Enmienda núm. 48

Propuesta registrada por

Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR

Artículo 103. Modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.. Diecinueve. Artículo 137 bis.

Texto que se propone

Redacción normativa presentada para su debate

Diecinueve. Se añade el artículo 137 bis con la siguiente redacción: 'Artículo 137 bis. Realización de actuaciones judiciales mediante el sistema de videoconferencia. 1. Las actuaciones judiciales realizadas por videoconferencia deberán documentarse en la forma establecida en el artículo 147 de esta ley. El tribunal velará por el cumplimiento del principio de publicidad, acordando las medidas que sean necesarias para que las actuaciones procesales que sean públicas y se celebren por este medio sean accesibles a los ciudadanos. 2. Los y las profesionales, así como las partes, peritos y testigos que deban intervenir en cualquier actuación por videoconferencia lo harán desde la oficina judicial correspondiente al partido judicial de su domicilio o lugar de trabajo. En el caso de disponer de medios adecuados, dicha intervención también se podrá llevar a cabo desde el juzgado de paz de su domicilio o de su lugar de trabajo. 3. Cuando el juez o la jueza, en atención a las circunstancias concurrentes, lo estime oportuno, estas intervenciones podrán hacerse desde cualquier lugar, siempre que disponga de los medios que permitan asegurar la identidad del interviniente conforme a lo que se determine reglamentariamente. En todo caso, cuando el declarante sea menor de edad o persona sobre la que verse un procedimiento de medidas judiciales de apoyo de personas con discapacidad, la declaración por videoconferencia solo se podrá hacer desde una oficina judicial, en los términos del apartado 2. Las víctimas de violencia de género, violencia sexual, trata de seres humanos, y víctimas menores de edad o con discapacidad podrán intervenir desde los lugares donde se encuentren recibiendo oficialmente asistencia, atención, asesoramiento y protección, o desde cualquier otro lugar si así lo estima oportuno el juez siempre que dispongan de medios suficientes para asegurar su identidad y las adecuadas condiciones de la intervención conforme a lo que se determine reglamentariamente. 4. El uso de medios de videoconferencia deberá solicitarse con la antelación suficiente y, en todo caso, diez días antes del señalado para la actuación correspondiente. 5. Lo dispuesto en los apartados anteriores será de aplicación también a aquellas actuaciones que hayan de realizarse únicamente ante los Letrados de la Administración de Justicia. 6. Lo dispuesto en este artículo deberá realizarse garantizando la accesibilidad universal'.

Justificación y Motivación

Fundamentos políticos y jurídicos alegados por el proponente

El citado informe de Plena Inclusión sobre la situación de personas reclusas y exreclusas con discapacidad intelectual pone de relieve que únicamente el 51.4 % de las personas contaban con certificado de discapacidad de forma previa al procedimiento y únicamente en el 3,3 % de los casos se detectó la discapacidad durante el procedimiento judicial. Además, de los 743 procedimientos, solo en el 31.5 % de los procedimientos se ha tenido en cuenta la discapacidad en algún momento. En el 57.7 % no se ha tenido en cuenta, y en el 10.8 % se desconoce. Estos datos suponen que las personas con discapacidad intelectual no suelen ser detectadas por los operadores jurídicos y pasan desapercibidas en los procedimientos a los que acuden de forma presencial, lo que supone que no se realizarán ajustes o adaptaciones y, por tanto, se vulnera su derecho a no sufrir indefensión. La presente norma propone la generalización de la utilización de medios procesales cuando no existen investigaciones, ni datos que avalen que la utilización de medios telemáticos respete debidamente las garantías procesales. Es más, esta generalización se realiza en contra de la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El Tribunal Supremo, en su STS 3144/2021, de 22 de julio, se ha hecho eco de la doctrina establecida por el TEDH sobre la posibilidad de celebración de juicios penales en que el acusado intervenga por videoconferencia, señalando que sólo se podrá producir en casos excepcionales y en aras de salvaguardar un interés público relevante justificado, siempre que se garantice la efectiva participación del acusado en el juicio. 'La doctrina del TEDH apunta inequívocamente a la necesidad de concurrencia de la persona acusada en el acto del juicio como fórmula predominante y preferible. Refuerza esa metodología las garantías del derecho a que la causa sea oída equitativamente. Al mismo tiempo permite verificar las afirmaciones del acusado y compararlas con las de los testigos que declaran en su contra. Aunque no esté mencionada expresamente, el art. 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, da por supuesta esa presencia física en la vista. Además, la poca evidencia que existe concluye que la utilización de medios telemáticos dificultará la propia detección de las necesidades de apoyo de la persona, también dificultará que la autoridad judicial pueda apreciar si la persona está comprendiendo o no, ya que siempre no se estará observando directamente a la persona, sus gestos y expresiones, por ejemplo, de los ojos. En este sentido, por ejemplo, el informe de la Comisión de Equidad y Derechos Humanos del Parlamento de Reino Unido ( Inclusive justice: a system designed for all, 2020) sobre el impacto de las video conferencias y su impacto en la efectiva participación de las personas establece que la utilización de las video conferencias no es adecuada en el caso de personas con discapacidades cognitivas (cognitive impairments). Aunque este artículo regule la utilización de la videoconferencia en los procesos civiles, creemos que lo dicho en los párrafos anteriores se mantiene y que, además, los procesos relacionados con el apoyo se basan en que se conozca la voluntad y preferencia de las personas, por lo que no resultaría lícito utilizar medios telemáticos cuando su utilización va en detrimento de que la persona se exprese. En el supuesto de víctimas con discapacidades cognitivas que impliquen dificultades en el funcionamiento de procesos cognitivos o mentales normotípicos, se aplicará la regla general de la presencialidad ya sea en la sede judicial o en un lugar de elección de la víctima para evitar procesos de victimización secundaria.

Firmante registrado: Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR