Enmienda núm. 19

Propuesta registrada por

Grupo Parlamentario Junts per Catalunya

Artículo segundo. Modificación de la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de inserción. Seis. Artículo 5.

Texto que se propone

Redacción normativa presentada para su debate

Seis. Se modifica el artículo 5, que queda redactado de la siguiente forma: «Artículo 5. Requisitos de las empresas de inserción. Podrán obtener la calificación de 'empresa de inserción' aquellas entidades que cumplan los siguientes requisitos: a) Estar promovidas y participadas por una o varias entidades promotoras a las que se refiere el artículo siguiente. Esta participación será al menos de un cincuenta y uno por ciento del 100 % del capital social para las sociedades mercantiles. En el caso de sociedades cooperativas y sociedades laborales, dicha participación deberá situarse en los límites máximos recogidos en las diferentes legislaciones que les sea de aplicación a las personas socias colaboradoras o asociadas. b) Encontrarse inscritas en el registro correspondiente a su forma jurídica, así como en el registro administrativo de empresas de inserción competente. c) Mantener en cómputo anual, desde su calificación, un porcentaje de personas trabajadoras en proceso de inserción, cualquiera que sea la modalidad de contratación de, al menos, el treinta por ciento durante los primeros tres años de actividad y, como mínimo, del cincuenta por ciento del total de la plantilla de la empresa de inserción, a partir del cuarto año, no pudiendo ser el número de aquellos inferior a dos. A efectos de determinar las ratios indicadas, se excluirá del cómputo el personal técnico de acompañamiento, así como las personas con contrato de sustitución de las personas trabajadoras en proceso de inserción. Tampoco computarán las personas trabajadoras subrogadas como consecuencia de un procedimiento de licitación pública previsto en el artículo 130 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. d) No realizar actividades económicas distintas a las de su objeto o finalidad estatutaria. e) Obligarse en sus estatutos a reinvertir el noventa y cinco cien por cien de los resultados de los excedentes disponibles a la mejora o ampliación de sus estructuras productivas y de inserción, y/o a incrementar los fondos propios de la empresa de inserción, no debiendo producirse, en ningún caso, reparto de beneficios. f) Presentar anualmente un balance social de la actividad de la empresa que incluya la memoria económica y social, el grado de inserción en el mercado laboral ordinario y la composición de la plantilla, con datos desagregados por sexo, la información sobre las tareas de inserción realizadas y las previsiones para el próximo ejercicio. Este balance será depositado en el registro administrativo de empresas de inserción competente. g) Contar con los medios humanos y materiales necesarios para cumplir con los compromisos derivados de los itinerarios de inserción sociolaboral, bien sean propios o pertenezcan a sus entidades promotoras. h) Contar con servicios de intervención o acompañamiento que faciliten la incorporación al mercado de trabajo ordinario de las personas trabajadoras expuestas a factores de vulnerabilidad y/o exclusión social o incluidas en alguno de los colectivos a los que se refiere el artículo 2.»

Justificación y Motivación

Fundamentos políticos y jurídicos alegados por el proponente

En relación con la propuesta planteada al apartado a), su objetivo reside en evitar el intrusismo de entidades promotoras con ánimo de lucro, que tienen por finalidad, únicamente, acceder a ayudas públicas y a contratos reservados. El artículo 11.2 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, permite que la normativa reguladora de acceso a una actividad de Servicios de Interés Económico General (SIEG) —como es el prestado por las empresas de inserción— supedite dicho acceso a requisitos que obliguen al prestador de este tipo de servicios a constituirse como entidad sin ánimo de lucro, siempre que dicha restricción esté justificada por una razón de interés general y sea proporcionada, condiciones que cumple la exigencia de que la participación de las entidades promotoras sea del cien por cien del capital social. La propuesta planteada en el apartado e) La presente enmienda es coherente con la consideración de las empresas de inserción como entidades sin fines lucrativos y pretende recoger la misma exigencia prevista en la D.A. 1.ª de la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas, que exige para que las sociedades cooperativas «que realicen actividades económicas que conduzcan a la integración laboral de las personas que sufran cualquier clase de exclusión social» sean calificadas como entidades sin ánimo de lucro, recojan en sus estatutos expresamente «que los resultados positivos que se produzcan en un ejercicio económico no podrán ser distribuidos entre sus socios». Tal exigencia es coherente y consecuente con el fin social que han de perseguir: la inserción social de las personas en situación de vulnerabilidad, y no la obtención de beneficios económicos. Además, las empresas sin ánimo de lucro están sometidas a un mayor control y transparencia, ya que deben justificar el uso de las ayudas públicas, y demostrar que su actividad contribuye al bien común. Esta transparencia y rendición de cuentas es especialmente importante, ya que su actividad tiene un claro componente social. De otro lado, las razones que avalan la exigencia de reinvertir el cien por cien de los resultados excedentes disponibles son la sostenibilidad económica de las empresas de inserción, la mejora de la calidad de los servicios que prestan, la creación de más puestos de trabajo destinados a las personas en inserción y el aumento su impacto social.

Firmante registrado: Grupo Parlamentario Junts per Catalunya