Enmienda núm. 495

Se añade un nuevo apartado con el siguiente contenido: [...] Cuatro ter. El apartado 2 del artículo 59 queda redactado en los siguientes términos: 'Artículo 59. 2. Para la prestación de servicios ferroviarios sujetos a obligaciones de servicio público, las empresas ferroviarias deberán disponer de una autorización que será otorgada por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, previo informe favorable de los Ministerios de Economía, Comercio y Empresa y de Hacienda y previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, a través de un procedimiento de licitación que se ajustará a los principios de publicidad, transparencia y no discriminación. Podrán ser objeto de adjudicación directa los servicios ferroviarios sujetos a obligaciones de servicio público en los casos y supuestos permitidos en el Reglamento 1370/2007, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, sobre los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera. No obstante lo anterior, cuando se trate de servicios sujetos a obligaciones de servicio público prestados sobre la Red Ferroviaria de Interés General, únicamente cabrá la adjudicación directa cuando un único operador haya manifestado interés en esta adjudicación, excepto en el supuesto del artículo 5.5 del citado reglamento. Para comprobar que concurre esta circunstancia, se seguirá el procedimiento contemplado en el artículo 5.3.ter del mismo. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia resolverá las reclamaciones que presenten las empresas ferroviarias y el resto de candidatos sobre si concurren los requisitos previstos en este artículo para la adjudicación directa de servicios sujetos a obligaciones de servicio público prestados sobre la Red Ferroviaria de Interés General. En los supuestos de adjudicación directa, la correspondiente autorización deberá contemplar la necesidad de que, mediante los mecanismos oportunos, la empresa prestadora del servicio cumpla con los principios de eficiencia y buena gestión empresarial. La resolución que acuerde la adjudicación directa de la autorización deberá acreditar expresamente las causas que la justifican. Las autorizaciones definirán los derechos y obligaciones de las empresas prestadoras, entre las que figurarán las destinadas a garantizar la continuidad de los servicios, y determinarán, en su caso, las compensaciones que tengan derecho a percibir por la explotación de los servicios en las condiciones establecidas por las obligaciones de servicio público, y calculadas con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (CE) 1370/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2007 sobre los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera.'