Enmienda núm. 43

Esta enmienda busca corregir una situación injusta que afecta a las pequeñas empresas distribuidoras de energía eléctrica —aquellas con menos de 100.000 clientes—, permitiéndoles solicitar la revisión de la vida residual promedio de sus instalaciones a fecha de 31 de diciembre de 2014. Esta vida residual, que determina el valor regulatorio no amortizado de sus activos, es clave para calcular su retribución. El método contable impuesto por la Orden IET/980/2016 ha supuesto una infravaloración de esta vida residual, lo que ha reducido significativamente los ingresos de estas empresas, dificultando su capacidad de inversión y sostenibilidad. Esta corrección es una cuestión de justicia económica, territorial y energética. Las pequeñas distribuidoras son esenciales para garantizar el acceso a la energía en zonas rurales y despobladas, donde el mercado no asegura, por sí solo, la prestación del servicio. Proteger su viabilidad es garantizar la equidad territorial, fortalecer la economía local y permitir que estos territorios participen en condiciones de igualdad en la transición energética. Sin esta medida, se consolida un modelo injusto que favorece a los grandes operadores y deja atrás a quienes más lo necesitan. El impacto económico de esta propuesta es muy reducido —un incremento del 0,25 % en los costes totales del sistema eléctrico—, pero su beneficio social es enorme. Permitir una retribución justa a estas empresas significa democratizar el modelo energético, fomentar la inversión local y avanzar hacia un sistema más plural y descentralizado. En definitiva, esta enmienda refuerza un modelo de transición energética justa, donde todos los territorios y actores puedan contribuir y beneficiarse por igual.