudadanos palestinos de la Franja de Gaza forman una parte sustancial de un grupo protegido (el de los palestinos), habiendo producido la operación militar de Israel numerosos muertos y heridos, destrucción masiva de viviendas, desplazamiento forzoso de una aplastante mayoría de la población y daños considerables a las infraestructuras civiles. La Corte se apoya en manifestaciones de altos funcionarios de la Secretaría de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) para avalar que Gaza se ha convertido en un lugar inhabitable donde el sentido de humanidad se ha extinguido, y las enlaza con las declaraciones de responsables israelíes. Se puede subrayar que la Corte menciona, asimismo, la inquietud por el claro aumento de los propósitos odiosos de carácter racista y deshumanizador hacia los palestinos desde el 7 de octubre, expresada por el Comité de las Naciones Unidas para la eliminación de la discriminación racial, y toma nota, sobre todo, del comunicado suscrito por 37 relatores especiales, expertos independientes y miembros de grupos de trabajo en procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos, alarmados por la retórica «visiblemente genocida» de altos responsables gubernamentales israelíes. Con estos antecedentes, en dicha resolución la Corte Internacional de Justicia ordenó a Israel y al Ejército de Israel la adopción de medidas cuyo cumplimiento incumben a este país y también a cualquier país bajo la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, entre ellos España. Se debe recordar que todos los Estados tienen la obligación jurídica internacional de actuar para prevenir el genocidio en virtud de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948 y, según lo determinó anteriormente la Corte Internacional de Justicia (ICJ), en virtud del derecho consuetudinario. Esto significa que la obligación de prevenir es vinculante para todos los Estados, y por tanto el Gobierno español debe adoptar medidas activas, acorde a sus posibilidades, para prevenir, evitar y hacer cesar cualquiera de las actuaciones realizadas por Israel en Gaza que están siendo investigadas por la Corte Internacional de Justicia como constitutivas de delito de Genocidio. Las referidas medidas a adoptar son las siguientes: «Medidas inmediatas para que el Ejército de Israel no cometa ningún acto descrito en el punto anterior», esto es, «medidas para prevenir la realización de los actos previstos en el artículo dos de la Convención (sobre Genocidio), matar miembros del grupo, causar serios daños físicos y mentales a los miembros del grupo, infringir deliberadamente al grupo condiciones de vida calculadas para su destrucción física en todo o en parte e imposición de medidas para evitar el nacimiento dentro del grupo». Entre las medidas provisionales urgentes adoptadas por la Corte se encuentra la siguiente: «5. Preservar pruebas relacionadas con violaciones de la Convención sobre Genocidio (punto 81 Order 26 enero 2024 ICJ).» La Corte recuerda en la misma resolución que sus Órdenes sobre medidas provisionales conforme al Artículo 41 del Estatuto, tienen efecto vinculante y, por lo tanto, crean obligaciones jurídicas internacionales para cualquier parte. España ha sido parte en el procedimiento seguido a iniciativa de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia, habiendo intervenido bajo el artículo 63 del Estatuto de la Corte, por lo que el cumplimiento de las medidas adoptadas le incumbe especialmente. La mencionada resolución de la Corte ha sido ampliada por resoluciones de fecha 28 de marzo y 24 de mayo, todas de este año 2024, de la Corte Internacional de Justicia. Se constata a su vez que el pasado 21 de noviembre de 2024 la Corte Penal Internacional (CPI) acordó órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el ex ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, y ello en tanto existen «motivos razonables» para creer que estos últimos tienen responsabilidad penal por presuntos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos por Israel en su ofensiva militar contra la población de Gaza desde octubre de 2023. Dicha orden de detención trae causa en la solicitud que en el mes de mayo de 2024 realizó la Fiscalía del CPI, ya que según manifestaba cuenta con «pruebas que hemos recopilado, incluidas entrevistas con sobrevivientes y testigos presenciales, material de video, fotografías y audio, imágenes de satélite y declaraciones del presunto grupo perpetrador, muestran que Israel ha privado intencional y sistemáticamente a la población civil en todas partes de Gaza de objetos indispensables para la supervivencia humana», lo que deja patente prueba de las actividades que contra las leyes internacionales está perpetrando el Estado de Israel y sus dirigentes. Además, el Tratado sobre el Comercio de Armas faculta a España para detener los dispositivos bélicos que se encuentran en buques o cargueros cuyo destino sea un lugar de conflicto, tal y como se indica en el mencionado Tratado sobre el Comercio de Armas, hecho en Nueva York el 2 de abril de 2013 y