Enmienda núm. 55

Propuesta registrada por

Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR

Disposiciones adicionales nuevas

Texto que se propone

Redacción normativa presentada para su debate

Disposición adicional nueva. Quedaría redactada como sigue: «Disposición adicional X. Modificación de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social. Uno. Se modifica el apartado 1 del artículo 21, quedando redactado como sigue: “Artículo 21. Intervención de abogado, graduado social colegiado o procurador. 1. La defensa por abogado y la representación técnica por graduado social colegiado tendrá carácter facultativo en la instancia. En el recurso de suplicación los litigantes habrán de estar defendidos por abogado o representados técnicamente por graduado social colegiado. En el recurso de casación y en las actuaciones procesales ante el Tribunal Supremo será preceptiva la defensa de abogado o la representación técnica por graduado social colegiado. Cuando la defensa sea facultativa, con excepción de lo previsto en el artículo siguiente, podrá utilizarla sin embargo cualquiera de los litigantes, en cuyo caso será de su cuenta el pago de los honorarios o derechos respectivos con las excepciones contempladas en la legislación sobre asistencia jurídica gratuita.” Dos. Se modifica el apartado 1 del artículo 210, quedando redactado como sigue: “Artículo 210. Interposición del recurso. 1. El escrito de formalización se presentará ante la Sala que dictó la resolución impugnada, por el abogado o graduado social colegiado designado al efecto quien, de no indicarse otra cosa, asumirá desde ese momento la representación de la parte en el recurso, y designando un domicilio a efectos de notificaciones, con todos los datos necesarios para su práctica, con los efectos del apartado 2 del artículo 53.” Tres. Se modifica el apartado 1 del artículo 211, quedando redactado como sigue: “Artículo 211. Traslado a las otras partes. 1. Una vez formalizado el recurso o recursos dentro del plazo concedido y con los requisitos exigidos, el secretario judicial proveerá en el plazo de dos días dando traslado del mismo a las demás partes por término común de diez días para su impugnación. El escrito de impugnación deberá presentarse acompañado de tantas copias como sean las demás partes para su traslado a las mismas. En el mismo se desarrollarán por separado los distintos motivos de impugnación, correlativos a los de casación formulados de contrario y las causas de inadmisión que estime concurrentes, así como, en su caso, otros motivos subsidiarios de fundamentación del fallo de la sentencia recurrida o eventuales rectificaciones de hechos que, con independencia de los fundamentos aplicados por ésta, pudieran igualmente sustentar la estimación de las pretensiones de la parte impugnante, observando análogos requisitos que los exigidos para la formalización del recurso. El escrito deberá estar suscrito por letrado o graduado social colegiado, quien de no indicarse otra cosa asumirá desde ese momento la representación de la parte en el recurso, designando domicilio con todos los datos necesarios para notificaciones en la sede de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. 2. Durante el plazo de impugnación los autos se encontrarán a disposición de la parte o del letrado o graduado social colegiado que designe a tal fin, en la oficina judicial de la Sala para su entrega o examen. En el caso de que la Sala disponga de los autos en soporte electrónico o pueda accederse a ellos por medios telemáticos, podrá sustituir el traslado material de las actuaciones por tales medios, conforme dispone el apartado 1 del artículo 48.” Cuatro. Se modifica el apartado 1 del artículo 221, quedando redactado como sigue: “Artículo 221. Forma y contenido del escrito de preparación del recurso. 1. El recurso se preparará mediante escrito dirigido a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia que dictó la sentencia de suplicación, y designando un domicilio en la sede de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo a efectos de notificaciones, con todos los datos necesarios para su práctica y con los efectos del apartado 2 del artículo 53. 2. El escrito de preparación deberá estar firmado por abogado o graduado social colegiado, acreditando la representación de la parte de no constar previamente en las actuaciones, y expresará el propósito de la parte de formalizar el recurso, con exposición sucinta de la concurrencia de los requisitos exigidos. El escrito deberá: a. Exponer cada uno de los extremos del núcleo de la contradicción, determinando el sentido y alcance de la divergencia existente entre las resoluciones comparadas, en atención a la identidad de la situación, a la igualdad sustancial de hechos, fundamentos y pretensiones y a la diferencia de pronunciamientos. b. Hacer referencia detallada y precisa a los datos identificativos de la sentencia o sentencias que la parte pretenda utilizar para fundamentar cada uno de los puntos de contradicción.” Cinco. Se modifica el apartado 2 del artículo 223, quedando redactado como sigue: “Artículo 223. Interposición del recurso. 2. El escrito de interposición del recurso deberá ir firmado por abogado o graduado social colegiado, y reunir los requisitos del artículo 224.” Seis. Se modifica el apartado 2 del artículo 231, quedando redactado como sigue: “Artículo 231. Nombramiento de letrado o graduado social colegiado. 2. En el recurso de casación ordinario, el nombramiento de letrado o graduado social colegiado se realizará por las partes ante la Sala de lo Social de procedencia dentro del plazo señalado para su preparación o impugnación, según proceda. En el recurso de casación para unificación de doctrina, el nombramiento se efectuará por la parte recurrente al prepararlo ante la Sala de procedencia, y por las demás partes ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo dentro del término del emplazamiento para su personación. Se entenderá, en ambos casos, que asume la representación del recurrente el mismo letrado o graduado social colegiado que hubiera actuado con tal carácter ante la Sala de instancia o de suplicación, salvo que se efectúe expresamente nueva designación.”»

Justificación y Motivación

Fundamentos políticos y jurídicos alegados por el proponente

La enmienda que se presenta pretende corregir la anomalía jurídica que en la actualidad sigue produciendo con el colectivo de graduados sociales, profesionales jurídicos, que tienen reconocida su postulación como operadores jurídicos en la LOPJ, LRJS y Ley Concursal, a los que la norma procesal laboral, sigue vetando su actuación ante la Sala IV del TS. Esta limitación, que carece hoy de una justificación objetiva y razonable, constituye una restricción injustificada del principio de igualdad en el acceso a la justicia y de la libre elección de profesional por parte del justiciable. El graduado social accede al ejercicio profesional tras la obtención de un título universitario oficial de Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, con unos planes de estudios especializados en el Derecho del Trabajo, Derecho de la Seguridad Social y el Derecho Procesal Laboral. Esta base académica, homologable en exigencia técnica a la de otros operadores jurídicos, legitima su intervención en los procedimientos judiciales laborales en condiciones de plena competencia y responsabilidad profesional. Hoy en día, la función procesal de los graduados sociales cuenta con pleno reconocimiento normativo, presentándose en el Titulo II de la LO 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, junto con abogados y procuradores como uno de los profesionales privados que colaboran con la Administración de Justicia. De forma más específica, la Ley 36/2011 reguladora de la jurisdicción social y el RD legislativo 1/2020 texto refundido de la ley concursal facultan a los graduados sociales para postular en los procesos seguidos ante la jurisdicción social o en los Juzgados de lo Mercantil, y las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia. Podemos afirmar, por tanto, que las funciones de un graduado social y de un abogado son perfectamente equiparables dentro del orden social de la jurisdicción. A excepción de las ya aludidas actuaciones ante el Tribunal Supremo, no encontraremos en el desarrollo de un proceso judicial en materia social ninguna diferencia entre la forma de actuar de un graduado social y la de un abogado. Ambos profesionales ostentan idénticas facultades y quedan sometidos a los mismos deberes procesales. En este contexto, la prohibición actual de intervenir ante la Sala Cuarta del Tribunal Supremo se configura como una incoherencia sistémica dentro del propio diseño legal del proceso laboral. Se trata de una excepción que no responde ni a la capacidad técnica del profesional ni a las exigencias del proceso, y cuya única consecuencia práctica es la fragmentación de la defensa jurídica de la persona trabajadora o de la empresa recurrente. Con las modificaciones propuestas, se pretende corregir la incongruencia que sufren los graduados sociales y sus clientes - ya vividas años atrás con el recurso de suplicación- en donde, el graduado social atiende al cliente en su despacho, asesora sobre sus derechos y acciones legales que puede emprender, los representa técnicamente en el acto de conciliación o mediación ante los servicios administrativos, los representa técnicamente ante el Juzgado de lo Social y la Sala de lo Social de los TSJ en el recurso de suplicación, pero finalmente no puede concluir su actuación profesional ante la Sala IV del TS viéndose obligado a ceder su intervención por esta anomalía jurídica que presenta la norma. Esta situación, produce graves perjuicios al ciudadano que para poder recurrir en casación o en unificación de doctrina ante la Sala IV del TS tiene que buscar otro profesional que desconoce todo lo actuado anteriormente y, que además ve incrementado los costes de su procedimiento. Por todo ello, y en conclusión, esta enmienda tiene por finalidad completar el régimen de postulación reconocido a los graduados sociales, extendiendo su habilitación procesal a la actuación ante la Sala Cuarta del Tribunal Supremo en los recursos de casación y unificación de doctrina, en coherencia con su intervención ya reconocida en todas las fases e instancias precedentes del orden jurisdiccional social. Se trata, en definitiva, de ajustar el marco legal a la realidad profesional de un colectivo plenamente cualificado, cuya condición de operador jurídico especializado en materia laboral y de seguridad social resulta incuestionable.

Firmante registrado: Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR