El mantenimiento y promoción de la actividad de cogeneración es clave para
la economía industrial y las exportaciones, así como para la eficiencia
energética, la reducción de las emisiones de CO2 y la seguridad de
suministro. Más de 600 fábricas de sectores industriales calorintensivas
—alimentación, química, papel, cerámica, refino, automóvil, etc.—
distribuidas por todo el territorio nacional emplean la cogeneración para
fabricar el 20 % del PIB industrial y mantienen 200.000 empleos directos.
La cogeneración no es solo una tecnología energética, es una
infraestructura industrial estratégica que refuerza el país.
La promulgación del nuevo marco a la inversión en cogeneración mediante
subastas se ha visto retrasado cuatro años desde su anuncio, estando
prevista su promulgación en 2026. Ello ha originado que unas 250 plantas
en operación —1.500 MW— han parado al agotar su vida útil retributiva sin
que llegara el marco para su renovación y poder realizar un nuevo ciclo
de inversiones a través de las subastas, acarreando una grave pérdida de
competitividad, así como de eficiencia energética e incremento de las
emisiones de CO2 asociadas a industrias clave repartidas por todo el
país. También la cogeneración realiza aportaciones esenciales a la
seguridad de suministro al ser una tecnología síncrona, y distribuida que
aporta control de tensión y frecuencia reforzando la operación de la red
eléctrica.
España ha perdido el 50 % de su cogeneración industrial desde 2019,
pasando de representar el 12 % de la electricidad nacional a apenas el 6
%. La mitad de las plantas están hoy paradas en espera de la promulgación
del marco de inversión mediante subastas.
La situación de la cogeneración se ha agravado en 2026 por la guerra de
Irán, con una caída adicional del -37 % de la producción de la
cogeneración en el primer trimestre, debida al incremento y volatilidad
de los precios energéticos de los combustibles
Entre 2026 y 2031 finalizarán su vida retributiva más de 100 instalaciones
en operación con 1.000 MW. El tiempo requerido para acometer las
inversiones resultantes de las subastas requerirá de 5 años aprox., en un
contexto sin precedentes de excepcional demanda mundial de equipos de
cogeneración —motores y turbinas— para centros de datos, también en el
sector de la aviación, naval y defensa, que ha alargado los plazos de
suministro.
Por ello resulta imprescindible ampliar transitoriamente hasta el año 2031
la retribución a la operación de las plantas existentes que han agotado y
agotarán su vida útil para que puedan completar las inversiones asociadas
a las subastas funcionando de manera competitiva con continuidad en las
industrias, para evitar el escenario de que al menos 2 de cada 3
cogeneraciones en España estarán paradas en 2031 si no se toman medidas
de respuesta para hacer una transición con las industrias cogeneradoras.
Adicionalmente, el citado retraso ha originado también que las plantas de
tratamiento de residuos (purines de cerdo) con cogeneración que han
venido acabando su vida útil
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regulatoria desde 2024 no hayan podido realizar un nuevo ciclo de
inversiones a través de subastas, no pudiendo garantizar su aportación
ambiental y sufriendo una clara pérdida de competitividad del sector, así
como de eficiencia energética e incremento de las emisiones en las
granjas asociadas a industrias agroalimentarias claves repartidas por
todo el país.
La misma situación de agotamiento de la vida útil regulada ocurrirá a
partir de 2027 para las plantas de tratamiento de lodos de aceite de
oliva,-que son imprescindibles para el sector del olivar que emplea a mas
de 350.000 agricultores y 15.000 empleos en su industria asociada- y que
a través del sector orujero realizan un gran trabajo medioambiental que
permite valorizar todo el subproducto que se genera durante la producción
del aceite de oliva.
También la labor medioambiental que realizan otras plantas de valorización
de subproductos y residuos adscritas al grupo c) se pone en riesgo con el
fin de su vida regulatoria. En particular, las plantas de generación de
electricidad mediante la valorización de residuos cumplen un papel clave
en la economía circular, ya que permiten aprovechar la fracción no
reciclable de los residuos como recurso energético, evitando así que
estos terminen acumulándose en vertederos. Esta función no solo
contribuye a la producción de energía, sino que también reduce las
emisiones de gases de efecto invernadero derivadas de la descomposición
de residuos y minimiza la presión sobre los sistemas de gestión
tradicionales, como el vertedero.
La presente medida transitoria es la única solución eficaz para resolver
el problema y supone replicar la que ya fue adoptada en la Disposición
Transitoria Tercera en el Real Decreto-ley 20/2018, extendiéndola a las
instalaciones que posteriormente al 2021 han acabado su vida su útil
regulatoria. La medida tiene la garantía de contar con todos los resortes
y mecanismos para asegurar que la retribución es adecuada y, en ningún
caso, superior a lo que exigen las necesidades de funcionamiento
transitorio de las plantas.
Ante la próxima finalización de la vida útil regulatoria de una importante
parte del parque de cogeneración actualmente en funcionamiento, resulta
necesario y urgente establecer una habilitación que permita extender su
vida útil, de manera que dicha capacidad siga operativa.
La disposición adicional propuesta con necesario rango de ley, incorpora
un régimen transitorio para determinadas instalaciones de cogeneración de
alta eficiencia y de tratamiento y valorización de residuos que hayan
agotado su vida útil regulatoria con posterioridad al 1 de enero de 2021,
permitiéndoles percibir de nuevo el término de retribución a la operación
correspondiente a su instalación tipo que se extinguirá cuando se haga la
asignación de un nuevo régimen retributivo mediante subastas para estas
tecnologías, teniendo derecho a la percepción de la retribución a la
operación hasta el año 2031, lo cual está alineado con el calendario de
subastas de cogeneración previstas del 2026 al 2028 y con los plazos
estimados para su puesta en marcha.
Esta medida persigue evitar cierres irreversibles, facilitar la
participación de dichas instalaciones en las futuras subastas y
posibilitar inversiones de modernización y descarbonización, manteniendo
al mismo tiempo su aportación a la seguridad de suministro y a la gestión
eficiente de residuos.
En suma, la medida responde a la necesidad de reactivar y modernizar la
cogeneración de alta eficiencia en España, reforzar la seguridad jurídica
y la confianza empresarial para que las industrias puedan planificar su
participación, alineando su marco jurídico con las exigencias y
oportunidades de la normativa europea, reforzando su contribución a la
competitividad industrial, a la eficiencia energética, a la
descarbonización y a la economía circular, y garantizando al mismo tiempo
la eficiencia económico¿financiera del sistema eléctrico. Con ello se
pretende preservar y dinamizar un tejido industrial intensivo en empleo y
valor añadido, asegurando que la transición energética se lleve a cabo de
forma ordenada, justa y compatible con el desarrollo de la industria
española en un momento especialmente sensible por la crisis energética
derivada del conflicto en Irán.
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