La electricidad en un servicio esencial y no es sustituible, por lo que
todas las viviendas y ciudadanos son consumidores de ella y cada vez más
un número creciente de empresas que quieren descarbonizarse y
beneficiarse de la seguridad, los precios y la estabilidad que les ofrece
esta energía autóctona. Es objeto de esta ley trasponer la Directiva
reformada del EU ETS y el CBAM para seguir incentivando la
descarbonización y reducir la dependencia la energética pero desde una
óptica que mantenga la competitividad industrial. Esto pasa
inexorablemente por unos precios finales para los
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consumidores eléctricos transparentes, competitivos y estables. En este
sentido, una mayor transparencia que debe también darse sobre un nuevo
sobrecoste para la sociedad que desde el 30 de abril se están produciendo
en el sector eléctrico.
Este sobrecoste ha generado una gran preocupación en los consumidores.
Muestra de ello es el Observatorio del Coste de los Servicios de
Operación, que han creado la Asociación de Empresas con Gran Consumo de
Energía (AEGE), la Alianza por la Competitividad de la Industria Española
y la Confederación de Consumidores (CONSUMES) junto con la Asociación de
Empresas de Energía Eléctrica (AELEC), la Asociación de Comercializadores
de Energía Eléctrica (ACENEL) y la Asociación de Comercializadores
Independientes de Energía (ACIE), que actualiza quincenalmente. Y la
primera medida que exige tras la evidencia de cómo les impacta la
operación reforzada es trasparencia y desglose de los costes de operación
del sistema. Para eso consideran «imprescindible que la CNMC refuerce la
fiscalización de estos costes, especialmente los de la operación
reforzada cuya eliminación generaríaimportantes ahorros a los
consumidores, aliviando de forma directa los costesde producción
industrial y liberando capacidad para un uso más eficiente de las
renovables. Asimismo, es necesario que se garantice la publicación de
información detallada, periódica y accesible sobre todos estos costes,
incluyendo un plan de acción que ponga fecha de fin al uso del modo
deoperación reforzada».
Y en el punto dos piden «Soluciones regulatorias para la financiación de
estos servicios Se propone evaluar soluciones regulatorias que permitan
asegurar una recuperación más estable vía costes regulados del sistema
eléctrico de manera que se mantenga la financiación de los servicios
necesarios, pero sin penalizar a la industria, logrando un equilibrio
entre estabilidad de suministro y competitividad industrial».
La presente disposición adicional tiene por objeto dotar de mayor
estabilidad, previsibilidad y transparencia al tratamiento de los costes
asociados a la resolución de restricciones técnicas del sistema
eléctrico. El modelo vigente se caracteriza por una elevada volatilidad y
nula capacidad de anticipación para la industria y demás consumidores y
agentes, al trasladarse estos costes de forma directa y variable en
función de su evolución en el corto plazo. Mediante la introducción de un
cargo unitario expresado en /MWh, fijado con carácter anual a partir de
previsiones de costes y demanda, se persigue terminar con dicha
volatilidad y facilitar una señal económica más estable y conocida en el
momento de decisión de compra para consumidores y comercializadores,
favoreciendo la planificación y reduciendo la incertidumbre.
Asimismo, el mecanismo incorpora una lógica de equilibrio económico a
medio plazo, al integrar en el cálculo anual tanto las estimaciones del
ejercicio como los desvíos acumulados de años anteriores, evitando la
generación de déficits o superávits estructurales. La posibilidad de
revisión trimestral, condicionada a la superación de un umbral del 5 % de
desviación, permite mantener la suficiencia de ingresos sin comprometer
la estabilidad del cargo, introduciendo un balance adecuado entre
flexibilidad y certidumbre regulatoria. Este diseño mejora la eficiencia
en la recuperación de costes del sistema al tiempo que minimiza ajustes
frecuentes y disruptivos.
Por último, la atribución a la CNMC de las funciones de gestión,
recaudación y supervisión, junto con la transferencia mensual de los
ingresos al Operador del Sistema para su liquidación entre los agentes
prestadores de los servicios, refuerza la claridad institucional y la
coherencia con el reparto actual de competencias. Este esquema garantiza
un flujo económico ordenado y transparente, alineado con los principios
de objetividad, no discriminación y suficiencia económica, contribuyendo
a una mejor gobernanza de los costes de operación del sistema eléctrico y
al fortalecimiento de la confianza de los agentes en el marco
regulatorio.
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