Enmienda núm. 544

Propuesta registrada por

Néstor Rego CandamilGrupo Parlamentario Mixto

Artículo 102. Modificación de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.. Treinta. Artículo 139, apartado 4.

Texto que se propone

Redacción normativa presentada para su debate

Treinta. Se modifica el apartado 4 del artículo 139, que queda redactado del siguiente modo: '4. En primera o única instancia, la parte condenada en costas estará obligada a pagar una cantidad total que no exceda de la tercera parte de la cuantía del proceso, por cada uno de los favorecidos por esa condena; a estos solos efectos, las pretensiones de cuantía indeterminada se valorarán en 18.000 euros, salvo que, por razón de la complejidad del asunto, el tribunal disponga razonadamente otra cosa. En los recursos, y sin perjuicio de lo previsto en el apartado anterior, la imposición de costas podrá ser a la totalidad, a una parte de éstas o hasta una cifra máxima Quedan excepcionados los pleitos relativos a cuestiones laborales del personal funcionario al servicio de las Administraciones Públicas para la defensa de sus derechos laborales en que sólo se impondrán en el caso de mala fe o temeridad'. Página 570 Treinta. Modifícase o apartado 4 do artigo 139, que queda redactado do seguinte modo: '4. En primeira ou única instancia, a parte condenada en costas estará obrigada a pagar unha cantidade total que non exceda da terceira parte da contía do proceso, por cada un dos favorecidos por esa condena; a estes sós efectos, as pretensións de contía indeterminada valoraranse en 18.000 euros, salvo que, por razón da complexidade do asunto, o tribunal dispoña razonadamente outra cousa. Nos recursos, e sen prexuízo do previsto no apartado anterior, a imposición de costas poderá ser á totalidade, a unha parte destas ou ata unha cifra máxima Quedan excepcionados os preitos relativos a cuestións laborais do persoal funcionario ao servizo das Administracións Públicas para a defensa dos seus dereitos laborais en que só se impoñerán no caso de mala fe ou temeridade'.

Justificación y Motivación

Fundamentos políticos y jurídicos alegados por el proponente

Esta enmienda pretende corregir la imposición de costas en el orden contencioso administrativa en todo caso cuando la parte demandante es personal funcionario al servicio de las Administraciones Públicas y presenta la demanda para la defensa de sus derechos laborales. Hasta el año 2011 las costas en el orden contencioso administrativa se regulaban por el criterio de mala fe o temeridad; de forma que únicamente se imponían las costas a la parte que se consideraba que había actuado en el litigio de esa forma. A partir de ese año se introdujo el criterio de vencimiento objetivo, de manera que se le impondrían las costas procesales aparte que había visto rechazadas todas sus pretensiones (salvo que el tribunal aprecie serias dudas de hecho o de derecho en el asunto). Sin embargo, esta forma de actuar, en el caso de demandantes personal funcionario para defender sus derechos laborales es injusto y provoca un agravio comparativo con el resto de empleados públicos, tanto personal laboral como eventual al servicio de las Administraciones Públicas, que deben acudir a la orden social. En este orden no existe un criterio de vencimiento objetivo de condena en cuestas y, además, los trabajadores y trabajadoras tienen reconocido el derecho a la justicia gratuita. Con la redacción anterior del artículo 139 los efectos negativos de esta situación se limitaban, por lo menos en parte, pues establecía que 'La imposición de costas podrá ser la totalidad, a una parte de estas o hasta una cifra máxima.' En la práctica, y en base a este precepto, los Tribunales suelen a condenar en costas, de forma objetiva conforme el criterio legal introducido en el 2011, pero estableciendo una cifra máxima para su imposición, cifra que también habitualmente era muy inferior a la que supondría conforme las normas orientativas de los Colegios de Abogados/as en materia de regulación de las correspondientes minutas por su actuación profesional. Con la redacción dada por el Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre se suprime, salvo en materia de recursos, esa posibilidad, por lo que se aplicarán los criterios generales en materia de costas y su tasación en la Ley de Enjuiciamiento Civil, pudiendo llegar a encontrarnos que, en los pleitos que deba interponer el personal funcionario en defensa de sus derechos laborales podrían enfrentarse, en el caso de perder el juicio, a tener que abonar minutas, por la actuación profesional de los servicios jurídicos del Estado o de las correspondientes Administraciones Públicas, de miles de euros, ya no limitando el derecho a la tutela judicial efectiva sino suprimiéndolo definitivamente. <

Firmante registrado: Néstor Rego Candamil (Grupo Parlamentario Mixto)