Enmienda núm. 714

Propuesta registrada por

Grupo Parlamentario Republicano

Disposición final octava. Título competencial.

Texto que se propone

Redacción normativa presentada para su debate

Se propone la modificación de la Disposición final octava. Título competencial, mediante modificación de los apartados 1 y 2, que queda redactado en los términos siguientes: Página 597 1. Esta ley se dicta conjuntamente al amparo de las competencias exclusivas del Estado previstas en el artículo 149.1. 1.ª de la Constitución Española, de regulación de las condiciones básicas que garantizan la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales ; en el artículo 149.1.13.ª de la Constitución Española, en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica; en el artículo 149.1.18.ª de la Constitución Española, relativa las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas y el procedimiento administrativo común; en el artículo 149.1.23.ª de la Constitución Española, de legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las Comunidades Autónomas de establecer normas adicionales de protección; y en el artículo 149.1.25.ª de la Constitución Española, de bases del régimen minero y energético. 2. Asimismo, esta ley se dicta también al amparo de las competencias exclusivas del Estado previstas en los artículos 149.1.7.ª de la Constitución Española, de legislación laboral, en relación con la disposición transitoria primera y la disposición final tercera :149.1.15.ª de la Constitución Española, de fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica, en relación con el título V (innovación y digitalización del transporte y la movilidad) y la disposición adicional décima. ; 149.1.20.ª de la Constitución Española, de puertos y aeropuertos de interés general, en relación con la disposición adicional sexta; 149.1.21.ª de la Constitución Española, de ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por el territorio de más de una comunidad autónoma, tráfico y circulación de vehículos a motor, en relación con el título III (planificación y gestión de infraestructuras y servicios de transporte), el título VI (mejora de la competitividad en el transporte de mercancías y la logística) , así como la disposición adicional cuarta, la disposición adicional décima, y la disposición adicional undécima. 3. Los principios rectores contenidos en el artículo 5 de esta ley constituyen las bases dictadas al amparo de los artículos de la Constitución citados en los apartados precedentes, correspondiendo a las Comunidades Autónomas su desarrollo de acuerdo con sus competencias respectivas.

Justificación y Motivación

Fundamentos políticos y jurídicos alegados por el proponente

Una normativa estatal que incida en las políticas públicas de otras administraciones competentes en materia de movilidad y transportes, debería limitarse estrictamente a formular las bases en materia de planificación general de la actividad económica, régimen jurídico de las AAPP y procedimiento administrativo común, protección del medio ambiente y régimen energético. De este modo, no debe entrar en la regulación detallada ni en la planificación de la actuación cotidiana de aquellas administraciones, ni mucho menos substituirlas en el ejercicio de sus competencias ejecutivas. El derecho a la accesibilidad en unas condiciones de movilidad adecuadas, que se reconoce en esta ley (en los términos de la enmienda num. 6 al artículo 4) no puede ser un título de atribución competencial -en términos de competencia exclusiva- a favor del Estado, al amparo del artículo 149.1.1 de la Constitución, como no lo es, tampoco, un inexistente derecho a la movilidad. Cualquier política pública sectorial, en la medida que se dirige al conjunto de personas afectadas o beneficiadas por la misma, permite o facilita en dicho ámbito sectorial 'el libre ejercicio de sus derechos y libertades constitucionales', sin que ello tenga que significar la asunción por el Estado, con invocación del artículo 149,1,1.º de la Constitución, de un grado de intervención sobre aquella política que desvirtue la distribución de competencias hasta el punto que pretende hacerlo el proyecto de ley. La ley catalana de movilidad (Ley 9/2003), que constituye derecho vigente desde hace 20 años y aparece, sin duda, como el antecedente normativo de mayor contenido del proyecto de ley, configura la movilidad como un sistema de infraestructuras, servicios y Página 598 formas de planificación y gestión que tiene caràcter instrumental del derecho de los ciudadanos a la accesibilidad adecuada (art.2 a): Aquesta Llei té com a principis inspiradors: a) El dret dels ciutadans a l'accessibilitat en unes condicions de mobilitat adequades i segures i amb el mínim impacte ambiental possible. Este derecho debe alcanzar a todas las personas, sin que les sea exigible ningún estado o vinculación singular, debiendo la Administración autonómica competente -como lo ha materializado mediante una norma con rango legal- desplegar por sí misma y sin otra intervención 'superior' todas cuantas acciones deban dirigirse a hacer efectivo aquel derecho.

Firmante registrado: Grupo Parlamentario Republicano