ratificado por España con plena aplicación en nuestro país (BOE núm. 163, de 9 de julio de 2013, páginas 50849 a 50860), que establece claramente en el artículo 6.3 que: «Un Estado Parte no autorizará una transferencia de armas convencionales comprendidas en el apartado 1 del artículo 2 o de artículos comprendidos en los artículos 3 o 4 si, en el momento de la autorización, tiene conocimiento de que las armas o los artículos se utilizarían para cometer genocidio, crímenes de lesa humanidad, violaciones graves de los Convenios de Ginebra de 1949, ataques contra objetivos civiles o contra civiles protegidos como tales, u otros crímenes de guerra definidos en acuerdos internacionales de los que sea parte.» El artículo 7.1. a) y b) de dicho convenio establece que cada Estado deberá analizar las exportaciones de armas que puedan menoscabar la paz y la seguridad o utilizarse para cometer o facilitar una violación grave del derecho internacional humanitario o cometer o facilitar una violación grave del derecho internacional de los derechos humanos. Por supuesto, el mismo tratado establece en su artículo 2 que la transferencia de armas incluye la exportación, la importación, el tránsito, el transbordo y el corretaje de armas. Las anteriores prohibiciones establecidas en el Tratado sobre el Comercio de Armas, hecho en Nueva York el 2 de abril de 2013, tienen correlación en el artículo 8 de Ley 53/2007, de 28 de diciembre, sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso, ley que además establece la facultad de proceder al bloqueo o retención del material bélico que esté en tránsito por nuestro país. Así, nos dice el artículo 11 de la citada norma que la Administración General de Estado podrá proceder a la inmediata retención del material de defensa, del otro material y de los productos y tecnologías de doble uso en tránsito a través del territorio, o del espacio marítimo o aéreo sujetos a la soberanía española, cuando se den los supuestos previstos en el artículo 8 de esta Ley, sin perjuicio de los controles establecidos por disposiciones especiales. La labor de inspección en buques que transiten por territorio español viene además determinada por el Real Decreto 1837/2000, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de inspección y certificación de buques civiles, por el Real Decreto 1737/2010, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las inspecciones de buques extranjeros en puertos españoles y por el Real Decreto 1334/2012, de 21 de septiembre, sobre las formalidades informativas exigibles a los buques mercantes que lleguen a los puertos españoles o que salgan de éstos, normas reglamentarias en las que se incluyen medidas coercitivas con ocasión del tránsito de buques con deficiencias en los certificados o cargas en sus bodegas, así como en el texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, que es la norma base de regulación de la labor inspectora y que sirve para dar acomodo normativo al protocolo de inspección que se desarrollada en la presente norma. Existen precedentes de buques con destino al Estado de Israel cuyo atraque en puertos españoles ya ha sido denegado, existiendo indicios de que la certificación de carga ocultaba u omitía la presencia en el buque de material de uso militar que posteriormente pudiera ser utilizada contra la población del Estado de Palestina ubicada en Gaza y Cisjordania. Ante esta situación, debe reseñarse la reciente aprobación del Real Decreto-ley 10/2025, de 23 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina, medidas que viene a reforzar el embargo al Estado de Israel de armas y otros materiales de doble uso y la denegación de autorización de tránsito de estos productos con finalidad bélica, lo que hace necesario extremar las precauciones de inspección para que ningún material susceptible de uso bélico pueda evitar las denegación de tránsito utilizando el falseamiento o indeterminación del etiquetado de la carga. Reafirmando el compromiso de España por combatir los crímenes internacionales, por lograr paz y el respeto a los derechos humanos, con el conjunto del ordenamiento jurídico internacional, las instituciones internacionales y los tribunales internacionales de justicia, vistas las especiales circunstancias que padece la población de Palestina y otras zonas de Oriente Próximo que padecen ataques de las fuerzas armadas de Israel, por medio del presente instrumento normativo se estipula la base legal que debe regir la labores de inspección de buques con origen o destino a Estados sobre los que recaiga indicios o sospecha de perpetración de delito de genocidio, siendo relevante la especial circunstancia que a día de hoy afecta a todo tránsito o atraque en el territorio español de buques con destino al Estado de Israel, y ello mientras persistan los ataques contra la población civil del Estado de Palestina y las investigaciones por la justica internacional de actuaciones que puedan significar comisión de crímenes internacionales.

Firmante registrado: Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR