En 1929 entró en funcionamiento la Jefatura Provincial de Policía en el
número 43 de la Via Laietana, en pleno centro de la ciudad de Barcelona.
Después de su constitución, la Generalitat de Catalunya emplazó allí la
Comissaria General d'Ordre Públic. Posteriormente, después de la
ocupación de la ciudad por el ejército rebelde el 26 de enero de 1939,
fue transformada en cuartel de la Brigada Especial de Información hasta
el año 1941, momento en el que el Nuevo Estado franquista instaló la
Jefatura Superior de Policía. A partir de aquel momento, alojó la sede de
la Brigada Político-Social, encargada de perseguir a la disidencia
política. Actualmente se ubica en este inmueble la Jefatura superior de
policía de Barcelona, dependiente del Ministerio del Interior de España.
Via Laietana 43 tiene un significado especial por haber sido un escenario
de persecución política desde su creación el 1929 durante la dictadura de
Primo de Rivera, especialmente contra las personas luchadoras
antifranquistas, durante la larga dictadura de Franco, y contra el
movimiento independentista más recientemente.
En este edificio se cometieron delitos de lesa humanidad, con detenciones
arbitrarias por causas principalmente políticas, pero también por motivos
de la orientación sexual, identidad de género, la militancia sindical, la
vecinal, discriminación étnico-racial o por su compromiso con la lengua y
la cultura catalana. Es decir, una práctica sistemática de maltratos y
torturas, con total impunidad y vulneración de los derechos
fundamentales, por parte de los miembros de la VI Brigada Regional de
Información Social, conocida como «brigada político-social».
Desde hace más de dos décadas las asociaciones memorialistas catalanas y
de personas represaliadas han estado reclamando la conversión de la
Prefectura en un centro de memoria. La reivindicación ha tenido el apoyo
de amplias mayorías, tanto al pleno del Ayuntamiento de Barcelona y el
Parlament de Catalunya, como en el Congreso de los Diputados, donde el 14
de junio del 2017 se aprobó en la Comisión de Interior la propuesta no de
Ley 161/000914 para la creación de un «museo-centro memorial, documental
y archivístico de la represión franquista en Catalunya» para convertir el
inmueble en un centro de memoria y documentación para dar a conocer la
tortura allí practicada como herramienta de represión política. En la
actualidad, el Congreso y el Senado han aprobado la Ley de Memoria
democrática que ha entrado en vigor el 20 de octubre, la cual dedica una
sección completa a los lugares de memoria para señalar su «función
conmemorativa, de homenaje y didáctica reparadora».
Varios organismos internacionales han instado el Estado Español a
garantizar el derecho a la verdad y la reparación de las víctimas, por
medio de la resignificación de los espacios de tortura en espacios de
memoria, como recoge el informe del relator de verdad, Justicia,
Reparación y garantías de no repetición del Consejo de Derechos humanos
de las NNUU Pablo de Greiff, de 22 de julio de 2014.
Por ende, la propuesta se enmarca en actuaciones llevadas a cabo en otros
países, que han culminado con la conversión de lugares de detención y
tortura en centros
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abiertos al público, con voluntad de garantizar la memoria, la reparación
y la no repetición.
