Enmienda núm. 75

documental ante la Autoridad del cumplimiento de su resolución. Motivadamente, en razón de la complejidad de su cumplimiento, se podrá solicitar un plazo adicional de 30 días hábiles. La interposición de demanda contra la resolución vinculante sólo suspenderá la obligación de la entidad financiera a que se refiere el párrafo anterior en la forma y términos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Civil para las medidas cautelares. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, el incumplimiento de la resolución vinculante conllevará la aplicación del régimen sancionador al que se refiere el Título VII de esta ley. Contra la resolución de imposición de sanción cabrá recurso administrativo de reposición y será recurrible ante la jurisdicción contencioso-administrativa. JUSTIFICACIÓN La estructura procesal española otorga diversas consecuencias procesales a la cuantía del litigio. En la medida en que el Proyecto prevé la emanación de resoluciones vinculantes por parte de la Autoridad, y a ella pueden ir asociadas sanciones de importe considerable, parece razonable aproximar determinadas garantías que ya existen en el proceso civil. Entre ellas, el reciente Proyecto de Ley de medidas de eficiencia procesal del servicio público de Justicia, cuya tramitación está a punto de concluir, en su artículo 6, apartado 2 establece que 'Únicamente será preceptiva la asistencia letrada a las partes cuando se utilice como medio adecuado de solución de controversias la formulación de una oferta vinculante, excepto cuando la cuantía del asunto controvertido no supere los 2.000 euros o bien cuando una ley sectorial no exija la intervención de letrado o letrada para la realización o aceptación de la oferta'. Se considera razonable tomar esta misma cuantía como referencia, reduciendo, de 20.000 a 2.000 euros, el umbral para que la resolución de la Autoridad revista la condición de vinculante en atención a la cuantía del litigio. Así mismo tanto en el caso de reclamaciones en el ámbito de seguros como en el caso de reclamaciones colectivas que afecten a más de diez clientes, se considera que este margen debe ser más elevado y abarcar todas las reclamaciones inferiores a 20.000 euros y 50.000 euros respectivamente.